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La propuesta de López Obrador para suprimir los organismos autónomos genera un debate sobre su relevancia: ¿Árbitros imparciales o centros de poder?

“No sirven para nada, no le sirven al pueblo y tienen que desaparecer”. El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dicho nada nuevo sobre lo expresado poco después de llegar al poder en 2019 sobre los Organismos Constitucionales Autónomos, llamados por sus siglas, OCA. Pero a pocos meses de abandonar el poder, el asunto se antoja inminente y con un cargado matiz electoral que arranca lecturas contrarias. Unos creen que responde a su legítimo modo de entender una administración pública democrática y otros opinan que detrás de ello no hay más que intereses con los que negociar apoyos para ganar las elecciones de junio de 2024. En estos días vuelven a ocupar la discusión pública organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Federal de la Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía o el Instituto Nacional Electoral, entre los más mencionados. “Hay muchos”, dice con displicencia el presidente, “todo un aparato paralelo al Gobierno que crearon para tener el control de las decisiones del poder público. Tienen que desaparecer”.

Cuando el panista Vicente Fox rompe con su victoria en las presidenciales la cadena de mando del priismo, al inicio de este siglo, se inicia en México lo que consideraron una transición. En este magma político comienzan a surgir estos organismos a los que se pretendió dotar de autonomía e independencia consagrada en la Constitución para alejar al poder político de intereses comunes a todos los mexicanos. Dos décadas después, una cosa no consiguieron: que el pueblo entendiera del todo el posible beneficio de estos institutos que hoy el presidente tilda de “supuestamente autónomos”, “supuestamente independientes”. Y esa es una de las razones por la que no se está llevando a cabo un riguroso debate sobre la importancia o insignificancia de su razón de ser. La analista política Vanessa Romero Rocha considera, además, que estos organismos no rinden cuentas, y si las rindieran, la ciudadanía entendería poco o nada. “Por tanto, se simplifica el debate de si sirven o no y para qué, el presidente solo señala que deben desaparecer y los demás le contestan que es un autoritario. Pero ¿quiénes los integran, cuánto nos cuestan?”.

Romero Rocha opina que habría que examinar uno por uno. Sería peligroso, dice, que desapareciera el INE, por ejemplo, pero cree que el Instituto Nacional de la Transparencia, por ejemplo, podría perfectamente sustituirse “por las dependencias gubernamentales que ya hacen esa función y que son de las mejores del mundo”. “Hemos caído en el fetichismo de la autonomía, un sistema que creíamos perfecto, cuando en realidad no responden de su quehacer antes la sociedad. Se han convertido en cotos de poder adicionales, son caros y no representan a nadie. Están formados por cuadros tan técnicos que no entendemos las reglas que establecen. De ese modo es bien fácil que sean cooptados por grupos de poder, si no políticos, sí económicos”.

Edna Jaime, decana de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno del TEC de Monterrey, coincide en que el debate debería centrarse en cómo fortalecer estos organismos para que no sean el rancho de ningún poder, ni económico ni político y propone que la actual campaña electoral aborde este asunto, “crucial, porque se trata de la democratización del Estado”. “Es cierto que siempre ha existido un interés por capturarlos y quizá en este momento no están consolidados del todo, estábamos en ese proceso”. Cree que deben ser evaluados con detalle, “aunque no sea el mejor momento porque están muy debilitados”, pero se muestra contraria a defenderlos a ultranza sin un planteamiento previo que defina el mandato que están ejerciendo y cómo lo hacen”. A pesar de ello, considera que la drástica postura del presidente del Gobierno en este asunto “está anclada en una visión autoritaria propia del priismo del pasado. El presidente choca con esos límites”, dice Jaime, que son la razón de ser de estos organismos, “contrapesos al poder político”. Coincide con Romero Rocha en que los ciudadanos no acaban de ver para qué sirven. “Sí, ven que les bajan los precios en algunos productos, pero no tienen en mente la cadena que les lleva hasta la Comisión Federal de la Competencia que ha obligado a que eso ocurra, nunca les explicaron bien sobre ellos”, dice. En ese caldo de cultivo es fácil vender ambos discursos, tanto el del presidente de que son caros y no sirven, como el de quienes los defienden argumentando apenas que destruirlos menoscabaría la democracia.

La insistencia en la desaparición de estos institutos autónomos no le sorprende a Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, porque ya se lo escuchó al presidente tiempo atrás. Lo que sí le sorprende, dice con ironía, es por qué el presidente no pone el acento en la desaparición de la Fiscalía General del Estado, “cuyo responsable lo nombró él”, o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “cuya responsable nombró él”. “Esta última cuesta 1.700 millones de pesos, pero pone el dedo en el Instituto de Transparencia, que solo cuesta 1.000″, afirma. A Bohórquez, en pleno proceso de campaña electoral, cree que la clave está en la Cofece, la Comisión Federal de la Competencia, porque cree que detrás de esta desaparición de un organismo que se ocupa de que no haya monopolios se oculta “un pacto con el sector privado. Hay a quien le gustan los monopolios, ¿verdad?”. “La Cofece, añade, “es una piedra en el zapato para cierta parte del sector empresarial y la mejor manera de esconder algo es hacerlo a plena luz, de tal forma que se centra en el Instituto de Transparencia, que es adonde se va la opinión pública”, critica.

Bohórquez pone un ejemplo: la aspiración gubernamental desde un principio en que no hubiera una empresa que monopolizara la distribución de los medicamentos, “un monopolio que había que disolver, pero vean las vueltas que se han dado y no hemos acabado con él”. Opina que todo este asunto “no es casualidad: en toda campaña electoral, si el grupo en el poder tiene algo que quitar o poner tendrá que negociar con diversos actores”. De ahí la ganancia para el poder político que sugiere Bohórquez.

La analista Romero Rocha, sin embargo, ve una auténtica ideología política en esta pulsión de López Obrador por reestructurar la Administración y estos órganos públicos “que replican el esquema de los bancos centrales de todo el mundo, supuestamente autónomos, para liberarlos de injerencias políticas, con supuestos cuadros técnicos y expertos independientes, pero en realidad son tecnocracias puras que, a juicio del presidente entran en conflicto con la democracia del pueblo. Su obsesión es que estas funciones tan relevantes para el Estado se dejen en manos de tan poquitos y opina que si no es mayoritario no sirve. No está tan equivocado en que los partidos empezaron a meter en estos organismos a actores en la medida en que iban abandonando la política activa, fingían democracia y ser árbitros imparciales, pero son un claro coto de poder. No son una minoría técnica que protege a la mayoría, ha sido casi al revés”, sostiene Romero Rocha.

Salen caros, dice López Obrador. Pero quizá a él también le salga cara la jugada, tan anclado como está el debate en una simplificación sin abundar en el fondo. “Sí, puede salirle caro”, dice la analista, “pero creo que está utilizando el gran capital político que tiene para echarse él los tiros, pensando que su posible sustituta en el Gobierno, Claudia Shienbaum, no lo va a tener tan fácil”. “El problema es que el debate está cooptado por los grandes medios y los partidos políticos”, añade.

“Seguro que falta análisis en todo esto”, conviene con ella Bohórquez, “y tenemos que seguir siendo críticos, pero no queremos que desaparezcan estos organismos sin una discusión profunda”.