El Gobierno lo vuelve a intentar con la Guardia Nacional, la corporación de seguridad nacida a inicios del sexenio, envuelta en la polémica desde entonces a cuentas de su adscripción y naturaleza, civil o militar. En el amplio paquete de reformas que ha mandado este lunes al Congreso, el Ejecutivo ha incluido un ramillete de cambios que colocan de nuevo a la Guardia bajo el paraguas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), brazo administrativo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, dirigida por militares.
La reforma trata de rescatar una vieja aspiración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desechada a mediados del año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En abril, la mayoría de los ministros declaraba inconstitucional una serie de modificaciones legislativas del año anterior, que transfería precisamente el control de la Guardia Nacional al Ejército. Con su decisión la Corte obligaba al Gobierno a que transfiriera de nuevo el control de la corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
Para López Obrador, la adscripción de la Guardia a la Sedena es clave para el éxito de la corporación, como ha explicado varias veces estos años. Ya en 2019, su recién estrenado Gobierno intentó que la Constitución reflejara su deseo, pero el peso insuficiente de Morena y sus aliados en el Congreso lo hizo imposible. Incapaz de conseguir apoyos para reformar la Carta Magna, la bancada oficialista encontró atajos que requerían mayorías menores. Pero los atajos acabaron en la mesa de la SCJN, que acabó por ponerles candado.
La situación no ha cambiado. Morena carece de una mayoría suficiente para aprobar una reforma así, pero López Obrador aspira a que su partido y sus satélites, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, principalmente, amplíen sus apoyos en las elecciones de junio. De ser así, el Gobierno lograría cerrar el círculo cinco años después, cuando la estabilidad y la certeza se antojan imprescindibles, dada la crisis de violencia que el país vive desde hace más de 15 años.
La reforma se organiza a partir de 11 ejes, de los que destacan las modificaciones al artículo 21 de la Constitución, que señala que es la SSyPC la encargada de la seguridad pública en el país. Así, los cambios señalan que la Guardia Nacional es “una fuerza armada con la función esencial de apoyo a la seguridad pública, de carácter permanente, de origen y formación castrense, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Las modificaciones al artículo 21 apuntan también las capacidades de la Guardia Nacional en materia de “investigación de los delitos, bajo el mando y conducción del Ministerio Público”. De aprobarse, sería interesante ver el alcance de este punto en el nuevo Gobierno, dirigido presumiblemente por Claudia Sheinbaum, delfín de López Obrador, líder en todas las encuestas. Durante su Gobierno en Ciudad de México estos años, Sheinbaum dio capacidades de investigación a la policía de la capital, mancuerna que ha posibilitado un descenso en los índices de los delitos de alto impacto, principalmente los asesinatos, uno de los grandes problemas del país.
El texto de la iniciativa de reforma hace énfasis varias veces en el carácter dual de la Guardia y sus integrantes: “Obedecen a una disciplina que, en cuanto a su formación, es militar, pero en cuanto a su acción, es policial”. Igualmente, matiza que su adscripción a la Sedena no significa que esté bajo el paraguas del Ejército. “Debe destacarse que la Secretaría, si bien está a cargo del Ejército y la Fuerza Aérea, también es una dependencia de la Administración Pública Federal, que bien puede hacerse cargo de la administración y control operativo de la Guardia Nacional, dado que, por las funciones que esta desempeña, se requiere de un sistema administrativo y operativo similar al del ejército”, defiende el texto.
De la misma manera, el texto trata de hacer valer la experiencia de la corporación estos años. “En el período que lleva operando la Guardia Nacional, el valor, profesionalismo, disciplina, vocación de servicio, integridad y espíritu de cuerpo, provenientes de la formación militar de sus integrantes, han sido fundamentales para el cumplimiento de sus fines constitucionales”, señala.