La Administración de Andrés Manuel López Obrador ha abierto la llave de recursos para culminar sus obras emblema y cubrir sus programas sociales. De enero a marzo de este año, el Gobierno gastó 2,3 billones de pesos, un incremento del 19% respecto al mismo periodo del año previo, mientras que los ingresos durante este lapso fueron de 1,8 billones de pesos.
El desequilibrio entre egresos y entradas de dinero ha derivado en un déficit trimestral inédito de 452.370 millones de pesos, el mayor desbalance para un primer trimestre desde 2001, año al que se tienen cifras publicadas por la Secretaría de Hacienda.
Jesús Carrillo, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) explica que, en este primer tramo del año, Hacienda destinó 50.4000 millones de pesos más a infraestructura y 206.100 millones más a más recursos a las obras de infraestructura. El analista advierte del incremento del 61% de los subsidios y transferencias del Gobierno en los primeros tres meses del año, al pasar de 301.200 millones de pesos entre enero y marzo de 2023 a 507.300 millones de pesos en el mismo periodo de 2024, un alza pronunciada debido, en parte, a la entrega adelantada de programas sociales y ayudas por la veda electoral.
Por el lado de ingresos, en el primer trimestre de 2024, el sector público obtuvo ingresos por 1,87 billones de pesos. Este monto es 2,4% mayor, en términos reales, al observado en el mismo trimestre de 2023. El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) tuvo un incremento real de 66%: pasó de 90.900 millones de pesos a 158.100 millones de pesos entre el primer trimestre de 2023 e igual lapso de 2024.
Este crecimiento se atribuye al IEPS gasolinas y diésel debido a la reducción de los estímulos fiscales aplicables a los combustibles automotrices. En contraste, los ingresos petroleros, entre enero y marzo, reportaron un descenso del 61%. Esta caída se explica por una menor tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) y otros estímulos fiscales a Pemex relacionados con el pago de este derecho.
Carrillo advierte que el faltante de ingresos del Gobierno federal deberá asumirse con deuda, una deuda cuyo costo financiero será alto debido al entorno de tasas altas. “El déficit se tiene que cubrir con deuda y pagar la deuda en una época de tasas altas es más difícil y si vas a gastar más dinero en un mayor gasto financiero, entonces, no vas a poder destinarlo a otras áreas como salud o educación”, detalla. A marzo de 2024, el saldo de la deuda bruta del sector público federal ascendió a 15,93 billones de pesos. En los próximos cinco años, la Administración en turno deberá pagar 6,48 billones de pesos solo en obligaciones financieras.
A pesar de las preocupaciones de analistas y opositores, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ha defendido en reiteradas ocasiones que el déficit calculado en 5,9% para este año —el mayor de las últimas tres décadas—será un desbalance puntual, que se recortará a la mitad en 2025 porque ya no habrá gastos extraordinarios como si se han tenido en 2024.
Carrillo prevé que, en aras de lograr esta disminución, el próximo Gobierno tendrá que castigar la inversión pública y sin inversión pública hay un elevado riesgo de limitar el crecimiento económico. “Mientras más compromisos se adquieren de manera obligatoria, más difícil resulta gastar en otras cosas. Ahí la infraestructura es la que va a tener más dificultades para desarrollarse. A mi parecer, este nivel de déficit sí es una papa caliente para la próxima Administración”, zanja.
