La Unión Europea llegó el sábado a un acuerdo sobre una normativa histórica que obligará a Facebook, YouTube y otros servicios de Internet a combatir la desinformación, a revelar cómo sus servicios amplifican los contenidos divisivos y a dejar de dirigir los anuncios en línea en función de la etnia, la religión o la orientación sexual de las personas.
La ley, denominada Ley de Servicios Digitales, pretende hacer frente a los daños sociales de las redes sociales exigiendo a las empresas que vigilen de forma más agresiva sus plataformas en busca de contenidos ilícitos o se arriesguen a recibir multas de miles de millones de dólares. Las empresas tecnológicas se verán obligadas a establecer nuevas políticas y procedimientos para eliminar la incitación al odio, la propaganda terrorista y otros materiales definidos como ilegales por los países de la Unión Europea.
La ley pretende poner fin a una era de autorregulación en la que las empresas tecnológicas establecían sus propias políticas sobre los contenidos que podían permanecer o ser retirados. Se distingue de otros intentos de regulación por abordar la expresión en línea, un área que está en gran medida fuera de los límites en los Estados Unidos debido a las protecciones de la Primera Enmienda. Google, propietaria de YouTube, y Meta, propietaria de Facebook e Instagram, se enfrentarían a auditorías anuales para detectar “riesgos sistémicos” relacionados con sus negocios, mientras que Amazon se enfrentaría a nuevas normas para frenar la venta de productos ilegales.
La Ley de Servicios Digitales forma parte de un doble golpe de la Unión Europea para hacer frente a los efectos sociales y económicos de los gigantes tecnológicos. El mes pasado, el bloque de los 27 acordó otra ley de gran alcance, la Ley de Mercados Digitales, para contrarrestar lo que los reguladores consideran un comportamiento anticompetitivo de las mayores empresas tecnológicas, incluido su control sobre las tiendas de aplicaciones, la publicidad en línea y las compras por Internet.
En conjunto, las nuevas leyes ponen de manifiesto que Europa está marcando la pauta de la regulación tecnológica a nivel mundial. Frustrados por el comportamiento anticompetitivo, el efecto de las redes sociales en las elecciones y los modelos de negocio que invaden la privacidad, los funcionarios pasaron más de un año negociando políticas que les dan nuevos y amplios poderes para tomar medidas contra los gigantes tecnológicos que valen billones de dólares y que son utilizados por miles de millones de personas para la comunicación, el entretenimiento, los pagos y las noticias.
“Esto será un modelo”, afirmó Alexandra Geese, diputada del Partido Verde en el Parlamento Europeo por Alemania, sobre la nueva ley. Geese, que ayudó a redactar la Ley de Servicios Digitales, afirmó que ya había hablado con legisladores de Japón, India y otros países sobre la legislación.
Los legisladores europeos llegaron a un acuerdo en Bruselas a primera hora del sábado tras 16 horas de negociaciones.
“Las plataformas deben ser transparentes en cuanto a sus decisiones de moderación de contenidos, impedir que la desinformación peligrosa se haga viral y evitar que se ofrezcan productos inseguros en los mercados”, afirmó Margrethe Vestager, que ha encabezado gran parte del trabajo del bloque para regular la industria tecnológica como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea.
Estas medidas contrastan con la falta de acción en Estados Unidos. Aunque los reguladores estadounidenses han presentado casos antimonopolio contra Google y Meta, no se han aprobado leyes federales exhaustivas que aborden el poder de las empresas tecnológicas.
Sin embargo, aunque las autoridades europeas adquieran nuevos poderes legales para frenar a los gigantes tecnológicos, los críticos se preguntan hasta qué punto serán eficaces. Redactar leyes puede ser más fácil que hacerlas cumplir, y aunque la Unión Europea tiene fama de ser el regulador más duro del mundo de la industria tecnológica, sus acciones han parecido a veces más duras sobre el papel que en la práctica.
Se calcula que se contratarán 230 nuevos trabajadores para hacer cumplir las nuevas leyes, una cifra que los críticos afirmaron que era insuficiente si se compara con los recursos de que disponen Meta, Google y otros.
Las cifras de personal “son totalmente inadecuadas para hacer frente a empresas gigantescas y a nuevas tareas gigantescas”, afirmó Tommaso Valletti, antiguo economista jefe de la Comisión Europea, que trabajó en casos antimonopolio contra Google y otras plataformas tecnológicas.
Afirmó que, sin una aplicación sólida, las nuevas leyes serán una promesa incumplida. Valletti afirmó que, aunque Europa ha impuesto sentencias antimonopolio multimillonarias contra Google en los últimos años, esas acciones han hecho poco por restablecer la competencia porque los reguladores no obligaron a la empresa a realizar cambios estructurales importantes.
La falta de aplicación de la ley de privacidad de datos de la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD, también ha ensombrecido las nuevas leyes.
Al igual que la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, el RGPD fue aclamado como una legislación histórica. Pero desde que entró en vigor en 2018, apenas se han tomado medidas contra Facebook, Google y otros por sus prácticas de recopilación de datos. Muchos han eludido las normas bombardeando a los usuarios con ventanas de consentimiento en sus sitios web.
“No han demostrado ser capaces de utilizar las poderosas herramientas que ya existen para frenar a las grandes tecnológicas”, afirmó Johnny Ryan, un activista de los derechos de privacidad y miembro senior del Consejo Irlandés para las Libertades Civiles, que ha presionado para una aplicación más estricta. “No preveo que de repente se muestren diferentes con un nuevo conjunto de herramientas”.
Las empresas tecnológicas y los grupos comerciales del sector han advertido de que las leyes podrían tener consecuencias no deseadas, como perjudicar a las empresas más pequeñas y socavar la economía digital europea.
Google afirmó en un comunicado que apoyaba los objetivos de la Ley de Servicios Digitales, pero que “los detalles serán importantes” y que tenía previsto trabajar con los responsables políticos para “acertar con los detalles técnicos restantes”. Twitter afirmó que su “máxima prioridad” era mantener la seguridad de las personas en línea y que todavía tenía que revisar los detalles de la legislación.
Amazon y Meta declinaron hacer comentarios. TikTok no respondió a las solicitudes de comentarios.
Los defensores de las nuevas leyes afirmaron que habían aprendido de los errores del pasado. Mientras que la aplicación de la Directiva General de Protección de Datos se dejaba en manos de los reguladores de cada país -que muchos consideraban superados por empresas multinacionales con presupuestos legales aparentemente sin fondo-, las nuevas leyes serán aplicadas en gran medida desde Bruselas por la Comisión Europea, lo que supone un importante cambio de enfoque.
“La introducción de nuevas obligaciones para las plataformas y derechos para los usuarios no tendría sentido si no se aplican correctamente”, afirmó Thierry Breton, de la Comisión Europea, un antiguo ejecutivo empresarial francés que ayudó a redactar la ley.
No se espera que el texto final de la Ley de Servicios Digitales esté disponible hasta dentro de varias semanas, y aún deben realizarse las votaciones finales, un proceso que no se espera que dé lugar a ningún cambio importante en el acuerdo. Pero los responsables políticos de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo que participan en las negociaciones describieron los detalles de lo que sería una de las piezas de política digital de mayor alcance del mundo.
La ley, que empezaría a entrar en vigor el año que viene, no ordena a las plataformas de Internet que eliminen formas específicas de discurso, dejando que cada país lo defina. (Algunas formas de discurso de odio y referencias al nazismo son ilegales en Alemania, pero no en otros países europeos). La ley obliga a las empresas a añadir medios para que los usuarios marquen los contenidos ilícitos.
Inspirados por la guerra en Ucrania y la pandemia, los legisladores dieron a los reguladores poder adicional para obligar a las empresas de Internet a responder rápidamente durante una crisis de seguridad nacional o de salud. Esto podría incluir la detención de la difusión de cierta propaganda estatal en las redes sociales durante una guerra o la venta en línea de suministros médicos y medicamentos falsos durante una pandemia.
Google tendría nuevas obligaciones para detener la difusión de contenidos ilegales en su motor de búsqueda.
Muchas disposiciones relacionadas con las redes sociales siguen de cerca las recomendaciones realizadas por Frances Haugen, la ex empleada de Facebook que se convirtió en denunciante. La ley exige a las empresas que ofrezcan a los usuarios una forma de desactivar los algoritmos de recomendación que utilizan sus datos personales para adaptar los contenidos.
Meta, TikTok y otras también tendrían que compartir más datos sobre el funcionamiento de sus plataformas con investigadores externos de universidades y grupos de la sociedad civil. Las empresas tendrían que realizar un informe anual de evaluación de riesgos, revisado por un auditor externo, y hacer público un resumen de los resultados.
Los responsables políticos afirmaron que la perspectiva del daño a la reputación podría ser más poderosa que las multas. Pero si la Comisión Europea determinara que Meta u otra empresa no está haciendo lo suficiente para solucionar los problemas detectados por los auditores, la empresa podría enfrentarse a sanciones económicas de hasta el 6 por ciento de los ingresos globales y se le ordenaría cambiar las prácticas empresariales.
Las nuevas restricciones a la publicidad dirigida podrían tener importantes efectos en las empresas de Internet. Las normas limitarían el uso de datos basados en la raza, la religión, las opiniones políticas o la afiliación sindical. Las empresas tampoco podrían dirigirse a los niños con anuncios.
Los minoristas en línea como Amazon se enfrentarían a nuevos requisitos para detener la venta de productos ilícitos por parte de los revendedores en sus plataformas, lo que dejaría a las empresas expuestas a demandas de los consumidores.
La posición de Europa como líder en materia de regulación dependerá de la aplicación de las nuevas leyes, que probablemente se enfrentarán a desafíos legales por parte de las empresas más grandes, afirmó Agustín Reyna, director de asuntos jurídicos y económicos de la Organización Europea de Consumidores, un grupo de vigilancia de los consumidores.
