En menos de 24 horas el crimen organizado asesinó a dos aspirantes a candidato a la alcaldía de Maravatío, Michoacán. Uno de ellos era de Morena, otro del Partido Acción Nacional (PAN), ambos personajes conocidos en un municipio pequeño de unos 100.000 habitantes gobernados actualmente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Apenas tres meses atrás, en ese mismo municipio, fue asesinado otro político morenista que aspiraba también a la presidencia municipal.
En Taxco, Guerrero, municipio que en semanas pasadas estuvo virtualmente paralizado por amenazas de crimen organizado, fue atacado hace unos días el aspirante priísta a sustituir al actual alcalde, Mario Figueroa, quien a su vez sufrió un atentado el 15 de febrero pasado. En estos casos, ambos políticos corrieron con suerte y hoy viven para contarlo.
En lo que va del proceso electoral van 19 candidatos, precandidatos o excandidatos que han sido asesinados en el país de acuerdo con el más reciente reporte de la organización Data Cívica. Otras organizaciones, como Laboratorio Electoral, ponen la cifra en 33. La diferencia tiene que ver con metodologías y periodos de estudio (Laboratorio Electoral inició el conteo en junio de 2023, cuando arrancaron las muy adelantadas precampañas).
Ambos conteos ilustran una realidad aterradora, pero que no sorprende a nadie: si en muchos lugares del país el crimen determina el precio de los productos básicos, si los niños pueden o no ir a la escuela, los transportistas hacer su trabajo, las amas de casa comprar tortillas donde mejor les parezca o los empresarios expandir su pequeño negocio, ¿por qué no decidirían quién debe gobernar un municipio y quién no?
En muchos lugares, como Maravatío, por ejemplo, el crimen ya votó.
Además de las cifras, cuando uno hace zoom a los números de la violencia política en México sale a la luz un dato que prevé tiempos difíciles por venir en la campaña electoral que arranca en unas horas. La mayor parte de los casos de violencia política documentada suceden a nivel municipal. Es ahí en dónde está el eslabón más débil y en donde el brazo del crimen es infinitamente más potente y determinante que la ley o cualquier noción de Estado de Derecho.
El peligro es, evidentemente, que el crimen organizado, vía ataques a candidatos o a liderazgos políticos, ponga y quite a su antojo y termine determinando el futuro de comunidades enteras, dejándolas enteramente a la “buena voluntad” del grupo criminal que venza en la batalla. Organizaciones advierten de que podría darse el caso, incluso, de que ni siquiera se ejerza una violencia política visible (balas, granadazos, atentados) sino que, como sucede con el tema de la extorsión, la sola amenaza o presencia intimidante del crimen determine el resultado de la contienda sin la necesidad de que haya una bala de por medio.
Como no tiene intención de invertir su tiempo o recursos públicos en buscar soluciones para tratar de proteger a las personas que estarán aspirando a un cargo de elección, el presidente López Obrador ha optado por no reconocer públicamente el problema. Tramposamente ―no hay otra forma de decirlo―, cuestionado sobre el tema hace unos días, dijo que los homicidios en el país van a la baja y que eso demuestra que no hay tema ni motivo de preocupación.
No importa si un municipio se queda sin candidatos ―como Maravatío, en el que solo queda un aspirante visible por el PRD―, o si hay algunas comunidades en las que los partidos políticos no encuentran ciudadanos que se quieran postular. En la visión alegre del presidente, las cosas van bien y en 2024 habrá “elecciones limpias y libres como nunca en la historia de México”.
A estas alturas a pocos sorprende todavía el empecinamiento de López Obrador por negar lo que los propios datos oficiales revelan, y francamente estas alturas del proceso hay ya muy poco que él pueda hacer por garantizar que los números de la violencia electoral no sigan creciendo. Otra historia sería, quizá, si en vez de lanzar bravuconadas todas las mañanas desde Palacio Nacional hubiera decidido gobernar y atender la infiltración perversa del crimen organizado en los espacios de poder. En tres meses veremos los saldos que dejan las “elecciones más limpias y libres de la historia”.
