A pesar de ser una noticia recurrente, no deja de ser un caso inédito para la justicia estadounidense. El exmandatario llegó 70 minutos antes de su comparecencia y como es costumbre fue recibido por sus seguidores para posteriormente ser puesto bajo arresto. ¿La conclusión? Inocente; por su abogado; por él mismo y por el juez, quien lo ha liberado sin medidas cautelares, por ahora. En abril de este año tras su encuentro en la corte de NY, pagó 130.000 dólares a la exactriz porno Stormy Daniels, a cambio de su silencio sobre una relación extramatrimonial.
Vale la pena hacer un análisis profundo de las 4 investigaciones que anteceden al caso, para entender cómo llegamos hasta aquí: En diciembre del 2022 la asociación federal de investigación de Estados Unidos o FBI, cateó Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, dado que, como afirmaron los fiscales federales en una incendiaria presentación judicial en agosto, creían no sólo que el expresidente poseía “docenas” de cajas “que probablemente contenían información clasificada”, sino también que “era probable que se hubieran tomado medidas para obstruir la investigación del Gobierno.” En ese registro, el FBI afirmó haber retirado más de 100 documentos clasificados, algunos de los cuales contenían, al parecer, información sobre armas nucleares. Todo ello forma parte de una sola investigación sobre posibles violaciones de la Ley de Espionaje, manipulación indebida de archivos federales y obstrucción de una investigación federal.
Mientras tanto, una segunda investigación federal está analizando el ataque del 6 de enero en el Capitolio y los esfuerzos más amplios para anular las elecciones de 2020, un asunto que obviamente podría implicar al hombre que pasó la mayor parte del período lame-duck de 2020 tratando de borrar su derrota ante el presidente Joe Biden.
En noviembre del año pasado, el fiscal general Merrick Garland nombró a Jack Smith, un veterano fiscal que anteriormente supervisó procesos por crímenes de guerra desde una oficina en La Haya, como abogado especial a cargo de estas dos investigaciones del Departamento de Justicia sobre Trump.
En Georgia, varios aliados de Trump están siendo citados como parte de una investigación penal estatal sobre la interferencia en las elecciones de 2020 en su estado específicamente. El consigliere de Trump Rudy Giuliani es uno de los objetivos de la investigación. Trump también podría verse implicado, e incluso ser acusado penalmente, antes de que concluya esta investigación en Georgia. En una llamada posterior a las elecciones con el secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, Trump dijo al máximo responsable electoral del estado que quiere “encontrar 11.780 votos.” Biden derrotó a Trump en Georgia por 11.779 votos.
Además, hay dos investigaciones separadas en Nueva York sobre la Organización Trump y la red de empresas circundantes de Trump, que están investigando acusaciones de que Trump falseó las finanzas de sus empresas para obtener préstamos bancarios o reducir impuestos.
La investigación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sobre estas acusaciones es principalmente civil (es decir, no penal), y en septiembre la llevó a presentar una demanda civil contra Trump alegando fraude y engaño “asombrosos”.
Mientras tanto, una investigación paralela del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ya ha dado lugar a condenas. Tanto la Organización Trump como su director financiero Allen Weisselberg fueron acusados en julio de 2021, y ambos han sido ahora condenados por delitos financieros. Weisselberg se declaró culpable de más de una docena de cargos diferentes en agosto. También aceptó testificar contra la Organización Trump, pero no contra el propio Trump.
Ese testimonio ayudó a los fiscales de Nueva York a condenar a la Organización Trump por 17 cargos de fraude fiscal y otros delitos el 6 de diciembre.
Sin embargo, Bragg es escéptico a acusar a Trump, según una entrevista a principios de verano con el ex fiscal de Manhattan Mark Pomerantz.
El ex presidente publica habitualmente declaraciones en las redes sociales negando las acusaciones en su contra, a menudo utilizando una retórica hiperbólica como comparar a Estados Unidos con “países rotos del Tercer Mundo.”
Por supuesto, deberían aplicarse todos los descargos de responsabilidad habituales. Muchas de estas investigaciones están en curso y no han dado lugar a cargos contra Donald Trump. Puede que nunca conduzcan a tales cargos. Si Trump es acusado, los tribunales deben concederle la presunción de inocencia hasta que sea condenado. E incluso si los fiscales están convencidos de que tienen un caso sólido, pueden ser reacios a presentar cargos contra un ex presidente cuyos partidarios ya han amenazado con la violencia contra personas e instituciones relacionadas con las investigaciones sobre Trump – y, al menos en un caso, con violencia real.
Sin embargo, la gran diversidad de leyes estatales y federales que Trump puede haber violado es asombrosa. En total, son cuatro investigaciones penales -dos federales y dos estatales- que analizan la conducta de Trump antes, durante y después de su presidencia. Incluso si sólo una de estas investigaciones conduce a una condena contra el ex presidente, podría pasar el resto de su vida entre rejas. Mientras que algunos de los estatutos penales que Trump puede haber violado conllevan penas de sólo unos pocos años de prisión, otros conllevan penas máximas de hasta 20 años.
Hay mucho a lo que seguir la pista, y muchos detalles importantes sobre estas investigaciones no se conocen públicamente y puede que nunca se revelen al público a menos que Trump sea finalmente acusado. El Departamento de Justicia de EE.UU., en particular, tiene reglas y normas muy estrictas en contra de hablar sobre las investigaciones penales en curso, especialmente cuando esas investigaciones implican a importantes figuras políticas.
Peor aún, mientras que el Departamento de Justicia es reacio a hablar de sus investigaciones sobre Trump, Trump ciertamente no lo es. Y eso significa que muchos informes iniciales sobre estas investigaciones pueden basarse en publicaciones de dudosa exactitud del propio Trump en las redes sociales.
La investigación del Departamento de Justicia sobre los documentos clasificados de Mar-a-Lago
La investigación sobre el mundo de Trump que más titulares ha acaparó el 2022, y es quizá a primera vista, la más banal: una investigación federal sobre un posible manejo indebido de documentos clasificados.
A principios de agosto, agentes del FBI ejecutaron una orden de cateo en Mar-a-Lago. Según un recibo de propiedad que estos agentes entregaron a un abogado de Trump al final del registro, se incautaron de varias cajas de documentos, muchos de los cuales afirman que son clasificados.
El FBI caracterizó algunos de estos documentos como “clasificados/TS/SCI”, una designación que se refiere a “información sensible compartimentada”, información “relativa o derivada de fuentes, métodos o procesos analíticos de inteligencia” que el Gobierno suele tratar con extraordinaria cautela. Los documentos que contienen este tipo de información se almacenan normalmente en instalaciones especializadas diseñadas para evitar que la información salga a la luz, y no en la residencia personal de un antiguo funcionario del gobierno.
Por razones obvias, el FBI no ha sido especialmente comunicativo sobre lo que había en los documentos incautados a Trump; el 26 de agosto, el Departamento de Justicia publicó una declaración jurada presentada como parte de la investigación, pero estaba muy redactada y sólo ofrecía unos pocos datos nuevos.
Sin embargo, el Washington Post informó de que los documentos incautados en el registro incluyen “documentos clasificados relacionados con armas nucleares”.
Un anexo a la orden de registro, que un tribunal federal hizo público en agosto, también identifica tres estatutos penales federales que el FBI cree que Trump puede haber violado, todos los cuales implican la destrucción, ocultación o manipulación indebida de ciertos documentos gubernamentales.
Más notablemente, el FBI cree que Trump puede haber violado una disposición de la Ley de Espionaje que tipifica como delito retener “voluntariamente” cierta información de seguridad nacional que “el poseedor tiene razones para creer que podría ser utilizada en perjuicio de los Estados Unidos o en beneficio de cualquier nación extranjera”, en lugar de entregar esa información a un “funcionario o empleado de los Estados Unidos con derecho a recibirla.”
Al parecer, el Departamento de Justicia intentó negociar con Trump la devolución de esos documentos y trató de recuperarlos mediante una citación judicial. El DOJ solicitó una orden de registro después de que un informante les avisara de que Trump aún tenía documentos clasificados en su residencia privada, a pesar de que uno de los abogados de Trump había firmado una declaración escrita en la que afirmaba que Trump había devuelto todo el material marcado como clasificado que había almacenado en Mar-a-Lago. Los fiscales federales detallaron ese historial en una presentación judicial a finales de agosto.
Las violaciones de la disposición pertinente de la Ley de Espionaje pueden conllevar una pena de prisión de hasta 10 años, pero aún no está claro si Trump se enfrentará a cargos penales por el presunto robo de estos documentos – o si esos cargos llegarán pronto. Y hay varias razones para creer que el Departamento de Justicia actuará con cautela antes de acusar a un expresidente cuyos partidarios atacaron violentamente el Capitolio estadounidense hace menos de dos años.
Uno de ellos es un reciente informe del Wall Street Journal en el que se afirma que “el fiscal general Merrick Garland deliberó durante semanas sobre si aprobar o no la solicitud de una orden para catear la casa del expresidente Donald Trump en Florida.” Otra son las antiguas políticas y tradiciones del DOJ que desaconsejan acciones que puedan influir en unas elecciones próximas. Trump ya ha anunciado que se presentará de nuevo a la presidencia en 2024; no es imposible imaginar que sea acusado antes de esas elecciones, pero sería un paso extraordinario por parte de un Departamento de Justicia históricamente cauteloso.
Lo que sí podemos afirmar es que hay indicios de que esta investigación sigue activa y que, en última instancia, podría dar lugar a cargos penales. En diciembre, el Departamento de Justicia ganó el último paso en una prolongada batalla legal sobre si era necesario que un “maestro especial” revisara los documentos incautados antes de que el FBI pudiera utilizarlos, liberándoles para utilizarlos en una investigación. Y eso sin mencionar el nombramiento en noviembre de Jack Smith como abogado especial que supervisa esta investigación del Departamento de Justicia – y otra.
La investigación del Departamento de Justicia del 6 de enero
En enero del 2022, Garland anunció que el Departamento de Justicia no tiene “mayor prioridad” que su investigación sobre el atentado del 6 de enero en el Capitolio, y que su departamento “mantiene su compromiso de hacer que todos los autores del 6 de enero, a cualquier nivel, rindan cuentas ante la ley.”
Según el Departamento de Justicia, más de 830 personas han sido acusadas por presuntas actividades delictivas relacionadas con el ataque del 6 de enero contra el Capitolio. Y, en todo caso, el Departamento de Justicia parece estar intensificando estos procesamientos. En mayo pasado (2022), como parte de su propuesta de presupuesto anual, el Departamento de Justicia trató de contratar a 131 abogados más para procesar casos relacionados con este ataque.
El nombramiento de Smith por Garland no afectará a esas investigaciones sobre los alborotadores. Pero Smith investigará “si alguna persona o entidad interfirió ilegalmente en el traspaso de poderes tras las elecciones presidenciales de 2020, o en la certificación de la votación del Colegio Electoral celebrada el 6 de enero de 2021 o en torno a esa fecha”.
Sin embargo, sigue sin estar claro hasta qué punto esa investigación está investigando activamente el propio papel de Trump y, si es así, lo cerca que está de una acusación contra el expresidente. Y es probable que el Departamento de Justicia mantenga un control aún más estricto sobre cualquier información relativa a dicha investigación sobre Trump que sobre la investigación de Mar-a-Lago. Hay que tener en cuenta que prácticamente nadie fuera del Departamento de Justicia, incluida supuestamente la Casa Blanca, supo del inminente registro del FBI en Mar-a-Lago hasta después de que hubiera comenzado.
Hay, sin embargo, al menos una señal externa de que Trump está siendo investigado. En mayo pasado, los fiscales citaron a los Archivos Nacionales para obtener los mismos documentos de la administración Trump que los Archivos ya entregaron al comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el ataque del 6 de enero.
Aunque es poco probable que el Departamento de Justicia afirme mucho sobre si Trump podría ser acusado por delitos relacionados con el 6 de enero hasta después de que se produzca dicha acusación, tanto funcionarios del Congreso como judiciales han indicado que lo más probable es que Trump violara al menos dos estatutos penales federales durante sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020: uno protege al Congreso de la interferencia y el otro prohíbe las conspiraciones para defraudar a la nación.
Lo sabemos por una demanda que el abogado de Trump, John Eastman, presentó el pasado enero ante un tribunal federal de California, con la que pretendía impedir que el comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes obtuviera determinados correos electrónicos enviados o recibidos por Eastman. Entre otras cosas, Eastman alegó que los correos electrónicos estaban protegidos por el privilegio abogado-cliente.
Normalmente, las comunicaciones entre un abogado y su cliente están protegidas contra la divulgación. Pero, como ha explicado un tribunal federal de apelaciones, “las comunicaciones no son privilegiadas cuando el cliente ‘consulta a un abogado para obtener asesoramiento que le servirá para cometer un fraude’ o un delito.” Y el comité del 6 de enero argumentó que Trump podría haber consultado a Eastman para violar dos leyes federales penales.
Una de esas leyes tipifica como delito la obstrucción de los asuntos oficiales del Congreso, mientras que la otra tipifica como delito la conspiración para defraudar a Estados Unidos. La primera conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que la otra prevé una condena máxima de cinco años.
En última instancia, el juez David Carter estuvo de acuerdo en que lo más probable es que Trump violara ambas leyes. Entre otras cosas, Carter escribió: “Trump intentó obstruir un procedimiento oficial lanzando una campaña de presión para convencer al vicepresidente Pence de que interrumpiera la sesión conjunta del 6 de enero.” El juez añadió que “la ilegalidad de este plan era obvia”.
Por supuesto, si Trump es finalmente acusado de violar cualquiera de los dos estatutos, el Departamento de Justicia llevará una carga más pesada que la que el comité del 6 de enero tuvo que superar para convencer al juez Carter de que algunos de los correos electrónicos de Eastman no eran privilegiados. Trump, como cualquier acusado penal, tendrá derecho a un juicio con jurado. Y el Departamento de Justicia tendrá que probar su caso más allá de toda duda razonable.
Pero la opinión de Carter sugiere que hay al menos algunos frutos maduros que el Departamento de Justicia puede recoger si decide presentar cargos penales contra Trump.
La investigación de las elecciones de Georgia
En enero del 2022, la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, pidió a un tribunal de Georgia que convocara a un gran jurado especial “con el propósito de investigar los hechos y circunstancias relacionados directa o indirectamente con posibles intentos de interrumpir la administración legal de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.” Eso incluye el intento de la campaña de Trump de crear una lista de falsos miembros del Colegio Electoral que dirían fraudulentamente al Congreso que los votos electorales del estado fueron emitidos a favor de Trump.
Willis informó a estos 16 falsos electores de que son objeto de la investigación, lo que significa que corren el riesgo de ser acusados penalmente.
La investigación de Willis también apunta al menos a una persona del círculo íntimo de Trump. Hace menos de tres años, Rudy Giuliani era una figura central en el esfuerzo de Trump por anular las elecciones de 2020, conocido por su payasada como abogado en una demanda de noviembre de 2020 y por una conferencia de prensa igualmente payasa celebrada en el aparcamiento de una empresa de jardinería de Filadelfia. Testificó ante el gran jurado especial este verano y también ha sido informado de que es objetivo de la investigación.
Mientras tanto, una demanda que involucra a un aliado aún más prominente de Trump ofrece otra ventana limitada a los asuntos que la oficina de Willis puede estar investigando. En julio, el senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) fue citado a declarar ante el gran jurado de Georgia. Poco después, pidió a un tribunal federal que anulara la citación. Su argumento más sólido es que la cláusula constitucional de expresión y debate, que prohíbe a los miembros en activo del Congreso ser interrogados sobre su actividad “legislativa” pero no sobre su actividad “política”, se aplica a esta investigación.
Al rechazar el intento de Graham de anular la citación en su totalidad -porque la investigación de Willis busca al menos alguna información que no está relacionada con las funciones legislativas de Graham-, la opinión del juez Leigh Martin May expone varios temas sobre los que es probable que el gran jurado pregunte a Graham, incluidas las “posibles comunicaciones y coordinación de Graham con la campaña de Trump y sus esfuerzos postelectorales en Georgia”.
Además, la investigación de Willis desea explorar dos llamadas telefónicas entre Graham y el secretario Raffensperger, en las que Graham supuestamente “cuestionó al secretario Raffensperger y a su personal sobre el reexamen de ciertos votos por correo emitidos en Georgia con el fin de explorar la posibilidad de un resultado más favorable para el ex presidente Donald Trump.”
En noviembre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó el fallo de May, y Graham testificó ese mismo mes.
Por supuesto, incluso si Giuliani, Graham u otros son finalmente acusados o condenados por un delito, sigue siendo una cuestión abierta si alguna de sus acciones podría implicar también a Trump. Pero hay algunos estatutos penales de Georgia que los amplios esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020, y específicamente su “encontrar 11.780 votos” llamada telefónica con Raffensperger, podrían violar.
Una de esas leyes tipifica como delito la manipulación intencionada “de cualquier lista de electores, certificado de votante, lista numerada de votantes, urna electoral, máquina de votación, equipo electrónico de grabación directa (DRE) o máquina tabuladora.” Y aunque todavía no se ha demostrado que Trump manipulara personalmente ninguno de estos elementos, la ley de Georgia también tipifica como delito el hecho de, “con la intención de que otra persona participe en una conducta constitutiva de delito grave”, solicitar a otra persona que cometa dicho delito. Mientras tanto, otra ley estatal específicamente realiza que es un delito participar en “solicitación criminal para cometer fraude electoral.”
Si es declarado culpable de cualquiera de los dos delitos, Trump “será castigado con una pena de prisión no inferior a uno ni superior a tres años.”
Las investigaciones de Nueva York sobre la Organización Trump
Por último, Trump -o, al menos, sus empresas- son objeto de dos investigaciones relacionadas con el fraude financiero, al menos una de las cuales tiene una pequeña posibilidad de terminar en cargos penales contra Trump.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, ha pasado la mayor parte de tres años investigando si la Organización Trump, la empresa insignia de Trump, engañó a los bancos o a las autoridades fiscales sobre el valor de sus activos, supuestamente inflando su valor al solicitar un préstamo a un banco, o minimizando su valor con el fin de reducir los impuestos. James llegó incluso a tomar declaración a Trump como parte de esta investigación, aunque Trump se pasó la entrevista invocando repetidamente su derecho a no autoinculparse, recogido en la Quinta Enmienda.
La investigación de James es civil y no penal, pero podría desembocar en una sanción extraordinaria contra Trump y sus empresas. En una demanda civil presentada contra Trump en septiembre de 2022, James pretende prohibir a Trump ejercer como directivo en cualquier empresa de Nueva York, prohibir a la Organización Trump la compra de inmuebles comerciales en Nueva York durante cinco años y obligar a las empresas de Trump a renunciar a 250 millones de dólares en dinero que supuestamente se obtuvo mediante fraude.
Además, James anunció que presentaría una denuncia penal ante los fiscales federales, lo que podría dar lugar a la apertura de una nueva investigación federal contra el ex presidente.
La investigación de James es paralela a una investigación penal similar que dirige actualmente Alvin Bragg, fiscal del distrito de Manhattan. Al igual que la investigación a nivel estatal, esta investigación de Manhattan lleva varios años en marcha. El predecesor de Bragg, Cyrus Vance, incluso tuvo que luchar contra un intento de sabotear esta investigación en un caso del Tribunal Supremo en 2020.
Hay algunas razones para creer que es poco probable que la investigación de Bragg conduzca a cargos contra Trump. Mientras que el ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable de las acusaciones de que no pagó impuestos sobre 1,7 millones de dólares en compensaciones -incluyendo un apartamento, dos coches y matrículas de escuelas privadas para miembros de la familia-, sólo aceptó testificar contra la Organización Trump, y no se espera que ayude a una investigación más amplia sobre el propio Trump.
En diciembre del año pasado, el testimonio de Weisselberg permitió a los fiscales de Nueva York condenar a la Organización Trump por 17 cargos diferentes de fraude fiscal y otros delitos financieros. Aunque obviamente es una vergüenza para Trump, es probable que las consecuencias directas de esta condena sean mínimas. Como mucho, la empresa puede ser multada con 1,6 millones de dólares por estas infracciones, lo que debería ser una cantidad pequeña para Trump, que desde hace tiempo afirma ser multimillonario.
Mientras tanto, la transición de Vance a Bragg parece haber inyectado más cautela en la oficina del fiscal de Manhattan. Poco después de que Bragg asumiera el cargo a principios de este año, un abogado de alto rango que desempeñó un papel importante en la investigación de Trump renunció a la oficina del fiscal. “Creo que Donald Trump es culpable de numerosas violaciones de delitos graves”, escribió el abogado Mark Pomerantz en su carta de renuncia, que protestaba por la decisión de Bragg de “no seguir adelante con la presentación ante el gran jurado y no buscar cargos criminales en este momento.”
En una entrevista en julio, Pomerantz afirmó que pensaba que Bragg “y el nuevo equipo estaban centrados en el riesgo de que pudiéramos perder el caso” contra Trump. De nuevo, para ganar un caso penal contra Trump, los fiscales tendrían que probar ese caso más allá de toda duda razonable.
En cualquier caso, es posible que la investigación de James o la oficina de Bragg descubran nuevas pruebas que hagan cambiar de opinión a Bragg, o que los fiscales federales persigan su remisión. Por el momento, sin embargo, parece improbable que las investigaciones de Nueva York conduzcan a cargos penales contra Trump.
Las otras tres investigaciones, por el contrario, parecen tener más probabilidades de terminar en la acusación y posible condena de Trump.
Entonces, ¿qué debemos deducir de todo esto?
El objetivo de una investigación penal, y en última instancia de una acusación, es convencer a un jurado para que condene a un acusado después de que se haya celebrado un juicio penal completo. No es proporcionar a los medios de comunicación o al público actualizaciones periódicas sobre lo que las fuerzas del orden saben acerca de posibles sospechosos.
Especialmente en el contexto de las investigaciones federales, estas normas existen tanto para proteger la propia investigación -si un sospechoso se entera demasiado de la información que buscan las fuerzas del orden, podría destruir pruebas o manipular testigos- como para proteger a los posibles sospechosos. Cuando alguien es acusado formalmente de un delito, tiene la oportunidad de reivindicarse en un juicio. Si sólo es objeto de acusaciones vertidas por funcionarios del gobierno, no tiene forma real de proteger o rehabilitar su reputación.
Por estas razones, cualquiera que esté ansioso por ver cómo terminan las investigaciones sobre Trump debe tener paciencia.
Otro factor que los votantes -y, especialmente, los periodistas- deben tener en cuenta al evaluar lo que está sucediendo con estas investigaciones es que, mientras que el Departamento de Justicia normalmente se mostrará muy hermético sobre una investigación en curso (y los fiscales responsables a nivel estatal tampoco serán especialmente comunicativos), Trump no lo hará. Y es probable que diga mentiras y medias verdades para engañar a la opinión pública y enardecer a sus partidarios.
He aquí un ejemplo: Durante su registro de Mar-a-Lago, el FBI se llevó tres pasaportes de la residencia de Trump. Un equipo de investigadores encargado de revisar los materiales registrados en busca de documentos extraños descubrió rápidamente que tenían los pasaportes, y se los devolvieron a Trump. En un comunicado, el FBI afirmó que “sigue los procedimientos de registro e incautación ordenados por los tribunales, y luego devuelve los artículos que no necesitamos retener con fines policiales.”
Una tercera advertencia a tener en cuenta es que Trump, que confesó en un vídeo haber cometido una agresión sexual, tiene un historial de evitar las consecuencias legales incluso cuando su culpabilidad es difícil de negar. Tampoco ha habido nunca una acusación contra un expresidente, al menos en parte porque los líderes políticos quieren evitar el riesgo de que se enfrenten a enjuiciamientos de represalia si su oposición toma el poder. Los principales republicanos ya están tratando de intimidar al fiscal general Garland con amenazas de investigaciones de represalia. Y algunos de los partidarios de Trump han recurrido a la violencia o a amenazas de violencia.
No son razones para dejar en libertad a un hombre que trató de anular el resultado de unas elecciones presidenciales si cometió un delito, pero es probable que inspiren a los fiscales a actuar con cautela.
Es probable, en otras palabras, que una nube de incertidumbre se cierna sobre el destino de Trump durante bastante tiempo.
