El sexenio de seguridad en México comenzó sin novedades positivas, con una serie de hechos violentos que continúan en aumento. Entre ellos, la decapitación del alcalde de Chilpancingo y el hallazgo de cinco cuerpos apilados junto a un letrero que decía “Bienvenidos a Culiacán”. A esto se suman múltiples enfrentamientos en estados como Sinaloa, Guerrero y el Estado de México. Ayer, Guanajuato fue el escenario de dos ataques con coches bomba en los municipios de Jerécuaro y Acámbaro, lo que subraya la crisis de seguridad que atraviesa el país.
En el primer incidente, la policía de Acámbaro reportó una explosión de coche bomba frente a sus instalaciones, lo que dejó tres agentes heridos y siete vehículos calcinados. Casi al mismo tiempo, a 33 kilómetros de distancia, en Jerécuaro, otro coche bomba estalló sin dejar víctimas, aunque varios vehículos, incluidas patrullas, fueron incendiados.
Guanajuato se enfrenta a un panorama difícil: es el estado con más homicidios dolosos del país, con 1,863 carpetas de investigación abiertas hasta ahora en el año. Ningún grupo criminal ha asumido la responsabilidad de estos recientes ataques, pero la creciente violencia parece ser una señal clara de la batalla entre cárteles en la región.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha asegurado que los atentados no frenarán los esfuerzos por traer paz al estado. Para ello, ha ordenado operativos por aire y tierra y suspendido su agenda pública para coordinar la respuesta a la emergencia. Aunque pertenece al Partido Acción Nacional (PAN), ha mostrado apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, en un intento por dar un cambio en la estrategia de seguridad del estado.
Este nivel de violencia, sobre todo el uso de coches bomba y el impacto directo contra la población, ha llevado a muchos a preguntarse si México está enfrentando una forma de “narcoterrorismo”. La misma alcaldesa de Acámbaro, Claudia Silva, afirmó “todo mundo sabemos que esto es narcoterrorismo”.
Sin embargo, las autoridades federales, encabezadas por García Harfuch, se niegan a clasificar estos actos como terrorismo, argumentando que son disputas entre cárteles. Según el secretario, el terrorismo tiene connotaciones ideológicas o religiosas, mientras que en este caso, la violencia se debe a la lucha por el control territorial y el tráfico de drogas.
Este debate sobre la clasificación de los ataques como terrorismo ha tomado relevancia en la política mexicana y estadounidense. En Estados Unidos, algunos sectores del Partido Republicano, cercanos a Donald Trump, han pedido que los cárteles mexicanos sean designados como grupos terroristas, lo que justificaría una intervención militar de ese país en México. Por otro lado, en México, partidos como el PAN y el PRI han utilizado términos como “terrorismo” para referirse a estos ataques, mientras que el partido gobernante, Morena, tiende a minimizar la situación y acusa a los medios de comunicación y a la oposición de exagerar.
Este escenario plantea interrogantes profundas sobre las etiquetas utilizadas para definir la violencia en México y las implicaciones internacionales que esto podría tener. Si los cárteles son formalmente designados como organizaciones terroristas, no solo se justificarían potenciales intervenciones extranjeras —sobre todo por parte de Estados Unidos— sino que también podría dar lugar a una colaboración más estrecha en áreas de seguridad e inteligencia. Esta cooperación podría incluir esfuerzos multilaterales que integren a países vecinos para compartir información, coordinar estrategias y aplicar sanciones conjuntas. Sin embargo, la sombra de las intervenciones extranjeras genera un complejo debate sobre soberanía.
El problema de esta narrativa es que no solo tiene implicaciones de seguridad, sino que también afecta la percepción internacional sobre México, con el riesgo de reducir la confianza en las instituciones nacionales. Al etiquetar el narcotráfico como “terrorismo”, se podría aumentar la presión sobre México para aceptar cooperación internacional bajo términos menos ventajosos, o incluso justificar la injerencia directa de potencias extranjeras con pretextos de seguridad global.
Sin embargo, si este escenario se aborda desde una óptica de cooperación multilateral, en lugar de una intervención unilateral, podría aprovecharse para fortalecer los lazos con otros países, promoviendo no solo la seguridad, sino también el desarrollo económico y social en las zonas afectadas.
Iniciativas como la reducción del tráfico de armas, el rastreo de fondos ilícitos y una lucha más efectiva contra el lavado de dinero podrían formar parte de un esfuerzo conjunto que, a la larga, beneficiaría a todas las partes involucradas. En este contexto, redefinir la violencia en México podría abrir la puerta a nuevas formas de cooperación internacional, pero con el riesgo de ceder autonomía en la toma de decisiones sobre la seguridad interna.
