Las denuncias por la utilización partidista de las ruedas de prensa matutinas de Andrés Manuel López Obrador han escalado a la esfera internacional. Primero fue el Instituto Nacional Electoral (INE), quien hace un mes ordenó la retirada de una de las conferencias por “difundir logros del Gobierno”. Ahora las quejas por las injerencias el presidente en la campaña electoral ha llegado hasta la Organización de Estados Americanos (OEA). Las dirigencias tanto del PAN como de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron este fin de semana sendas denuncias ante la misión de observadores electorales del organismo.
“Todas las mañanas, desde Palacio Nacional, haciendo uso y abuso de los recursos públicos, pareciera más el jefe de campaña del partido de Morena que jefe del Estado mexicano. Y aquí en nuestro país eso no se puede, está claramente prohibido”, apuntó Marko Cortés, dirigente nacional del PAN. Desde el 6 de abril, dos meses antes de los comicios federales y locales que renovarán las dos Cámaras, así como 15 gubernaturas, entró en vigor la veda electoral, que incluye la prohibición de usar la tribuna de sus ruedas de prensa matutinas como altavoz proselitista del Gobierno o para lanzar ataques a la oposición o apoyos a Morena.
El mismo día del inicio de la veda, López Obrador subrayó que, pese a la prohibición de señalar un nombre, un partido o un tema de campaña, no pensaba renunciar a hablar de corrupción y conservadurismo. De esa forma se bordean los límites legales impuestos en campaña para continuar librando las batallas políticas con las que, día a día, el presidente marca la agenda desde sus intervenciones mañaneras.
Las denuncias de los partidos de la oposición ante al OEA son precisamente fruto de esta nueva estrategia de López Obrador. Escudándose en su lucha contra la corrupción, la semana pasada acusó a los candidatos rivales de Morena que lideran las encuestas al Gobierno de Nuevo León de compra de votos o fraudes en la financiación de su campaña. Un señalamiento respaldado horas después por la propia fiscalía general de la República (FGR), que anunció la apertura de una investigación sobre Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y Adrián de la Garza, aspirante de la alianza entre PRI y PRD.
Preguntado al respecto en una rueda de prensa, López Obrador no dudó en encuadrar sus acusaciones en el supuesto terreno de lo permitido por la veda electoral, envolviéndose de nuevo en la bandera de la lucha contra la corrupción: “Pero ¿cómo no voy a tener que ver? Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude”.
El comportamiento del presidente provocó, sin embargo, los primeros movimientos de la oposición ante la OEA. Esa misma semana, el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, visitó al secretario general de la organización, Luis Almagro, para denunciar las injerencias de López Obrador. La queja, de momento, se sumará a la carpeta de la misión de observadores electorales del organismo, que por quinta ocasión consecutiva revisarán los comicios mexicanos sobre el terreno.
El primer toque de atención por saltarse la normativa electoral llegó apenas la segunda semana de campaña. El INE ordenó borrar una mañanera donde el mandatario presumía de los apoyos sociales que el Gobierno está distribuyendo en los Estados pobres del sur del país. Presidencia accedió a la petición y retiró el vídeo. El INE justificó su advertencia subrayando que “durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, se abstenga de difundir logros de Gobierno, incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias, obra pública e incluso emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía”.
