La violencia ha desbordado estos días Ecuador, un país que hasta hace un lustro figuraba entre los más seguros de la región. El presidente, Daniel Noboa, el hijo del empresario más rico del país, de 36 años y con solo 50 días en el cargo, se enfrenta a una crisis sin precedentes. Con las cárceles como centro de operaciones, el crimen organizado ha matado en las últimas 72 horas a policías y funcionarios de prisiones y ha intentado asaltar hospitales y comisarías. Noboa ha desplegado al ejército en las calles y le ha pedido que abata a los criminales, a los que considera terroristas. “Estamos en guerra”, ha dicho el presidente.
Las escenas de violencia se suceden a lo largo de todo el país, pero se concentran sobre todo en Guayaquil, la ciudad más peligrosa. Sus ciudadanos se resguardan de los tiroteos callejeros y los saqueos que se producen en centros comerciales y tiendas a pie de calle. Vestidos de policías, los delincuentes despliegan retenes en las carreteras y asesinan o secuestran a los ocupantes de los coches. El país ha visto a 13 jóvenes encapuchados asaltar en directo el plató de un medio de comunicación público, TC Televisión, que durante media hora, en la que no se detuvo la transmisión, amenazaron a los periodistas con pistolas, granadas y lo que parecía dinamita. La barbarie convertida en reality show.
Las pandillas ecuatorianas, asociadas con el cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ambos mexicanos, se han infiltrado en el Estado con la compra de jefes de policía, generales, jueces y fiscales. Sus principales líderes, desde prisiones convertidas en suites de lujo con bar y piscina, controlan las rutas de la droga que llevan hasta Estados Unidos y los principales puertos y fronteras. Tienen en su nómina a funcionarios en puestos clave y, a los que no, viven con el riesgo de ser asesinados. De una forma u otra acaban teniendo el control.
Noboa, por ahora, no ha dado muestras de un liderazgo fuerte. Su papel ha sido secundario, dejándole el protagonismo en las ruedas de prensa a los altos cargos del ejército. Su mayor golpe de mano ha sido declarar “un conflicto armado interno” y decretar un toque de queda, algo que otros presidentes también han instaurado en el pasado. En una entrevista en radio Canela este miércoles, ha señalado que el Estado se enfrenta a “grupos terroristas” compuestos por más de 20.000 personas. “No vamos a ceder, no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente”, ha añadido.
En campaña electoral aseguró que tenía un plan para retomar el control de las cárceles, en el que se incluía recluir a los presos más peligrosos en barcazas en alta mar a 120 kilómetros de la costa. En este tiempo el plan no ha sido ejecutado ni se conocen mayores detalles del mismo. Ese vacío de autoridad lo aprovecharon José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, considerado el criminal más peligroso de Ecuador, líder de la banda conocida como Los Choneros, y Fabricio Colón Pico, miembro de Los Lobos, para escapar de prisión. Se les abrieron las puertas del presidio de par en par, sin que los directores de la cárcel movieran un dedo. Los primeros están asociados con los narcotraficantes de Sinaloa y, los segundos, con los de Jalisco. Las evasiones de estos dos importantes cabecillas dieron lugar a la ola de enfrentamientos que se produjo en las calles.
Después de un día de operativo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, dijo que 329 terroristas habían sido detenidos, cinco personas fueron “abatidas” y 28 presos fugados fueron capturados. Vela explicó que los enfrentamientos se produjeron con las bandas de los Tiguerones, Lobos y Choneros. “Las Fuerzas Armadas tiene la facultad de usar armamento letal, que será empleado en contra de los grupos que han sido identificados como terroristas en el mismo decreto del presidente”, añadió.
El presidente se dice dispuesto a indultar a los principales jefes de estas organizaciones para que se enfrenten de forma directa a los militares desplegados. “No se atreven”, cree él. Dice que en su mira están los funcionarios a sueldo del crimen, a los que también se les considerará terroristas, con lo que se enfrentarían una pena de cárcel de entre 10 y 13 años. Por poner un ejemplo, un juez había ordenado en seis ocasiones la liberación de Fito, cuando no había motivos para ello. Noboa ha heredado del anterior presidente, Guillermo Lasso, una inmensa deuda que le ata de pies y manos para desplegar un operativo más grande. Eso sí, dice contar con el apoyo de Israel y Estados Unidos. También con el del presidente colombiano, Gustavo Petro, al que no ha respondido con demasiada cortesía. Le ha propuesto devolverle los 1.500 presos colombianos que cumplen sentencia en las cárceles ecuatorianas, la gran mayoría por narcotráfico. Si se niega a acogerlos, dice que los soltará en la frontera.
Los ecuatorianos asisten estos días a escenas terroríficas. En un vídeo subido a Instagram, se ve a tres encapuchados pedirle al presidente que inicie un diálogo con las bandas organizadas. A sus pies, sometidos, nueve funcionarios de prisiones, bocabajo y con las manos en la nuca. “[Si no se producen esas conversaciones] vamos a matar a todos los funcionarios, dentro y fuera de las cárceles”, dice uno de los criminales. A continuación agarra al azar a uno de los nueve y lo ahorca con una soga colgada del techo y amarrada a una puerta de hierro. Mientras el hombre agoniza, otro funcionario se levanta y se dirige a la cámara: “Señor presidente, no permita que siga esta matanza con nosotros”. El cadáver del ahorcado se balancea en segundo plano como un péndulo.
Los expertos temen que la lucha contra las estructuras criminales tome una deriva autoritaria, como ha ocurrido en El Salvador. “Nos enfrentamos a delincuentes que utilizan tácticas terroristas, pero eso no significa que sean grupos terroristas”, conviene Luis Carlos Córdova, analista especializado en seguridad. Asumir el terrorismo como enemigo ya lo hizo Lasso en abril del año anterior, una medida que, según el experto, “se puede calificar de desesperada y que se puede ir de control”. A su manera de ver, esta declaración de conflicto interno puede llevar a que se cometan falsos positivos, un término acuñado en Colombia para nombrar los asesinatos de inocentes a los que hacen pasar por delincuentes.
Para Córdova, que el narco se haya infiltrado en el Estado, que se haya mimetizado en él, hace inútil la presencia del ejército. Se ha conocido que al menos un general, un puñado de coroneles y 13 oficiales trabajaban para Los Lobos. “Pueden terminar siendo las estructuras criminales las que acaben tutelando el propio plan de seguridad y esto de pie a que nazca un Estado autoritario, un régimen del terror”, acaba.
Ecuador, mientras tanto, continúa sumido en el caos. Se trata de un desafío al Estado de una proporción mayor al que se han enfrentado otros países como Colombia y México. Las cárceles siguen en manos de las pandillas, que controlan los principales resortes de poder, incluidos los de la política, como evidenció el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La descomposición de las instituciones ha sido continua y amenaza con instaurar un narcoestado en un país que hasta hace poco parecía inmune a las tribulaciones de sus vecinos. La nación enfrenta un reto de proporciones bíblicas.
