Andrés Manuel López Obrador ha acusado a Estados Unidos de espiar a su Gobierno. “Vamos a cuidar la información de la Secretaría de Marina y de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono”, ha asegurado el presidente de México en su conferencia de prensa de este martes. Así ha respondido el mandatario a un nuevo escándalo por el uso del software espía Pegasus contra activistas y periodistas por parte de las Fuerzas Armadas. En medio de semanas de tensiones con Washington y varios funcionarios del Gabinete de Joe Biden, López Obrador ha cargado ahora contra el Departamento de Defensa y ha denunciado que la soberanía del país está comprometida por un “plan injerencista”, aunque no ha presentado pruebas para respaldar las acusaciones.
Apenas 24 horas antes, el presidente mexicano se había lanzado contra la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, al denunciar una “intromisión abusiva y arrogante” en las investigaciones contra Los Chapitos, los herederos del imperio criminal de Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del Cartel de Sinaloa. “¡¡Cómo van a estar espiando?!”, reclamó López Obrador, luego de que la propia DEA diera a conocer que había logrado infiltrar a sus agentes en los más altos rangos de la organización criminal. Las autoridades de Estados Unidos se metieron durante un año y medio en la facción del cartel, y anunciaron haber tenido “acceso sin precedentes” a su estructura y nueva información sobre las rutas, los proveedores y la fabricación de fentanilo, el blanco prioritario de la Casa Blanca en la guerra contra las drogas.
Los relatos de enemigos dados de comer a tigres de los hijos de El Chapo y las alianzas que tejieron alrededor del mundo para aceitar su maquinaria de tráfico a Estados Unidos no cayeron bien en el Gobierno mexicano, que se quejó de que no fue consultado para autorizar las operaciones en el terreno de agentes extranjeros. La DEA ha reclamado que México “no ha hecho lo suficiente” para frenar el tráfico de fentanilo, que se cobra decenas de miles de muertes cada año en Estados Unidos.
Los hallazgos se dieron a conocer la semana pasada, cuando el Departamento de Justicia hizo públicas nuevas acusaciones contra cuatro hijos del capo: Ovidio Guzmán, Alfredo Guzmán, Iván Guzmán y Joaquín Guzmán. Después de arremeter contra la DEA, el embajador Ken Salazar se reunió con el presidente en el Palacio Nacional, la sede del Gobierno mexicano, y se retiró sin dar declaraciones. La Administración de López Obrador ha afirmado que en México no se produce el opioide, pero las revelaciones desde el otro lado de la frontera apuntaban exactamente lo contrario.
“Estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía con un plan injerencista”, ha zanjado López Obrador. El Gobierno mexicano fue el primero en adquirir Pegasus a la empresa israelí NSO Group y siguió utilizando el programa para infiltrar los teléfonos de activistas, pese a asegurar públicamente que el espionaje contra grupos de la sociedad civil era cosa del pasado, de acuerdo con una investigación publicada este martes por The New York Times. Una de las víctimas fue Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una organización jesuita que ha dado seguimiento a la desaparición y masacre de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, según el reportaje. También fue espiada María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro Prodh.
Como en ocasiones anteriores, el presidente, que ha dado a las Fuerzas Armadas un papel protagónico durante su gestión, ha defendido que no se trata de espionaje, sino de labores de “inteligencia”. “No tenemos problemas de conciencia, no somos represores, no espiamos, lo hacemos por seguridad”, dijo en medio del escándalo. El Ejecutivo mexicano enfrenta, además, cuestionamientos por retrasar deliberadamente la designación de consejeros del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y paralizar el funcionamiento del ente encargado de solventar el acceso a la información pública. Una de las lecturas es que las acusaciones contra el Pentágono son una forma de desviar la atención a los señalamientos de espionaje que enfrenta su propio Gobierno. Otra línea defiende que México debe poner freno a las operaciones que amenazan su soberanía. El trasfondo del debate es delicado y manda señales de que las tensiones entre ambos países van en aumento, pese a que en la superficie ambos lados defienden que su cooperación en seguridad está intacta.
Después de recibir críticas de los sectores más radicales del Partido Republicano, López Obrador ha endurecido su discurso contra la DEA y el Departamento de Estado, así como contra legisladores demócratas y republicanos. La propuesta de los conservadores de línea dura de designar a los carteles mexicanos como carteles terroristas para lanzar operaciones militares de Estados Unidos en suelo mexicano ha encendido las alarmas del Gobierno de López Obrador, pero la respuesta del presidente hace cada vez más difícil pensar que se trata de roces aislados y que la relación con Biden no se ha lastimado. El pleito ha entrado de lleno en las campañas alentadas por las elecciones presidenciales que se celebrarán en ambos países en 2024.
“Ahora resulta que el Pentágono le reporta a The Washington Post”, ha dicho, después de que la semana pasada el diario estadounidense publicara un artículo sobre roces entre los secretarios mexicanos de Marina y Defensa. A finales del año pasado, el Ejército mexicano sufrió la mayor filtración de documentos de su historia, cuando salieron a la luz cuatro millones de correos. El ciberataque, atribuido al grupo de hackers Guacamaya, desenterró el uso de Pegasus durante esta Administración, viajes onerosos de parte del titular de la Sedena, acusaciones de abuso sexual dentro de las Fuerzas Armadas e informes sensibles sobre la salud del presidente.
López Obrador ha insinuado que existe un contubernio entre medios locales e internacionales con agencias estadounidenses para sembrar los escándalos y, en otras ocasiones, ha dicho que la filtración fue financiada desde el extranjero. “Muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA”. Los dichos del mandatario se dieron en medio de cuestionamientos a raíz de investigaciones periodísticas y sin aportar pruebas. México ha sido catalogado como el país más peligroso para la prensa, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras. “Quieren mandar, violar nuestra soberanía, supuestamente para debilitarnos políticamente”, ha asegurado. El presidente mexicano nunca había sido tan explícito al señalar a las agencias de seguridad de EE UU ni al Pentágono, en específico. La saga de tensiones entre ambos países abre un nuevo capítulo.
