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López Obrador condecoró al general Salvador Cienfuegos, acusado por EE UU de narcotráfico y luego exonerado en México

El secretario de la Defensa en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya detención en 2020 causó un choque diplomático entre México y EE UU, recibió un reconocimiento por sus contribuciones al Ejército

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha entregado una condecoración al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien fue acusado por Estados Unidos de narcotráfico en 2020 y finalmente exonerado por el Gobierno mexicano por falta de pruebas. López Obrador le ha entregado este miércoles la presea “Bicentenario del Heroico Colegio Militar”, que distingue a los mandos del Ejército por sus contribuciones al plantel de formación castrense. Cienfuegos, que fue director del colegio de 1997 al año 2000, tuvo un sitio privilegiado en el presídium entre López Obrador y funcionarios de su gabinete, incluidos los actuales jefes del Ejército y la Marina.

Al recoger la condecoración, en un evento protocolario en el Estado de Veracruz, el extitular del la Defensa hizo un saludo con la mano en la frente al mandatario, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se estrecharon la mano e intercambiaron palabras que solo pudieron escuchar los funcionarios cercanos. Otro mando militar recibió la misma presea, el general Enrique Cervantes, secretario de la Defensa en el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).

López Obrador defendió hasta el final la reputación de Cienfuegos cuando este fue arrestado el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles frente a su familia. La agencia antidrogas de EE UU, la DEA, lo acusaba de narcotráfico y blanqueo de dinero en colaboración con el Cártel del H-2, una escisión de la red criminal de los Beltrán Leyva. El Gobierno de López Obrador presionó, a través de la Cancillería y la Fiscalía General de la República (FGR), para que EE UU entregara al general a México, con la promesa de procesarlo en el país. Al poco tiempo de pisar territorio nacional, la FGR finalmente le retiró los cargos.

La entonces Administración de Donald Trump acusaba a Cienfuegos con base en miles de mensajes de Blackberry supuestamente intercambiados entre el general e integrantes del Cártel del H-2, que operaba en la costa norte del Pacífico en México. Según la acusación, Cienfuegos apoyó al H-2, Juan Francisco Patrón Sánchez, al menos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, dándole protección a sus operaciones ilícitas a cambio de sobornos. La DEA señalaba que, gracias a la colaboración del general, el H-2 pudo traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a EE UU.

El Gobierno de López Obrador protestó por el hecho de que las agencias estadounidenses no le hayan comunicado que estaba en curso una investigación a un prominente exfuncionario. Más aún, era nada menos que el exjefe del Ejército, una institución a la que López Obrador tiene un profundo respeto. “Yo voy a pedir toda la información sobre este tema, porque es una institución de instituciones, es un pilar del Estado mexicano”, dijo el mandatario en una de sus conferencias. “Es un asunto muy delicado y yo quiero darle seguimiento e informar para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución”.

México consideró que se trató de una violación a la soberanía nacional y presionó con la misma moneda: amagó con expulsar a los agentes estadounidenses que se encontraran haciendo labores en territorio nacional y con modificar la ley para hacer que la cooperación en operaciones de inteligencia fuese más transparente. Washington cedió y envió a México las pruebas que sustentaban la investigación. Las presiones diplomáticas tuvieron éxito y finalmente EE UU retiró a Cienfuegos las acusaciones y lo entregó a México para que lo juzgase.

La FGR inició una investigación propia y descubrió que los mensajes de Blackberry atribuidos al exsecretario de la Defensa estaban escritos con unas faltas ortográficas tales que despertaban dudas sobre la solidez del expediente. Poco después la Fiscalía concluyó que el general “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”. López Obrador celebró la resolución de la FGR y afirmó que la DEA “fabricó” la acusación contra el militar.