Después de que el jurado de Estados Unidos ha declarado culpable a Genaro García Luna de todos sus cargos entre ellos narcotráfico y delincuencia organizada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene dos salidas: hacer justicia o hacer política. Si decide hacer política se colgará la medalla ajena, dirá que la historia le dio la razón, que la corrupción de antes quedó probada, que es inmoral ser panista, que sus adversarios han sido derrotados, que en México el pueblo ya decidió en la consulta que no quiere enjuiciar a expresidentes y que como no es su fuerte la venganza, ahí la deja. Sin embargo, si quiere hacer justicia, es decir a transformar la realidad, debe arriesgarse.
Él sabe que el juicio de García Luna le abre las puertas nuevamente para que el ex presidente Felipe Calderón sea investigado y juzgado penalmente en México. En ese juicio se habló del mercado ilegal de las drogas, de los millones que genera y de las redes de corrupción que necesariamente lo sustentan. Se habló del tráfico de armas que entran por nuestras fronteras, de lavado de dinero, de los delitos de alto impacto y de la violación masiva de derechos humanos que esa complicidad crimen – gobierno ha generado.
Hacer justicia significa hacer frente a todo eso. A ilegalidades que pasaron y que necesariamente siguen pasando para mantener el mercado. Enjuiciar a Calderón significa buscar la verdad: investigar patrones, métodos, actos de corrupción a gran escala vinculados con la criminalidad organizada y sus redes de apoyo, aunque involucren también a integrantes de su gobierno. Significaría también asumir el fracaso de la prohibición que se puede resumir en este dato contundente: en 2005 antes de que el ejército se involucrara en tareas de seguridad pública y se declarara la llamada “Guerra contra las drogas” hubo 9.329 homicidios anuales mientras que, en 2021, tras 15 años de presencia militar hubo 35.625 homicidios.
Eso debería traer como consecuencia una política de regulación de las drogas y la desmilitarización del país. Ello desde una perspectiva de salud pública y reducción del daño, con todo el cambio de visión social y política que eso conllevaría. Hacer justicia sería hacerse cargo de generar un alto al fuego que baje la violencia de manera radical; deshacer bandas de alta criminalidad y asegurar el desarme. Reparar a las víctimas directas e indirectas de más de 15 años de “Guerra contra las drogas” mediante un mecanismo masivo, sencillo y accesible, que pueda dar solución a sus exigencias, además de gestionar los impactos del narco y la reparación colectiva en territorios expuestos a la narco violencia.
En síntesis es atender las causas, como dice él. Andrés Manuel López Obrador tiene en sus manos la hebra que podría deshacer el nudo social en el que vivimos. Es su momento de decidir si lo transforma o seguimos igual.