Andrés Manuel López Obrador ha aparcado los circunloquios y ha entrado de lleno en la campaña de las elecciones de junio. El presidente mexicano ya reconoce abiertamente su intervención en la pugna electoral, desde hace décadas su hábitat político natural, aunque se escuda en su narrativa de lucha contra la corrupción para justificar su comportamiento. El episodio más reciente tiene que ver con dos candidatos al Gobierno de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y Adrián de la Garza, aspirante de la alianza entre PRI y PRD. Algo parecido ha ocurrido con Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, del PAN. Todos ellos tienen una carpeta abierta en la Fiscalía General de la República (FGR). Pero a pesar de la gravedad de los cargos, también son adversarios del mandatario. Y las legítimas investigaciones de la justicia en contra de estos políticos se han convertido en un filón de la campaña desde las conferencias de prensa matutinas del presidente.
Las acusaciones de López Obrador tienen un común denominador: nunca perjudican a los candidatos de su partido, Morena. Este martes, al ser preguntado por sus señalamientos contra los candidatos de Nuevo León, investigados por compra de votos y financiación ilícita, no ha tenido reparos en admitirlo: “Pero ¿cómo no voy a tener que ver? Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude”, ha dicho en referencia a unas “tarjetas rosas” supuestamente repartidas por el PRI de De la Garza a cambio de votos. “Lo vi en las redes sociales y pensé que podía ser una noticia falsa, y luego ya se comprobó de que es real”, ha agregado.
El presidente dejó claro a principios de abril, al comenzar la llamada veda electoral, que no renunciaría a referirse a los escándalos de sus rivales políticos. “Sí puedo decir que son conservadores nuestros adversarios, eso sí”, afirmó entonces. Y así lo ha hecho. Tratando, cada día, de demostrar una coincidencia casi matemática entre la corrupción y las posiciones políticas críticas con Morena. El partido oficialista domina las encuestas para la Cámara de Diputados y en la mayoría de los 15 Estados que el 6 de junio eligen nuevo gobernador. Nuevo León ha sido hasta ahora una excepción. Antes de que la FGR abriera el lunes estas investigaciones, la candidata de Morena, Clara Luz Flores, se situaba muy por debajo de sus contrincantes. Su desplome en los sondeos coincidió, en marzo, con la difusión de un vídeo de 2016 en el que aparece con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, condenado a 120 años de prisión explotación sexual, posesión de pornografía infantil y trata de personas.
Tamaulipas no renueva en estos comicios su gubernatura, pero sobre la máxima autoridad de ese Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, también pesa una investigación por supuesto lavado de dinero y un pulso por un desafuero que de momento ha entrado en un aparente callejón sin salida. La Cámara de Diputados aprobó el 30 de mayo su desafuero, pero el Congreso local, que tenía la última palabra, rechazó despojarle de su inmunidad, una medida que tenía el objetivo de allanar el camino a las acciones penales de la Fiscalía. El mismo organismo intenta ahora acelerar la investigación del escándalo a través de un nuevo intercambio de información con el Departamento de Justicia y el FBI.
También en este caso, el presidente se ha pronunciado sobre el político, vinculado por los investigadores a decenas de propiedades a nombre de terceros en México y en Estados Unidos. “También para los adversarios conservadores, si nosotros nos quedamos callados y salen estos asuntos en Estados Unidos, ¿qué se dice? Que aquí no hay justicia. ¿No nos acusan de eso?, ¿que solamente allá? Pues por eso, todo lo que envíen se investiga, todo”. Sin embargo, no ha sucedido así con el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, detenido en el país vecino, extraditado y después exonerado por la Fiscalía. Ni con el antiguo director de Pemex Emilio Lozoya.
Las palabras de López Obrador, que hace tres semanas fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por difundir propaganda, nunca perjudican a los candidatos afines. Ni siquiera cuando afronta cuestionamientos flagrantes como el de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, finalmente inhabilitado por las autoridades electorales al igual que Raúl Morón en Michoacán. Y la ruptura con el pasado solo parece interesarle si supone un posicionamiento contra las Administraciones del PRI y del PAN. Y en contraposición con los ataques que protagonizan sus conferencias mañaneras, que se suelen sustentar en insinuaciones, el presidente pidió contención hace una semana tras el hundimiento de un puente de la Línea 12 del metro, una de las obras emblemáticas de la Administración del PRD en Ciudad de México envuelta por la sombra de la corrupción.
“No podemos caer en el terreno de la especulación y mucho menos en el de culpar sin tener pruebas a los posibles responsables”, afirmó el mandatario horas después del derrumbe, que truncó 26 vidas y quebró sus familias. Una prudencia inusual que choca con el arrojo habitual de las batallas contra los que considera sus rivales, sean ellos dirigentes de los partidos opositores, jueces o representantes de otras instituciones del Estado. La prioridad es vivir a la contra y vivir en campaña, siempre y cuando convenga al Gobierno.
