El Gobierno de México ha enviado al Congreso su propuesta para transferir la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde su nacimiento, en marzo de 2019, no han faltado las críticas estos años por la cercanía de la corporación al Ejército. El titular de la Guardia es un mando castrense en retiro y la mayoría de sus integrantes son militares transferidos de las Fuerzas Armadas. El Congreso arranca este jueves el periodo de sesiones en el que discutirá y votará la iniciativa.
Apenas ha habido respiro para la Guardia Nacional. Surgida en medio de un enconado debate sobre su pertinencia, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señalaba su advenimiento como remedio a dos de los males principales que azotan al país, la corrupción y la inseguridad. Para el mandatario, la Policía Federal, predecesora de la Guardia, era un lastre, ejemplo de corruptelas y fracasos. Era necesaria su desaparición.
Desde la campaña presidencial y tras su victoria, en julio de 2018, López Obrador planteaba la aparición de la Guardia Nacional como una solución a ambos problemas. Ya entonces, el futuro presidente planeaba la adscripción castrense de la corporación. Para él, las Fuerzas Armadas eran -y son- el depósito de las esencias de los antiguos ejércitos revolucionarios, que derrocaron el régimen del caudillo Porfirio Díaz, hace poco más de un siglo: incorruptibles, confiables, leales, efectivas. En más de una ocasión ha repetido la frase de que el “el Ejército es el pueblo uniformado”, o alguna de sus variantes.
En aquella época, voces críticas de la sociedad civil, agrupadas en torno al colectivo Seguridad sin Guerra, expresaron su preocupación por la intenciones de López Obrador. Señalaban los errores cometidos en Gobiernos anteriores por el empleo policial de militares, uso paralelo a la proliferación de denuncias por violaciones a derechos humanos cometidos en las calles por soldados.
Académicos y activistas exigieron a Morena, partido del presidente, que defendiera el carácter civil de la Guardia en el Congreso, tanto en la reforma constitucional que exigía su nacimiento, como en las leyes secundarias que regularían su funcionamiento posterior. Entonces, los críticos doblaron el brazo al mandatario, que cedió. Pero su intención todos estos años ha sido volver al plan original.
Así lo dijo hace unas semanas, en una de sus conferencias de prensa matutinas. “Voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, quiero que sea la Sedena la que se haga cargo”, dijo entonces. La Secretaría de Gobernación ha enviado finalmente este miércoles el decreto, que planea reformar varias leyes, entre ellas la de la Guardia Nacional, la del Ejército y la Fuerza Aérea, o la de la Administración Pública federal.
Lejos de resolverse con reformas a estas leyes, el cambio genera un embrollo jurídico que tardará en resolverse. El problema para el Gobierno está en la Constitución. Como parte de la creación de la Guardia Nacional, el Congreso consagró su carácter civil en la Carta Magna. Para cambiar la Constitución, Morena necesitaría dos tercios de los asientos en la Cámara de Diputados, mayoría de la que carece. No han sido pocas las voces que han criticado que ante las dificultades legales, el Gobierno plantea, simplemente, ignorar la Constitución.
