La obsesión que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador por el control de los recursos energéticos de México lo ha llevado al borde de la muerte. Él mismo lo ha confesado. En diciembre de 2013, cuando comenzaba a fundar el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue ingresado en un hospital al sur de la Ciudad de México debido a un “infarto agudo” cuando organizaba una protesta a las afueras de Congreso mexicano en contra de la reforma energética del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto que abría la puerta a las empresas privadas.
Es así como la compra de plantas eléctricas de la española Iberdrola por el Gobierno de México representa un paso más, quizá el más pronunciado, en un camino tomado hace años, que cumple con la razón de ser de Morena. Desde su fundación, el partido ha buscado hacer del Estado el único jugador importante en el sector energético y, aunque no es en realidad una nacionalización como la llamó el presidente, sí es una victoria para su proyecto político.
El afán de López Obrador sobre los recursos energéticos pasa por su admiración al expresidente Lázaro Cárdenas, quien en 1938 expropió las empresas extranjeras que en este tiempo controlaban la industria petrolera del país. Consultado por este diario, Gonzalo Monroy, consultor especializado en energía, afirma que la compra de activos a Iberdrola no es una nacionalización, ya que el Estado mexicano no adquirió propiedad sobre ninguna de las plantas. La CFE será operadora, mas no dueña. “No es una nacionalización, pero es una victoria para el presidente”, consideró.
Desde el inicio de su administración, el mandatario ha utilizado cualquier mecanismo, herramienta o vacío legal a su alcance para fortalecer a las empresas estatales dedicadas a la explotación de recursos energéticos como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ambas son sus consentidas y es notorio desde a quiénes nombró para encabezarlas. El director general de Pemex es Octavio Romero Oropeza, paisano y amigo de López Obrador, así como el encargado de las adquisiciones y contrataciones durante su Gobierno en la capital del país. En la CFE manda, desde el 2018 también, Manuel Bartlett, un expriista poderoso en los años 80, que se acercó al presidente precisamente cuando combatía la reforma energética desde la oposición.
El presidente López Obrador, Bartlett y Romero Oropeza han intentado de todas las formas erradicar la reforma energética del Gobierno de Peña Nieto. Han bloqueado y congelado permisos de empresas privadas para generar energía, han debilitado a los organismos autónomos del sector energético, creados con la reforma de 2014, como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos colocando a cercanos en puestos clave, han cancelado subastas de energía, han frenado el desarrollo de proyectos energéticos desde la iniciativa privada y han cancelado las rondas petroleras, el sistema por el que se habían licitado proyectos de exploración y perforación a empresas mexicanas e internacionales después de la reforma energética de hace nueve años.
En su lugar, el Gobierno del tabasqueño ha trabajado para fortalecer a la CFE y a Pemex. A la primera con legislaciones que priorizan la producción eléctrica de la paraestatal y a la segunda con inversiones para sanear sus finanzas. Más de 35.000 millones de dólares del presupuesto público de México se han ido en rescatar a la petrolera.
La misma historia con el petróleo y con la energía eléctrica se ha repetido con el litio. En febrero pasado, el presidente López Obrador firmó un decreto para nacionalizar ese recurso energético y ahora su explotación es exclusiva del Estado mexicano. En México, gran parte de la población ha apoyado las decisiones del mandatario en materia de expropiación de los recursos energéticos. Apenas el 18 de marzo pasado, el tabasqueño llenó el Zócalo de la Ciudad de México tras convocar a una manifestacióncon el pretexto de celebrar la expropiación petrolera de Cárdenas. En algunos países del mundo se cuestiona a los gobiernos por no avanzar en la regulación de los recursos energéticos, como el petróleo, el gas y el litio, ante el aumento de precios en el uso de la energía.
¿Nueva nacionalización?
Hay mucho todavía por saber sobre el negocio con Iberdrola, en parte porque la Secretaría de Hacienda ha decidido reservarse, por ahora, algunos datos clave. “Vamos a dar detalles en las próximas semanas”, prometió el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Los activos pasarán a manos de un fideicomiso administrado por la empresa privada Mexico Infrastructure Partners (MIP), según el comunicado de Hacienda. Esto significa que, a pesar de que el presidente lo llamó “una nueva nacionalización”, se trata de una transacción de un privado a otro.
Ramírez de la O dijo que “seguramente” la mayoría de los recursos para hacer la compra vendrán del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), sugiriendo que el Estado tendrá una participación mayoritaria y dejando la puerta abierta al capital privado. El funcionario informó que CFE no tomará las instalaciones para su operación hasta que la transacción “aterrice”. También aseguró que el monto pactado, 6.000 millones de dólares, está “sujeto a los refinamientos” que se harán en los próximos cinco meses. Tomando en cuenta el historial de esta Administración, se espera que el monto sea considerablemente mayor.
Otras obras emblemáticas de la Administración de López Obrador han registrado altos sobre costos. El Tren Maya costará 20.000 millones de dólares, el triple de lo anunciado originalmente. La refinería Olmeca pasó de costar 8.000 millones de dólares originalmente a 11.000. También la adquisición de una refinería en Deer Park, Texas, se espera que cueste 18.000 millones de dólares — el doble de lo presupuestado — según la agencia Bloomberg.
La compra de Deer Park se parece a la compra de las plantas de Iberdrola. La refinería era un negocio de Pemex en copropiedad con Royal Dutch Shell, empresa que inició un proceso de desinversión en tecnologías contaminantes hace un par de años, para alcanzar menores objetivos de emisiones de carbono. Es decir, lo que le empezaba a estorbar a Shell, México lo compró para hacerse con mayor mercado en refinación.
Lo mismo ocurre en la compra de 80% de los activos de Iberdrola en México. La española anunció a finales del año pasado una “descarbonización” de sus activos para enfocarse en energías más limpias. Especialistas estiman que gran parte de las tecnologías que vendieron (a excepción de un parque eólico) tienen entre 20 y 40 años más de vida, con su debido mantenimiento, pero haberlas vendido le abre a Iberdrola la oportunidad de invertir en tecnologías limpias que reducirán sus emisiones de carbono más rápidamente.
La empresa también gana en esta transacción porque le pone fin a su tensa relación con el Gobierno de López Obrador. Desde que tomó el poder en 2018, el presidente ha atacado a la empresa, acusándola de haber “abusado” el pueblo mexicano. Y es que, la huella de la española en México se extendió rápidamente durante las dos Administraciones previas, convirtiéndose en una de las generadoras privadas con mayor mercado.
Sin riesgo para otras empresas
Los mercados no ven riesgo de que otras empresas extranjeras reciban el mismo trato por parte de López Obrador. Es por esto que el tipo de cambio peso-dólar, visto como una métrica del sentimiento de los mercados hacia México, no reaccionó ante las noticias. El resto del sector no está en riesgo de recibir el mismo trato, argumentó el analista de Eurasia Daniel Kerner en un reporte el miércoles.
“Esto no es un presagio de operaciones similares en el futuro”, dijo Kerner. “Iberdrola fue un caso especial, y el presidente ha tenido un enfoque más mesurado con otras generadoras de energía, especialmente desde la reunión con el presidente [estadounidense] Joe Biden y el primer ministro [canadiense] Justin Trudeau en enero de 2023. La administración se volvió más flexible para evitar profundizar el conflicto comercial con Canadá y Estados Unidos, un enfoque que es poco probable que cambie”, escribió el especialista.
