Los retos que enfrenta la presidenta-electa Claudia Sheinbaum son de primer orden y abarcan distintas dimensiones: económica, social, de seguridad pública.
Primero deberá de recuperar el crecimiento económico. El crecimiento económico durante la presente Administración (2018-2024) será de alrededor de 1% por año. Esto implica, en términos per cápita, un crecimiento prácticamente nulo.
Evidentemente, este resultado se vio afectado por la pandemia y por la severa contracción económica de 2020. Sin embargo, también es cierto que México fue uno de los países que más se contrajeron y que más tardaron en recuperar su nivel de actividad económica previa debido a la ausencia de una política fiscal contracíclica.
Hacia adelante, será necesario echar a andar los motores de crecimiento con más ahínco. Lo visto en este sexenio demuestra que la inversión pública por sí sola no es suficiente para arrastrar a toda la economía. Será necesario mejorar el entorno de negocios, reducir la incertidumbre en algunos sectores (como el energético, por ejemplo), realizar obras de infraestructura con un sentido estratégico, reducir la inseguridad pública (en especial la extorsión) y garantizar el acceso a insumos clave (agua, gas, electricidad, etc.) para que la inversión privada aumente en forma significativa y contribuya así al desarrollo nacional.
Segundamente, el país enfrentará dos retos fiscales importantes, uno en el corto y otro en el mediano plazo. En el corto plazo está el tema de la consolidación fiscal de 2025. Como se sabe, el déficit fiscal para este año será de 5,9% del PIB. La razón de este elevado déficit fiscal se atribuye a la conclusión de los programas prioritarios de la actual administración y a un programa de apoyo extraordinario a Pemex. Un déficit de esta magnitud no puede continuar de manera indefinida sin poner en riesgo el grado de inversión del país, por lo que se prevé un ajuste fiscal importante para 2025.
En los documentos presentados hasta ahora se prevé una reducción en el gasto público cercana a 3 puntos porcentuales del PIB en 2025. Es posible que un ajuste de esta magnitud no pueda ocurrir sin afectar en forma significativa a la actividad económica. Por lo mismo, lo más probable es que la consolidación fiscal deba hacerse en forma gradual y que esta se prolongue por lo menos hasta 2027.
Un ajuste de esta naturaleza sería más factible y no pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica. El tipo de ajuste fiscal a realizar a partir de 2025 será una de las primeras decisiones clave de la nueva Administración.
Por otro lado, se tiene enfrente un problema de mediano plazo más estructural. Esto se debe a que los ingresos públicos presupuestarios como porcentaje del PIB se han mantenido relativamente estables en los últimos quince años, mientras que el gasto público presupuestario muestra una cierta tendencia creciente. Este resultado se explica porque, si bien los ingresos tributarios han aumentado ligeramente, esto ha sido apenas suficiente como para compensar la caída que se ha observado en los ingresos petroleros.
El hecho de que los ingresos se hayan mantenido relativamente constantes, mientras que los egresos muestran una tendencia a crecer implica que, en el mediano plazo, la tendencia va a ser hacia un déficit público creciente. Debe tenerse en cuenta, además, que la tendencia creciente del gasto continuará por razones demográficas (lo que se reflejará en un mayor gasto en pensiones contributivas y no contributivas) y epidemiológicas (lo que se traducirá en mayores presiones de gasto en salud).
Si a esto le sumamos los mayores compromisos de gasto que se derivarán de las ofertas realizadas durante la campaña tenemos que, hacia adelante, la presión fiscal no hará sino aumentar. Por ende, tarde o temprano deberíamos discutir las características que podría tener una eventual reforma fiscal.
El pletórico reto de Pemex. La empresa petrolera mexicana enfrentará un doble reto: por un lado, uno de carácter financiero; por el otro, uno de carácter operativo. Pemex es, como se sabe, la empresa petrolera más endeudada del mundo. No solo eso, tiene enormes compromisos financieros de corto plazo.
Al haber perdido el grado de inversión, las condiciones en las que se puede seguir endeudando son muy costosas, mucho más de lo que le cuesta el financiamiento al soberano. Por lo mismo, el Gobierno mexicano ha optado por la ruta de apoyar financieramente a Pemex, sin que ello implique asumir la deuda como tal. Hacia adelante, esto tendrá que definirse con mayor claridad. La ruta discrecional que se ha seguido hasta ahora solo produce incertidumbre y volatilidad.
En cuanto a la parte operativa, Pemex también requiere un ajuste mayúsculo. Tiene que decidir a qué se va a dedicar y dónde pondrá sus recursos futuros. La caída en la producción petrolera es una realidad que ya se ha asumido plenamente. Sin embargo, todavía está por definirse si le va a dedicar recursos futuros importantes a la exploración y extracción de petróleo o si seguirá invirtiendo en la transformación.
En suma, se trata de tres retos de gran calado a los que deberá hacer frente quien quiera que resulte electa en los comicios de este domingo. De las respuestas de política que se den a estos tres temas dependerá el futuro económico del país.
