La reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, es un poliedro de varias caras que generan polémica. El asunto más comentado ha sido la propuesta de que todos los jueces sean electos por voto directo en las urnas. Pero esta semana se ha incorporado un nuevo factor de controversia.
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron incluir en la iniciativa la figura de los jueces anónimos con el objeto de proteger a los juzgadores que lleven casos de delincuencia organizada. Se trata de una medida con nobles fines pero que ha dado lugar a abusos que las asociaciones civiles y los organismos internacionales han documentado y denunciado, pues viola el derecho a un juicio ante un tribunal independiente, imparcial e idóneo.
La figura de ‘jueces sin rostro’ fue incorporada a la iniciativa oficialista por recomendación del propio López Obrador, que en su conferencia Mañanera del 20 de agosto dijo que hacía falta incluir una “especie de protección” para los jueces que despachen casos del crimen organizado. “Un mecanismo en donde resuelvan autoridades sin que se conozca, buscar una forma que se pueda hacer, porque muchos están sometidos a amenazas, a presiones”, dijo el mandatario.
Este lunes, durante la votación de la iniciativa en comisiones de la Cámara de Diputados, se aprobó modificar el dictamen con la recomendación presidencial. La reforma establece ahora que, para los casos de delincuencia organizada, el Órgano de Administración Judicial —de nueva creación— “podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras”.
El mecanismo de jueces anónimos existe en Colombia y Perú y ha sido utilizado principalmente para combatir a las guerrillas, al narcotráfico y al terrorismo. “Este tipo de tribunal fue creado en Italia, donde se implementaron para los juicios contra las mafias locales”, leyó la diputada Lidia García Anaya, de Morena, al proponer la modificación a la iniciativa. “Se trata de órganos donde los jueces son anónimos, con el objetivo de salvaguardar su integridad y también de sus familias”, añadió.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha explicado que, aunque la identidad de tales jueces puede ser verificada por una autoridad independiente, el acusado la desconoce y también ignora la condición de los juzgadores. Además, añade el Comité, los juicios con ‘jueces sin rostro’ suelen traer aparejadas otras irregularidades: la exclusión del público, e incluso del acusado o de sus abogados, de las etapas del proceso; restricciones a la comunicación entre el acusado y sus representantes, o a que el acusado pueda tener un abogado de su elección; plazos insuficientes para preparar la defensa; o graves restricciones para citar o interrogar a testigos, por ejemplo, a los agentes responsables de la detención e interrogatorio del acusado.
“Los tribunales, con o sin ‘jueces sin rostro’, en circunstancias como estas, no satisfacen las normas fundamentales de un juicio con las debidas garantías ni en particular el requisito de que el tribunal debe ser independiente e imparcial”, ha concluido el Comité de la ONU.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha emitido jurisprudencia contra la medida de jueces anónimos. El organismo señala que el recurso impide a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configuran causales para pedir su recusación, lo que infringe el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. “El juzgamiento por jueces de identidad desconocida no permite al procesado cuestionar su competencia, legalidad, independencia e imparcialidad”, ha indicado.
La Corte ha emitido resoluciones en las que ha asentado las violaciones a los derechos humanos de personas sentenciadas por tribunales anónimos. En el caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, la Corte revisó la situación de dos hombres que fueron detenidos sin orden judicial o flagrancia del delito y acusados de poseer documentos o propaganda del grupo armado Sendero Luminoso. Ambos fueron sentenciados por un tribunal “sin rostro” y sometidos a condiciones carcelarias restrictivas e inadecuadas.
El recurso de los jueces anónimos fue impulsado en México, en su momento, por el expresidente Felipe Calderón, el artífice de la guerra contra el narco. El exmandatario panista pidió al Congreso en 2010 una modificación legal para incorporar al sistema jurídico mexicano dicha figura, no solo para proteger a los juzgadores, sino también a policías, fiscales y testigos, a fin de que pudiesen denunciar o declarar en un juicio sin exponerse a venganzas de los criminales.
La petición, que no prosperó, resultaba contrastante con el impulso que estaba dando México a los juicios orales, un modelo de impartición de justicia más ágil y transparente. Muchos estudios sitúan en el calderonismo, cuando el Gobierno lanzó una ofensiva frontal contra los cárteles, el nacimiento de la espiral que ha hundido a México en la violencia sin fin del crimen organizado.
La reforma judicial de López Obrador está lista para ser aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, donde la nueva Legislatura tomará posesión el próximo domingo. Morena y sus aliados del PVEM y el PT reúnen la mayoría calificada para avalar cambios a la Constitución sin tener que negociar con la oposición, reducida a la irrelevancia política. El expresidente Calderón está a días de ver cumplido uno de sus anhelos en una Legislatura dominada por el bloque afín a López Obrador.
