Hace treinta años, Gilberto Rodríguez Orejuela y sus socios eran los criminales más potentes del mundo, y se calculaba que controlaban el 75% de los envíos de cocaína desde Colombia. Adoptaron un enfoque empresarial para un comercio sin ley, prefiriendo a menudo el soborno a la violencia, y utilizaron sus beneficios de las drogas para comprar empresas legales, desde cadenas de farmacias hasta el América de Cali, un club de fútbol en su ciudad natal. Cuando murió el 31 de mayo tras 18 años en una prisión estadounidense, Rodríguez apenas fue recordado en su país. Sin embargo, el negocio del que fue pionero es más fuerte que nunca, mientras que en todo el continente americano hay una fatiga palpable con la “guerra” contra él.
Ese cansancio fue expresado por los dos candidatos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia el 19 de junio. Rodolfo Hernández, un populista de derecha, pidió la legalización de las drogas. Su rival de izquierda, que ganó las elecciones, Gustavo Petro, afirmó que su país debe reconocer que la guerra está perdida.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es partidario de “abrazos y no a balazos” para los miembros de a pie del narcotráfico; las detenciones de capos de la droga cayeron hasta hace poco. Los funcionarios de Estados Unidos parecen más preocupados por la llegada de migrantes que de cocaína. Las muertes relacionadas con las drogas siguen aumentando allí, pero más del 60% están causadas por el fentanilo, una potente droga sintética, que se realiza en gran parte en México.
Desde la década de 1990, la política antidroga en la región ha tenido tres vertientes: la erradicación de la coca, la materia prima de la cocaína; la promoción de medios de vida alternativos mediante el “desarrollo rural integrado”, según la jerga; y la incautación o destrucción de cargamentos de droga, plantas de procesamiento, insumos químicos y dinero.
La más visible y controvertida de las tres es la erradicación de la coca. Es una tarea de Sísifo. Entre 2000 y 2006, Colombia redujo su superficie de coca a la mitad, principalmente mediante la pulverización aérea de glifosato, un herbicida. Pero la plantación volvió a aumentar durante y después de las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla marxista de las FARC, que controlaba gran parte de las zonas productoras de coca. En 2015, el gobierno prohibió la fumigación aérea por razones legales y sanitarias.
Iván Duque, presidente de Colombia desde 2018, es un protagonista entusiasta de la guerra contra las drogas. Su gobierno ha erradicado más de 100.000 hectáreas de coca al año. Perú, el segundo mayor productor, también ha cumplido sus objetivos de erradicación, más modestos. Estos logros son ilusorios. En ambos países la producción total de coca ha aumentado inexorablemente. Según las estimaciones del gobierno estadounidense, la producción de cocaína en América Latina se ha duplicado con creces en la última década, hasta alcanzar las 2.400 toneladas anuales. Esto se debe, en parte, a que la productividad ha aumentado, con una plantación más densa, el riego y el cultivo cualificado. Ahora se ha detectado coca en Honduras y Venezuela, donde es un cultivo nuevo. En Colombia, el efecto de la represión ha sido llevar el cultivo a montañas remotas, parques nacionales y otras áreas protegidas, donde causa daños ambientales y es más difícil de erradicar.
Los expertos coinciden en que la erradicación forzosa no puede suponer una disminución sostenida de la oferta. Son partidarios de promover alternativas legales a la coca y confiar en la erradicación voluntaria. Pero es más fácil afirmarlo que hacerlo. “Pasar de un consenso a la construcción de políticas públicas requiere mucha capacidad gubernamental en el terreno”, afirma Daniel Rico, criminólogo. Desde 2016 los gobiernos colombianos han querido, en teoría, reforzar la seguridad y la presencia del Estado en las zonas rurales, pero no lo han hecho. En cambio, algunos aspectos del negocio de la droga han sufrido una legalización de facto, afirma Rico. Los agricultores rara vez son procesados por cultivar coca, y la mayor parte del blanqueo de dinero y del suministro de insumos químicos queda impune.
La economía de un negocio ilegal conspira contra los guerreros de la droga. El precio de venta al público de la cocaína está determinado por el riesgo, no por los costes, y es quizás 60 veces más alto en una calle californiana que en una granja andina. La legalización sería la respuesta más sensata. Pero hay pocas pruebas de que sea políticamente viable.
Esto hace que los gobiernos latinoamericanos tengan que enfrentarse a la fea realidad del crimen organizado. Las proteicas mafias que trafican con drogas se consolidan o se fragmentan, actuando con mayor o menor violencia, según los gustos y las circunstancias locales. Lo que sí es constante es su acumulación de poder militar, político y económico, ya que la cocaína se ha convertido en un negocio global. Si el próximo presidente de Colombia consigue mejorar la seguridad rural y dar un impulso a la actividad económica legal podría ser más eficaz que arrancar las plantas de coca.
