Al cierre de Julio de este año, más del 70% de los municipios en México presentaron algún grado de sequía, desde moderada a excepcional. Además, según información de la Comisión Nacional del Agua, más de la mitad del país registró temperaturas de hasta 45 grados centígrados, algunos con sensación térmica de 50.
Las consecuencias del cambio climático son inclementes: no escuchan pretextos ni atienden plazos o acuerdos firmados. Cada año, los ecosistemas de México pierden biodiversidad y padecen el aumento de los fenómenos extremos: inundaciones por lluvias torrenciales, más regiones con sequía severa, huracanes de mayor intensidad y frecuencia, calor extremo, por mencionar algunos.
En el marco del Acuerdo de París, México planteó reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para 2030, y las de carbono negro en un 51%. Este compromiso incluye objetivos específicos para varios sectores, como el energético, de transporte, agricultura, residuos, y silvicultura. Pero hay indicios de que el país va rezagado en sus objetivos. Un estudio de BBVA Research reveló que en 2023 el país se ubicó como el noveno mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo y, el segundo de América Latina despues de brasil
“México debería estar muy preocupado: necesita reducir la emisión de 30 millones de toneladas de dióxido de carbono por año hasta el 2030, y no están disponibles herramientas tan básicas como la creación del sistema de comercio de emisiones”, dice Eduardo Piquero, director general de MEXICO2, subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores.
El Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) es un mecanismo que incentiva a las empresas a reducir sus gases efecto invernadero, al establecer un tope de emisiones e instrumentos como los bonos de carbono para cuando sus fuentes fijas rebasen el umbral de emisiones determinado por la ley.
La fase piloto debía terminar en 2022 y la fase operativa comenzar en enero de 2023, con una regulación plenamente aplicable para las empresas, límites de emisión obligatorios y penalizaciones, pero no ha sido así. “Vamos tarde en la carrera para combatir el cambio climático, y estas iniciativas de reducción de emisiones que deben implementar las empresas para cumplir con sus objetivos siguen siendo un reto”, dice Fernanda Pérez, especialista en Finanzas Sostenibles y Cambio Climático de KPMG México.
Un nuevo mercado
Para evitar una situación extrema, la comunidad internacional y México, como parte de ella, se comprometieron desde 1997 a reducir la emisión de gases de efecto invernadero como parte del Protocolo de Kioto. En 2015, dentro del Acuerdo de París, México estableció reducir 22% de sus emisiones a la atmósfera hacia el 2030.
Para lograr esos objetivos, el Gobierno mexicano publicó en 2012 la Ley General de Cambio Climático y creó el sistema de comercio de emisiones, que establece un límite de 100,000 toneladas de dióxido de carbono emitido.
Los bonos de carbono son un instrumento financiero que se deriva de la reducción de dióxido de carbono lograda por algún proyecto ambiental, de conservación o de reforestación de bosques y selvas, y equivale a una tonelada de carbono absorbida de la atmósfera. Antes de comprar bonos, una empresa debe maximizar los recortes en sus emisiones de gases de efecto invernadero.
“El primer objetivo es que una empresa haga su inventario, que cuantifique cuántas emisiones está generando y trate de reducirlas a través de iniciativas internas como, por ejemplo, la adquisición de energía limpia y renovable, el cambio de tecnología, la actualización de equipos, previo a la transacción o compra de bonos”, dice Jiménez, la directora de Sustentabilidad de KPMG. Pero hay un punto en donde operativamente ya no es posible disminuir las emisiones y es en donde entra el comercio de emisiones.
Falta de planificación e incentivos
Uno de los principales desafíos que enfrenta el SCE en México es la transición del periodo de prueba al operativo. “Estamos todavía en espera de que se publiquen estas reglas bajo las cuales va a operar oficialmente el sistema de comercio de emisiones. Mientras tanto, las empresas continúan con el reporte y verificación de sus emisiones como lo venían haciendo en años anteriores”, dice la experta de la empresa de consultoría KPMG.
El periodo de prueba ha involucrado a 300 instalaciones de empresas, representando aproximadamente el 35% de las emisiones nacionales de CO2, que estarán obligadas a participar en el SCE.
Hasta ahora, la Ley General de Cambio Climático obliga a que las empresas que rebasan el umbral de 100.000 toneladas anuales de CO2 cuantifiquen sus inventarios de emisiones, verificados por un tercero.
La falta de claridad en las bases operativas limita la planificación de las empresas para cumplir con futuras regulaciones y con los acuerdos internacionales. “No saben cuál va a ser el tope de emisiones que se les va a permitir y el ritmo con el que van a tener que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero”, dice Pérez. La incertidumbre regulatoria también las puede disuadir de realizar inversiones significativas en tecnologías limpias, y afectar la capacidad del país para alcanzar sus compromisos.
Hasta que no se publiquen esas bases, las empresas operan en un entorno de prueba y simulación. Por ejemplo, las empresas no pueden comerciar bonos de carbono dentro del mercado obligatorio hasta que no comience la fase operativa.
Las empresas, en teoría, deben medir sus emisiones y respetar los límites de carbono establecidos por el Estado, implementando medidas o tecnologías para reducirlas. “Las emisiones que ya no pueden reducir las pueden compensar a través de la adquisición de bonos de carbono”, dice Pérez, de KPMG. Pero por ahora no están obligadas.
Los bonos de carbono son instrumentos financieros entre particulares emitidos a partir de proyectos específicos que absorben o evitan la emisión de CO2, como la reforestación y las plantas de tratamiento de residuos. Hasta ahora, en México los bonos de carbono solo operan en el mercado voluntario, con algunas empresas que participan por exigencias de sus inversionistas o por su presencia internacional.
En el país existen alrededor de 400 proyectos certificados para emitir bonos de carbono, que son principalmente de reforestación, dice Piquero, de MEXICO2. La mayoría reducen emisiones de dióxido de carbono para compradores de fuera de México. “El mercado en tres años pasó de 300.000 toneladas de CO2 a más de un millón. Esto es lo que los proyectos han reducido y las empresas compraron”.
Sin regulación no hay transparencia
La regulación es necesaria también para transparentar la información del mercado voluntario de bonos de carbono y evitar así el riesgo de greenwashing, que se trate solo de un lavado de imagen por parte de las empresas para aparentar ser más ecológicas de lo que son. Actualmente los proyectos de compensación no requieren ser autorizados por la autoridad ni existe un registro de los mismos, con las características del proyecto y la información del comprador ni del vendedor.
“Una de las cosas que la Semarnat [la secretaría de Medio Ambiente] podría hacer es que hiciera público todos los contratos de créditos de carbono, todos los contratos de compensación, que los proyectos pudieran ser públicos para que la sociedad civil pudiera ver las condiciones detalladas”, señala Patricia Moles, coordinadora del programa de Finanzas Sostenibles del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
“De esa forma se podría evitar que las empresas sean selectivas en su comunicación, y que digan ‘Yo ya estoy compensando’ cuando, por ejemplo, sus emisiones son de 10.000 y compensan 10″, dice la experta que aboga por la transparencia. La académica también pide un estándar de contrato.
Analistas advierten, además, de que el retraso de la implementación obligatoria del sistema de comercio de emisiones pueda tener una consecuencias económicas y comerciales. Pronto, algunos países exigirán que las compañías extranjeras, que deseen comerciar en su territorio, tengan un mercado de carbono obligatorio en sus países.
“A partir de enero del año que viene, la Unión Europea va a evaluar país por país si las empresas están obligatoriamente reduciendo emisiones localmente”, dice Piquero. Sus declaraciones sugieren que, en materia de sostenibilidad, México va atrasado. De no implementar el SCE, los expertos dudan que el país pueda cumplir con sus compromisos internacionales de reducción de emisiones, con serias implicaciones para el medio ambiente.
“Ahorita está la fase de transición hacia la fase operativa. En el caso de México, la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] es la encargada de publicar las reglas para lo que viene en el sistema de comercio de emisiones”, dice Jessica Jiménez, directora de Sustentabilidad de KPMG.
Por lo pronto, solo han tenido que cumplir empresas responsables de emitir más de 100.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera al año, entre las que se encuentran las industrias de hidrocarburos y electricidad, automotriz, cemento, química, alimentos y bebidas, y del vidrio.
“En México existen entre 60 y 70 empresas que están obligadas a reducir emisiones y lo pueden hacer cambiando sus procesos, volviéndose más eficientes, o bien comprando los llamados bonos de carbono”, dice Eduardo Piquero, director general de México2, que desarrolla mercados ambientales y subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores.
Además, existen unas 200 empresas, dice, que cumplen con la reducción de emisiones de manera voluntaria, ya sea porque se lo exige su matriz y clientes de otro país o bien sus inversionistas. A su vez, según Piquero, hay alrededor de 170 proyectos para compensar emisiones, de las que se obtienen bonos de carbono. “Si queremos ganarle al cambio climático, tenemos que tener cada vez más empresas y más proyectos que compensen emisiones, duplicar lo que actualmente tenemos”, asegura.
Retos a la vista
Al ser nuevo y en fase de prueba, el mercado de carbono en México enfrenta diversos retos. Del lado de la demanda, hay empresas que no tienen claro que son sujetos obligados y que no cuentan con personal competente a nivel técnico en el cálculo de emisiones. “Es un tema que requiere un alto grado especialización y puede ser que tengan personal internamente, que lo subcontraten o contrate a una consultoría que lo haga”, dice Jéssica Jiménez, de KPMG, firma que se acreditó como organismo verificador de gases de efecto invernadero.
Si bien es una buena oportunidad para aquellos que tienen algún tipo de proyecto de eficiencia energética, por ejemplo forestal, tienen que cumplir estándares internacionales para que el proyecto sea aceptado en el mercado de bonos de carbono.
En teoría, los proyectos deben ser verificados que efectivamente capturan carbono o disminuyen las emisiones del mismo. En un proyecto de reforestación, por ejemplo, una agencia verificadora contabiliza el impacto y les indica a los dueños de la tierra a cuantos bonos equivalen.
Otro de los retos a superar es que los dueños de la tierra reciban un pago justo por los bonos de carbono que generan sus proyectos, señala Santiago Espinosa de los Monteros, CEO de Toroto, una startup que cuenta con proyectos ambientales y con un mapa todas las zonas naturales de México donde pueden aplicarse los bonos de carbono.
“Hay jugadores que intentan abusar de los dueños de la tierra respecto a lo que les tocaría llevarse por estas actividades”, dice Espinosa, que desde la empresa que dirige garantiza el retorno de hasta 70% a quienes son dueños del desarrollo. Pero el mayor reto es lograr las reducciones de emisiones esperadas en el tiempo previsto, para lo cual será necesario que más empresas y proyectos se sumen a ese objetivo.
