La mañana del 8 de marzo, el juez de la corte suprema Edson Fachin alteró totalmente el entorno político de Brasil cuando en una sorpresiva decisión, anuló los cargos por corrupción y sobornos del expresidente Lula da Silva. El fallo del juez determinó que Curitiba, ciudad donde se realizaron los procesos judiciales que terminaron eventualmente con el expresidente en prisión, no tenía la jurisdicción apropiada para sentenciar el caso. Aunque la decisión del juez puede ser desestimada bajo apelación de todos los miembros de la corte suprema, las probabilidades que esto suceda son muy bajas; el caso deberá ser reinstaurado por completo en Brasilia. Mientras se discuten estas complicaciones administrativas, Lula da Silva recupera plenamente sus derechos políticos y retoma el protagonismo del escenario político en un año previo a elecciones generales.
Lula da Silva, exlíder sindical, ha sido una de las figuras más representativas del socialismo en la región latinoamericana en los últimos veinte años, liderando a Brasil como presidente durante dos términos desde el 2003 al 2010. Su carisma, popularidad, generosos beneficios sociales y el crecimiento económico durante su gestión lo convirtieron en el referente político de la izquierda en el continente.
En el 2018, fue condenado a 12 años de cárcel por delitos de corrupción, sobornos, y lavado de dinero revelados en la gigante investigación judicial Lava Jato que sacudió a Latinoamérica; demostrando que hasta los líderes más progresistas y exitosos estaban infectados por la corrupción permanente de la región.
Aún bajo su relativa inactividad política mientras estaba enjuiciado, da Silva ha sido uno de los críticos más elocuentes del actual presidente ultraderechista Jair Bolsonaro; reprochando su agenda de libre mercado, intenciones de privatizar entidades públicas y su negligencia durante la pandemia de Covid-19. Del otro lado del espectro político, bajo los ojos de la derecha, Lula da Silva personifica la corrupción del país; argumento que permitió en gran parte el éxito de Bolsonaro en las pasadas elecciones presidenciales.
Las encuestas de este mes realizadas por el instituto de investigación IPEC demuestran que da Silva es la mayor amenaza para el régimen oficialista, puesto que el 50% de los encuestados respaldarían al expresidente socialista en las elecciones del próximo año comparado con el 38% de apoyo hacia Bolsonaro.
Los mercados financieros predeciblemente reaccionaron de forma negativa al resurgimiento de da Silva en la política, las acciones cayeron 4 puntos porcentuales y el real brasileño se devaluó frente al dólar acercándose a su récord más bajo en la historia.
Sin embargo, el declive de confianza en los mercados también se debe a la creciente incertidumbre que un líder con la volatilidad de Bolsonaro representa. Existe la amenaza para los mercados que, en un acto de desesperación política, el actual presidente abandone el plan económico vigente y continúe en cambio con más donaciones de dinero, empeorando las finanzas públicas que ya se encuentran en estado de emergencia.
A Jair Bolsonaro, más que su ideología de ultraderecha, lo caracteriza su naturaleza autocrática, causante de la inestabilidad institucional bajo constantes ataques a jueces y desprecio público a las entidades democráticas. Brasil deberá considerar qué es más desestabilizante para el país, la continuación de un presidente irresponsable y negligente o el retorno de un estandarte político inmerso en delitos de corrupción. Ambas opciones amenazan exacerbar la crisis política de la última década.
En las elecciones, Lula recordará al pueblo brasileño los generosos beneficios sociales y buenos resultados económicos de su administración – fruto de haber maniobrado bien el histórico auge petrolero de la época- que hoy en día, en comparación con la alta tasa de desempleo y debacle económica en años de pandemia, son magnificados y serán unos de sus argumentos más persuasivos en la campaña electoral.
Por su lado, Bolsonaro retomará el discurso denunciando la corrupción de Lula y así buscará desviar la atención de su pobre manejo de la pandemia que ha resultado en la muerte de 280.000 brasileños y de los escándalos de corrupción que involucran a su familia. Después de todo, es más fácil enfrentarse a un candidato que no puede reprochar sus presuntos delitos de corrupción sin ser señalados los suyos también.
A pesar de que sus derechos políticos fueron restaurados no por inocencia sino por un desliz administrativo, Lula es la opción más fuerte para sacar del poder al nocivo Bolsonaro; los votantes brasileños decidirán entre dos líderes polarizados envueltos en escándalos de negligencia, autocracia y corrupción, algo que se ha vuelto común en cada elección latinoamericana. Si gana Lula, liderará a Brasil mínimo 13 de los últimos 26 años, realidad nefasta para un país en gran necesidad de democracia y nuevas generaciones de liderazgo; además se corre el riesgo que una vez en el poder interfiera en el cuerpo judicial y anule en su totalidad los casos de corrupción en su contra.
El caso Lava Jato que en su tiempo generaba un poco de esperanza de que la corrupción no quedaría impune, ha creado grandes huecos en la credibilidad del sistema judicial y por un error de jurisdicción anuló años de esfuerzo y recursos públicos.
