Cuando Donald Trump inició la guerra comercial con China en 2018, México parecía bien situado para beneficiarse.
Para los fabricantes estadounidenses que luchaban por esquivar los aranceles recién impuestos a las importaciones chinas, el atractivo de trasladar la producción a su vecino del sur parecía claro. México ofrecía una mano de obra cualificada, buenas conexiones por carretera y ferrocarril, una industria de exportación establecida y un acceso comercial privilegiado.
El escenario parecía estar preparado para un auge del “nearshoring”, es decir, la deslocalización de la producción cerca de casa. Se vislumbraba una bonanza, tal vez como la que disfrutó México en 1994 tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Pero no fue así. Entre 2018 y 2021, la proporción de productos manufacturados importados por Estados Unidos desde México apenas cambió, según los datos recopilados por la consultora Kearney. En cambio, las recompensas del boicot a China fueron cosechadas por los competidores asiáticos de bajo costo, incluidos Vietnam y Taiwán. Los países asiáticos, aparte de China, aumentaron su participación en las importaciones de productos manufacturados de EE.UU. del 12,6% al 17,4% durante el período.
Tampoco se produjo el rápido crecimiento de las importaciones totales de bienes estadounidenses procedentes de México que cabría esperar si la deslocalización se hubiera hecho realidad. Según la Oficina del Censo de EE.UU., en tres años sólo aumentaron un 11,8%, hasta alcanzar los 384.600 millones de dólares en 2021; una vez tenida en cuenta la inflación, el aumento total fue de algo menos del 4%.
“La mayor parte de las ganancias han ido a parar a Asean, India y Corea”, afirmó UBS en un reciente informe en el que examinaba el nearshoring en México. “Al menos por ahora, los datos de penetración de las importaciones de EE.UU. no apoyan la opinión de que México ha sido un beneficiario neto del nearshoring”.
Ha habido algunas señales de aumento de la actividad. México atrajo 34.900 millones de dólares en inversión extranjera directa hasta finales de marzo, frente a los 26.100 millones del año anterior, aunque esta cifra incluye grandes transacciones puntuales fuera del sector manufacturero. Los parques industriales del norte del país están llenos y algunas empresas internacionales se han trasladado allí. Pero a pesar de ello, el crecimiento económico general de México en los últimos tres años ha sido uno de los más débiles de las grandes economías latinoamericanas.
“Esta debería ser la época dorada de la inversión en México”, afirma Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y gran partidario del nearshoring. Los cálculos del BID sugieren que México tiene el potencial de aportar casi la mitad de los 78.000 millones de dólares de exportaciones anuales adicionales procedentes del nearshoring que el banco estima que podría generar América Latina a medio plazo.
Claver-Carone afirma que hay mucho interés por parte de los ejecutivos en trasladarse a México: “No pasa un día sin que una empresa importante me llame y me afirme: ‘Oye, queremos invertir [en trasladar la producción], ¿nos puedes ayudar en México?”.
Sin embargo, el interés aún no se ha traducido en ganancias económicas cuantificables, afirma Ernesto Revilla, jefe de economía de América Latina en Citi y ex funcionario del Ministerio de Hacienda mexicano. Aunque el nearshoring se ha convertido en una palabra de moda en los debates sobre el futuro de la economía mexicana, afirma, “nadie sabe cómo continuar la conversación”.
La “economía moral”
Gran parte de la culpa de los mediocres resultados económicos de México ha recaído en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Empresarios, diplomáticos e inversores afirman que ha sido hostil con algunas empresas extranjeras y se quejan de que su caprichosa toma de decisiones y sus tendencias autoritarias están ahuyentando la inversión.
López Obrador llegó al poder en 2018 con una plataforma de izquierda y nacionalista. Sueña con restaurar la economía de México a los días dominados por el Estado y alimentados por el petróleo de la década de 1970. Su quijotesca promesa de una “cuarta transformación” del país -un cambio que pone a la par de la independencia de México de España- promete eliminar la corrupción y acelerar el crecimiento. Quiere crear una “economía moral” que ponga a los pobres en primer lugar, pero su habitual denuncia de las multinacionales en las conferencias de prensa diarias no ayuda a infundir confianza a las empresas extranjeras que se plantean hacer una incursión en México.
A pesar de sus fuertes críticas al bajo crecimiento de los anteriores gobiernos “neoliberales”, en los tres primeros años completos de su propia administración el producto interior bruto de México se contrajo en general. Es la única gran economía latinoamericana cuya producción seguirá estando por debajo de los niveles anteriores a la pandemia a finales de este año, según estimaciones de JPMorgan.
Los malos resultados de México son “una consecuencia directa de… Amlo-nomics, que es una política macroeconómica extremadamente estricta unida a una microeconomía muy mala”, afirma Revilla, de Citi, utilizando el acrónimo que se ha convertido en el apodo del presidente. “El resultado no es sorprendente: es un crecimiento muy bajo”.
Andrés Rozental, ex viceministro de Asuntos Exteriores que ahora trabaja como consultor, está de acuerdo. “Teníamos todo para ganar con la situación geopolítica mundial”, afirma. “Pero todo se ha dilapidado por las políticas anti-sector privado de López Obrador”.
La obsesión del presidente por la “austeridad republicana” -vuela en clase turista y se ha recortado mucho el sueldo personal- ha supuesto reducciones salariales para los altos funcionarios. Esto, a su vez, ha provocado una fuga de cerebros, recortes presupuestarios en los organismos públicos y una fuerte reducción del gasto en infraestructuras.
México tiene la inversión pública más baja entre los países de la OCDE, gastando sólo el 1,3% del PIB en 2019, el primer año del gobierno de López Obrador. Gran parte de lo que queda se canaliza en un puñado de proyectos grandiosos defendidos por el presidente. El más destacado es una nueva refinería de petróleo en su estado natal, Tabasco, cuyo coste se ha disparado a entre 16.000 y 18.000 millones de dólares, según Bloomberg.
López Obrador ha atacado repetidamente a los organismos reguladores autónomos de México, criticando sus decisiones, recortando sus presupuestos y sugiriendo que están en connivencia corrupta con las empresas.
“México tiene una gran ventaja comparativa en la agricultura, pero hay problemas en [la agencia de salud agrícola] Senasica”, afirma Luis de la Calle, un economista que dirige una empresa de consultoría en Ciudad de México. “Somos un gran exportador de pescados y mariscos, pero el gobierno le quitó la financiación a la Conapesca. Somos un gran exportador de equipos médicos, pero recortaron el dinero para el organismo certificador Cofepris. Es una locura”.
Una de las primeras decisiones de López Obrador como presidente fue cerrar la agencia gubernamental ProMéxico, que trabajaba para promover la inversión en México y tenía 51 oficinas en el extranjero. El presidente afirmó que “supuestamente se dedicaban a promover el país, lo cual es ridículo porque no hay oficinas de ProAlemania, ProFrancia o ProCanadá”. De hecho, la mayoría de los países tienen agencias gubernamentales para promover la inversión extranjera.
“En el fondo”, afirma de la Calle, “López Obrador cree que el éxito económico no es posible por sí mismo. Siempre es el resultado de la suerte o de la corrupción”.
Objetivos extranjeros
A pesar de este estado de ánimo desfavorable, el gobierno y algunos expertos insisten en que México aún podría aprovechar las interrupciones de la cadena de suministro causadas por Covid-19, el aumento de los costes de transporte y las subidas de los precios del combustible relacionadas con la invasión de Ucrania, que hacen más convincente la economía de trasladar la producción a México.
Tatiana Clouthier, ministra de Economía de México, sostiene que el país está “bien para invertir” en el nearshoring. “Siempre podría ser [más] . . . Siempre podría haber mejores circunstancias para todo”, afirma.
Durante muchos años, afirma Clouthier, México ha sufrido “un desequilibrio, en el que se pensaba en cómo fortalecer la inversión y se ignoraba la parte social”. Ahora, afirma, “la idea es tratar de compensar eso”. En la práctica, el cambio de política ha traído consigo decisiones que molestan a las empresas extranjeras. Las de EE UU, el mayor inversor extranjero de México, se han visto especialmente expuestas.
El mes pasado, el gobierno obligó a Vulcan Materials, el mayor productor estadounidense de áridos utilizados en la construcción, a detener la explotación de canteras en el estado sudoriental de Quintana Roo, y López Obrador advirtió que se estaba produciendo una “catástrofe ecológica”. Vulcan, que ha operado en la zona durante 30 años, ha calificado el cierre como “arbitrario e ilegal” y ha solicitado un arbitraje en virtud del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, el pacto comercial sucesor del Nafta.
La disputa dio lugar a una carta de un grupo de senadores estadounidenses dirigida el mes pasado al presidente Joe Biden, en la que le pedían que tomara medidas inmediatas para detener la “agresión de México hacia las empresas estadounidenses”. “Si se permite que estas violaciones continúen, animarán a las empresas a buscar mercados más predecibles y adecuados en otros lugares”, afirmaba la carta.
En 2020, Constellation Brands, una gran empresa de bebidas estadounidense que realiza la cerveza Corona para el mercado de EE.UU., canceló una fábrica de 1.400 millones de dólares que estaba construyendo en la ciudad norteña de Mexicali después de que el gobierno revocara su permiso de construcción. Desde entonces, la empresa ha acordado construir una instalación en Veracruz, pero las obras aún no han comenzado.
Las empresas de España, la antigua potencia colonial, también están en el punto de mira. El hecho de que España sea el segundo mayor inversor extranjero en México, después de Estados Unidos, no es un problema. Las empresas españolas “abusaron de nuestro país y de nuestros pueblos”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa en febrero. En una referencia a las décadas posteriores al Nafta, añadió: “Durante el periodo neoliberal, las empresas españolas apoyadas por el poder político nos vieron como una tierra a conquistar.”
Un objetivo particular de la ira del presidente ha sido Iberdrola, la compañía eléctrica española que posee una serie de plantas de generación de electricidad en México. El presidente la ha acusado de acuerdos corruptos, algo que Iberdrola niega. Iberdrola había anunciado planes para invertir 5.000 millones de dólares en proyectos de energías renovables en México durante el mandato de López Obrador, pero ahora ha abandonado casi toda su inversión en México y está luchando contra el gobierno en los tribunales.
Los ataques a Iberdrola forman parte de la cruzada de López Obrador para devolver al Estado el protagonismo en el sector energético mexicano. Los gobiernos anteriores han ido eliminando el histórico monopolio del Estado sobre la energía, permitiendo al sector privado operar plantas de generación de electricidad que sirven a los clientes industriales a raíz del Nafta.
Una histórica reforma constitucional de 2013 abrió más ampliamente los sectores del petróleo, el gas y la electricidad, pero, desde que asumió el poder, López Obrador se ha opuesto a estas reformas y ha lanzado una ola de iniciativas para hacerlas retroceder. Entre ellas se incluye una ley que cambia las normas de la red eléctrica de México para favorecer a la generadora estatal de energía, CFE, que utiliza muchos combustibles fósiles, en detrimento de las empresas privadas.
Mientras los generadores de energía extranjeros luchan contra el gobierno en los tribunales, las empresas que necesitan energía para nuevas plantas en México están luchando para asegurar un suministro adecuado. Y lo que es peor, la dependencia de la CFE de las centrales de gas y petróleo que emiten CO₂ excluye a las multinacionales que se han comprometido a alcanzar los objetivos de cero emisiones de carbono.
Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales de México, que representa a 57 multinacionales que representan el 40 por ciento de la inversión extranjera directa, ha advertido que, si México no puede cumplir sus objetivos de energía limpia, las empresas “simplemente se irán”.
A puerta cerrada
Mientras que las empresas extranjeras se han llevado la peor parte de los ataques de López Obrador, el puñado de grandes empresas mexicanas que controlan grandes partes de la economía se han visto menos afectadas.
Cuando el presidente quiso atajar la inflación, su gobierno invitó a los empresarios mexicanos a conversaciones privadas para acordar un pacto informal que limitara las subidas de precios en los productos básicos. “No fue un gran sacrificio”, señaló el propietario de un gran grupo mexicano.
Los oligarcas mexicanos han reforzado la impresión de una relación acogedora con el presidente realizando declaraciones de apoyo en público y limitando cualquier crítica a las conversaciones a puerta cerrada. “Todos los empresarios mexicanos se quejan de Amlo”, afirma el director general de una gran empresa extranjera. “Pero cuando se reúnen con él, todos aparecen después en público afirmando lo maravilloso que es… Es un círculo de connivencia”.
López Obrador también ha realizado una labor menos directa para las empresas internacionales en México. Poco después de asumir el cargo, canceló un nuevo aeropuerto de 13.000 millones de dólares para Ciudad de México que habría sustituido a las congestionadas instalaciones de Benito Juárez, alegando que el proyecto, parcialmente ejecutado, era demasiado extravagante, aunque su cancelación costara miles de millones.
“La decisión del aeropuerto fue 100% política”, afirma un importante empresario mexicano. “Fue la peor decisión económica que ha realizado este gobierno”.
En su lugar, López Obrador ordenó al ejército remodelar una base aérea militar cercana y convertirla en un aeropuerto adicional para la capital. La nueva instalación de Felipe Ángeles se inauguró en marzo con un coste estimado por el ex ministro de Hacienda Carlos Urzúa de 5.700 millones de dólares. La mayoría de las compañías aéreas lo han rechazado debido a sus malas conexiones por carretera y ferrocarril (el gobierno está trabajando en nuevas conexiones de transporte). Su único vuelo internacional regular tiene como destino Venezuela, país sancionado por Estados Unidos. Los vuelos a Cuba, otro país sancionado por Estados Unidos, comenzarán en julio.
El nuevo aeropuerto está a sólo 45 km de Benito Juárez, una proximidad que ha obligado a un polémico rediseño del espacio aéreo de Ciudad de México. Esto provocó lo que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo calificó como un aumento “muy preocupante” de las alertas sobre vuelos con riesgo de colisión. Actualmente, las aerolíneas mexicanas no pueden ampliar sus vuelos a Estados Unidos porque la Administración Federal de Aviación rebajó su calificación de seguridad aérea el año pasado.
“Estamos perdiendo el potencial que tenemos como país y como ciudad” por la situación aeroportuaria, afirma el director general de la firma extranjera. “Puede llegar un momento en que tengas que volar a Monterrey para tomar un avión a Barcelona”.
A pesar de ello, Omar Troncoso, experto en nearshoring de Kearney en México, ve algunas razones para el optimismo en los recientes cambios geopolíticos. Afirmó que, hasta el año pasado, “México seguía siendo más caro que muchos países [asiáticos] de bajo coste” cuando se tenían en cuenta los costes totales de hacer llegar el producto al cliente. Entonces “tuvimos una interrupción masiva en [la] cadena de suministro y el precio de un contenedor traído de China a Estados Unidos se disparó… Ahora es más barato producir en México”, afirma.
Troncoso cree que el nearshoring destinado a abastecer el mercado estadounidense actualmente en curso tardará otros dos o tres años en aparecer en los datos. “Si se busca un espacio en algunas de las ciudades fronterizas… los agentes inmobiliarios le dirán que va a tener que esperar hasta 2025: todo… ya está vendido”.
Sergio Argüelles González, director de la Asociación de Parques Industriales de México, afirma que 2021 fue un año de gran crecimiento con una “demanda espectacular” y predice que esto continuará si hay suficiente suministro de energía.
“A pesar de AMLO, algo está pasando”, afirma Revilla, de Citi. “El [impulso] del nearshoring es grande y esperemos que dure más que AMLO y ayude a México a medio plazo”. De la Calle, el consultor, expresa una opinión similar: “El nearshoring está ocurriendo”, afirma. “Pero (…) si hiciéramos las cosas bien, podría ser tres veces más de lo que es ahora (…). El coste de oportunidad de López Obrador es muy grande”.
