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México está por recuperar la categoría 1 en seguridad aérea

El subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, prevé recuperar la máxima calificación a más tardar en julio próximo tras resolver más de 200 observaciones de EE UU

Más de dos años después de haber perdido la máxima calificación de seguridad aérea, México está a semanas de superar la degradación a categoría 2 que le otorgó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) en mayo de 2021,debido a una treintena de fallos que encontró la autoridad de EE UU. La rebaja en la evaluación ha cerrado de un portazo la posibilidad de las aerolíneas mexicanas para abrir nuevas rutas en cielos estadounidenses. Esta barrera, afirman las autoridades mexicanas, está a punto de abrirse. “La parte técnica ya está resuelta, entonces, habrá que apresurar la parte diplomática, nada más”, zanja con seguridad el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons.

En mayo de 2021, la FAA informó de que en la evaluación que aplicó a México durante cuatro meses, identificó varias áreas de incumplimiento de las normas mínimas de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la agencia técnica de las Naciones Unidas para la aviación. Una calificación de Categoría 2 supone que las leyes o reglamentos del país carecen de los requisitos necesarios para supervisar a las compañías aéreas del país de conformidad con las normas mínimas de seguridad internacional, o que la autoridad de aviación civil carece de una o más áreas, como experiencia técnica, personal capacitado, registro mantenimiento, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad.

Veinticinco meses y 200 observaciones más tarde, los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte solo aguardan el veredicto de la auditoría presentada hace unas semanas ante la FAA. El paquete de medidas por resolver, especifica Jiménez Pons, abarcó desde cuestiones de capacitación hasta de medicina en el transporte. De regresar a la máxima categoría, México dejará de compartir la calificación 2 con países como Venezuela, Bangladés, Tailandia, Rusia y una diáspora de islas en el Caribe. 

Derivado de esta degradación y antes de que termine este sexenio, las autoridades mexicanas buscan convertir a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y al órgano que ofrece Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) en organismos descentralizados. Jiménez Pons explica que este cambio administrativo les permitirá tener más autonomía sobre su presupuesto. “Siendo el aeronáutico, un sector que tiene un compromiso con la seguridad y la seguridad depende de factores tecnológicos y requiere de tomar respuestas muy rápidas”, comenta. El subsecretario ejemplifica que una mayor holgura de recursos ayudará al Seneam a reducir el déficit de 400 controladores aéreos que actualmente padece el país.

En el balance del proceso, Jiménez Pons atribuye la demora de la recuperación de la calificación aérea a factores como la pandemia, una falta de comunicación entre los equipos de trabajo y falta de agilidad para resolver las observaciones de EE UU. El subsecretario asegura además que, tras resolver las fallas expuestas por la FAA será muy difícil volver a perder la máxima categoría en las próximas décadas. En 2010, durante el Gobierno de Felipe Calderón, México también fue degradado por la FAA, pero recuperó la categoría 1 en solo cuatro meses.

La próxima recuperación de la máxima calificación en seguridad aérea ocurre después de la visita del secretario de Transporte, Pete Buttigieg, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El funcionario estadounidense se reunió la semana pasada con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la terminal aérea del Estado de México y recorrió sus instalaciones. Aunque no se detallaron los resultados del encuentro binacional, el mandatario mexicano calificó a Buttigieg como una persona “inteligente” y “gentil”. 

Nueva prórroga para la mudanza de los vuelos de carga al AIFA

A petición de EE UU, el Gobierno de López Obrador ha dado una nueva prórroga a las empresas cargueras para trasladar sus vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a algún otro aeropuerto, siendo una de las alternativas más sugeridas el recién aeródromo Felipe Ángeles, en el Estado de México. Aunque el decreto presidencial —signado en febrero pasado—fijó como fecha máxima de esta mudanza el próximo 8 de julio, las compañías extranjeras han pedido al Ejecutivo una extensión de ocho semanas más para cumplir la orden presidencial. Aunque ya hay cargueras operando en el AIFA, la Administración federal ha concedido la ampliación del plazo. “Había muchos trámites de las empresas que corresponden a los países de origen, muchas veces hay decisiones de permisos externos de los consejos de las empresas para firmar un contrato y por ello se pidió esta extensión”, ha justificado Jiménez Pons.

En un inicio, las cargueras estadounidenses solicitaron la ampliación a diciembre de 2023, sin embargo, el Ejecutivo ha optado por otorgar solo hasta septiembre próximo. A partir de ese mes, ningún vuelo exclusivamente de carga podrá aterrizar en el aeropuerto Benito Juárez. El Gobierno tomó esta decisión para desahogar el congestionado aeropuerto capitalino. Empresas como Qatar Airways, Lufthansa Cargo, Cathay Pacific Airways Limited, Estafeta Carga Aérea, Air Canadá, serán algunas de las firmas que tendrán que encontrar otras pistas aéreas para aterrizar. Y aunque no existe una orden para que elijan el AIFA, es una de las opciones más factibles debido a su cercanía con la Ciudad de México. 

A la fecha ya hay una docena de vuelos de carga que aterrizan en el aeropuerto civil-militar de Zumpango (Estado de México). A diferencia de la congestionada terminal en el AICM, si algo le sobra a la terminal de mercancías del AIFA es espacio: cuenta con una superficie de 48 canchas de fútbol —equivalente a 345.000 metros cuadrados—, una aduana equipada con máquinas de rayos X, arcos de revisión de vehículos con carga, plataformas, 12 recintos fiscalizados y un puñado de otras facilidades para sus nuevos inquilinos.