Cuando el escrutinio rápido confirmó las proyecciones de las encuestas, Claudia Sheinbaum subió a la tarima instalada en el hotel Hilton Alameda de Ciudad de México, donde estaba esperando los resultados. Era la madrugada del pasado 3 de junio y, ya como presidenta electa, su prioridad fue ofrecer un breve mensaje de serenidad. La sucesora de Andrés Manuel López Obrador habló de armonía social, honestidad, lucha contra la corrupción y de la importancia de la autonomía del poder económico. Prometió disciplina financiera y fiscal, y garantizó la independencia del Banco de México. Sheinbaum, una científica ecologista de izquierdas, ganó las elecciones con una ventaja arrolladora de más de 30 puntos y es, desde el 1ero de octubre, la primera mujer en gobernar el país.
Un hito reconocido por todos. Estos cuatro meses de transición, sin embargo, han anticipado un horizonte complejo para la segunda economía de América Latina después de Brasil. De la devaluación del peso a las metas de crecimiento y de déficit, las señales de preocupación de los mercados, las relaciones con Estados Unidos o las últimas reformas del Ejecutivo saliente, el rompecabezas que tiene ante sí la nueva Administración está hecho de retos mayúsculos, pero también de oportunidades.
Hay una palabra que todos repiten: “Confianza”. Se escucha en los consejos de las entidades financieras, entre los inversores o en los organismos multilaterales. El consenso es prácticamente unánime: hay que aumentar la productividad, que lleva estancada casi tres décadas, y para ello deben mejorar las condiciones económicas. “Cuando les preguntas, suelen pedir lo mismo, que es seguridad jurídica, seguridad fiscal, estabilidad en las políticas y en las regulaciones”, resume Rafael Muñoz, economista principal de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Banco Mundial para México.
Para que el país pueda afrontar las zozobras anunciadas por la rebaja agresiva de tipos de la Reserva Federal estadounidense —un recorte del precio del dinero de 0,5 puntos para intentar evitar una recesión— tiene que ser capaz de transmitir seguridad. La ventaja es una razonable solidez macroeconómica. La desventaja es que la nueva presidenta deberá medir al milímetro cada movimiento, desde las decisiones para acelerar el crecimiento y contener el déficit fiscal a los posicionamientos políticos como la exclusión del Rey de su toma de posesión el 1 de octubre o su agenda de reformas.
En agosto, el Banco de México recortó nuevamente su previsión de crecimiento por la “marcada debilidad” de la actividad económica y la presión de la inflación, cuyo índice interanual roza el 5%. El pronóstico es un 1,5% para este año y un 1,2% en 2025. Sheinbaum, no obstante, se mostró más optimista y fijó el horizonte en un 2%. El debate sobre el ritmo de la desaceleración, en cualquier caso, es lo de menos. El déficit marcó en septiembre un récord con el dato más alto desde que Hacienda comenzó a publicar este indicador, en 2008: un desajuste de más de un billón de pesos, alrededor de 50.000 millones de dólares.
La brecha se agrandó precisamente en el tramo final del mandato de López Obrador. El presidente, que fue muy prudente incluso durante la pandemia para evitar un endeudamiento insostenible, se despidió con un aumento significativo del gasto público, especialmente en desarrollo social e infraestructuras. Esa herencia reduce ahora el margen de acción de su sucesora, al menos a corto plazo. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que continuará en su puesto en el nuevo Gobierno, estimó este año un déficit del 5,9%. Sin embargo, su departamento anunció que para el próximo ejercicio planeaba reducirlo hasta el 3% del PIB. Esa meta, que deberá quedar fijada en los Presupuestos, ha hecho saltar las alarmas de los analistas.
“Si se logra eso, es muy posible que la economía de México entre en una recesión, porque una reducción de tres puntos en el gasto implicaría un fuerte impacto sobre la demanda agregada”, advierte Carlos Serrano, economista jefe del BBVA en el país. “Creo que México tiene un nivel de deuda sobre PIB y de credibilidad suficiente como para que se pudiera anunciar un plan para llegar a un déficit del 3% no en un año, sino en dos. Estableciendo metas claras, intermedias, que se vayan cumpliendo de tal manera que se reduzca el impacto económico de una contracción fiscal de ese tamaño”, prosigue.
El peso de las reformas
Los Presupuestos serán decisivos para calibrar los primeros pasos del Gobierno de Sheinbaum, aunque a las cuentas públicas se suman también las decisiones políticas: de manera especial, las reformas estructurales. La aprobación hace tres semanas de una reforma judicial que incluye, entre otras medidas, la elección directa de los jueces, tuvo una repercusión en los cimientos económicos. El cambio de la Constitución, avalado por el Congreso gracias al voto de un tránsfuga del Partido Acción Nacional (PAN), de la derecha tradicional, sembró enseguida incertidumbre en el mercado.
“Los empresarios están preocupados por sus efectos, están pausando inversiones, aunque todavía no hay cancelaciones”, señala Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Les preocupa por las implicaciones que pueda tener con el T-MEC [el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en vigor desde julio de 2020], porque los grandes empresarios están vinculados a las cadenas de producción de Estados Unidos”.
Durante el trámite parlamentario, la Administración de Joe Biden criticó abiertamente la reforma a través del Departamento de Estado. Ese clima de malestar tuvo un reflejo el mismo día de la votación. Era uno de los grandes proyectos de López Obrador y fue incluido también por Sheinbaum en el programa electoral. No obstante, en cuanto se dio a conocer que Morena, el partido que sostiene al Gobierno, tenía los votos suficientes para sacar adelante la norma se produjo “un aumento en la percepción de riesgo país”, recuerda Serrano. “Se pudo ver muy claramente en que el diferencial entre las tasas de bonos gubernamentales de México y Estados Unidos se amplió claramente”.
El economista advierte de que las consecuencias pueden afectar tanto a las inversiones del principal socio comercial, donde se dirige el 85% de las exportaciones, como a la financiación, con una reducción del espacio fiscal. “Es difícil decir exactamente cuánto y cuál va a ser el alcance, porque es complicado medir estos efectos en la incertidumbre, pero tenemos algunos puntos para la comparación. Uno de ellos es cuando hace seis años se canceló el nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Eso implicó que el crecimiento del PIB del año 2019 fuese un punto porcentual menor al que hubiese sido, solamente por la caída en la inversión”, calcula el jefe de estudios del BBVA.
En su opinión, se podrían mitigar esos efectos a través del desarrollo legislativo de la reforma judicial. En todo caso, al margen del resultado de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, la relación comercial entre ambos países no está en peligro. “Ha quedado en evidencia que tiene beneficios mutuos y el hecho de que estén integrados en cadenas de valor hace que ambos sean más competitivos”, razona Serrano.
El vecino del norte
El proceso de relocalización de actividades o nearshoring ha sido una de las apuestas centrales de México durante el mandato de López Obrador. Impulsado por la guerra comercial entre Pekín y Washington, el fenómeno no ha parado de fomentar la inversión extranjera directa, sobre todo estadounidense. En 2023, el volumen global alcanzó los 36.000 millones de dólares. Sin embargo, solo el 13% de ese monto correspondía a nuevos negocios y alrededor del 75% procedía de la reinversión de utilidades. Para Duncan Wood, experto en la relación bilateral y vicepresidente del Wilson Center, se trata de números insuficientes. “Este es un momento óptimo para invertir y no está sucediendo”, observa. “Todavía hay aspectos positivos, como la geografía, el conflicto comercial con China y el perfil demográfico de México, un país muy joven que puede crecer. Al mismo tiempo, hay elecciones en noviembre, en 2026 se va a revisar el T-MEC y eso se va a volver un tema político en Estados Unidos”.
Pero más allá de las batallas internas de Washington o de las presiones de la Cámara de Comercio estadounidense, el contexto general invita a la prudencia. “Venimos de picos importantes en la inversión y, de pronto, pensar que el año que viene va a seguir así de alto es difícil porque hay una nueva Administración en EE UU y un nuevo panorama”, apunta Alejandro Sampedro, responsable de comunicaciones financieras en Llorente y Cuenca. Es decir, gracias a la estabilidad macroeconómica, “ahora también se entiende con cierta normalidad y sin mucho catastrofismo el hecho de que se pueda frenar la inversión”.
Además, Sheinbaum tiene experiencia de gestión —administró Ciudad de México entre 2018 y 2023— y, continúa el consultor, “el Gobierno que formó la futura presidenta ha sido bien recibido, se ve un Gabinete sólido con personas adecuadas en las carteras adecuadas”. El responsable de Hacienda no cambiará, el secretario de Relaciones Exteriores es un político moderado que ya estuvo en el Gobierno de Ernesto Zedillo, y el papel del excanciller y próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, será muy importante por su perfil de negociador con el vecino del norte. Aun así, este experto cree que lo más determinante para hacerse una idea del camino emprendido por el futuro Gobierno serán los Presupuestos.
México es, con sus más de 3.000 kilómetros de frontera con su vecino del norte, el país mejor situado de la región para ganar la millonaria batalla del nearshoring. “Pero no es una cosa automática. El reposicionamiento de cadenas de valor no necesariamente va a atraer inversión. Hay competidores, sin ser necesariamente de América Latina, como Vietnam u otros países asiáticos. Por tanto, México tiene que hacer política y políticas”, resalta Rafael Muñoz, del Banco Mundial. Además de la seguridad jurídica, es crucial la mejora de las infraestructuras, pero también la innovación. “La pregunta es cómo maximizar la inversión extranjera para aumentar la productividad y para el desarrollo social. Ahí hay un segundo bloque de políticas muy importantes, todas esas relacionadas con cómo conseguir mejorar las capacidades de innovación de las empresas mexicanas. Es decir, que pasen de hacer menos maquila a productos más sofisticados”, continúa el economista.
El interés de Estados Unidos, por ejemplo, en la fabricación de semiconductores en la región es un hecho desde hace años. En julio, la Casa Blanca presentó un nuevo acuerdo con México, Costa Rica y Panamá para apoyar proyectos en ese sector con fondos del Departamento de Estado y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al potencial del mercado se añade, además, un objetivo estratégico en materia de política migratoria. En todas las cumbres celebradas en los últimos años para abordar este fenómeno, la producción de chips siempre ha sido vista como una oportunidad para regenerar los tejidos económicos y la oferta laboral a escala local. En otras palabras, más trabajo en el triángulo norte de Centroamérica y en México, y menos migrantes en Estados Unidos. Una fórmula que, al menos sobre el papel, fue bien recibida por López Obrador.
Mejorar la recaudación
Uno de los grandes retos del periodo que está a punto de comenzar es el aumento de la recaudación fiscal. Al igual que el índice de productividad, las tasas de recaudación de México están a la cola de las de la OCDE. El volumen ronda en México el 17% del PIB, “en un país que va a destinar entre cuatro o cinco puntos en pagar las pensiones, alrededor de tres y medio puntos del PIB en servicio de la deuda, y alrededor de cuatro puntos en transferir a Estados y municipios”, dice Serrano. “Eso quiere decir que, para el resto de funciones del Gobierno, el margen de maniobra es muy poco”, añade.
Es un círculo vicioso que nuevamente remite al objetivo de déficit y a los problemas de gasto, como recuerda Valeria Moy. “¿Qué se puede recortar? Se pueden hacer ajustes al costo financiero de la deuda, patear deuda de corto plazo a largo plazo, pero Sheinbaum ya no va a poder recortar programas sociales”. Para el economista jefe del BBVA, una fórmula para combatir estos obstáculos sería elaborar una estrategia para reducir la informalidad. “Creo que la gran razón por la que en México se recauda poco es porque dos terceras partes de las empresas son informales y el 54% de los trabajadores son informales. Así es muy complicado tener una recaudación importante. Y esa es una de las razones o la principal por las que el país crece muy poco”.
Para lograrlo, muchos empresarios consideran crucial una mayor simplificación administrativa. Marta Cantabrana llegó a Ciudad de México desde Vitoria hace 23 años con una beca de cooperación al desarrollo y hace 18 fundó Metrology, una firma de mediciones y control de calidad que trabaja principalmente con el sector manufacturero, automotriz, aeronáutico y metalmecánico. Los obstáculos con los que tiene que lidiar a diario son precisamente la burocracia y la falta de formación, lo que dificulta la contratación de talento, además de la lucha cotidiana contra el machismo.
La economía mexicana y Pemex son dos ecosistemas interdependientes. Y la petrolera estatal es un pozo sin fondo. La compañía arrastra una deuda de alrededor de 100.000 millones de dólares. “Es la empresa petrolera con mayor deuda en el planeta. Y no solamente eso. Es una empresa que pierde dinero aun en un entorno de precios de petróleo relativamente altos”, subraya Serrano. En su opinión, solo hay una salida. En primer lugar, “permitir asociaciones con el sector privado para poder explorar nuevos campos y eventualmente explotarlos”. “Es la única forma realista de aumentar la producción, con lo cual la empresa podría eventualmente tener mejores utilidades. Y la segunda medida sería reducir la actividad en refino, porque ahí es donde la empresa pierde la mayor cantidad de dinero”, considera el economista.
Soberanía energética
López Obrador alentó durante su mandato el sueño de la soberanía energética apelando a los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, que nacionalizaron, respectivamente, el petróleo y la industria eléctrica. El proyecto desembocó en una reforma que tenía el propósito de robustecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que ha quedado en suspenso tras ser invalidada por la Suprema Corte. En el caso de Petróleos Mexicanos, el objetivo consistía en cerrar progresivamente la puerta a la exportación de crudo para convertir toda la producción en combustible dentro del país o en plantas estatales. Pero la deuda no ha parado de crecer y Sheinbaum recibe ahora una herencia especialmente compleja.
El economista y antiguo subgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel defiende la necesidad de que el Gobierno defina su plan con claridad, más allá de la decisión de apoyar financieramente a Pemex sin asumir la deuda. Muchos analistas consideran que la única opción realista pasa por la colaboración entre el sector público y el sector privado, y existe cierto consenso en que durante la próxima Administración se va a tener que profundizar ese camino. “El presidente criticó mucho el endeudamiento de Pemex, pero este solo ha aumentado durante el sexenio. No les están pagando a los proveedores y hay contratos que están en el aire”, afirma la analista Miriam Grunstein.
De los problemas de inversión a las zozobras financieras que se den a escala internacional, la relación con Estados Unidos, la gestión del nearshoring y las reformas, México afronta una etapa sumamente delicada, pero al mismo tiempo tiene todos los números para capitalizar este momento. “Creo que está mejor posicionado que nadie para aprovechar este cambio en los patrones de comercio e inversión global por su proximidad con Estados Unidos”, prosigue Serrano. Con las decisiones adecuadas, enfatiza, tiene la oportunidad de “entrar en una senda de crecimiento en la próxima década que puede ser sustancialmente mayor al que hemos visto en los últimos 40 años”.
El mensaje de los analistas es claro y va más allá de los posicionamientos ideológicos: Sheinbaum está todavía a tiempo para impulsar una fase de fortalecimiento de la economía. La clave es disipar la incertidumbre y ofrecer certezas a los mercados. Y si las elecciones presidenciales en Estados Unidos pueden tener repercusiones en los equilibrios diplomáticos entre ambos países, en la práctica, ninguna de las dos partes está interesada en tensar unos vínculos comerciales mutuamente beneficiosos. Lo afirmó la propia presidenta en entrevista: “México tiene más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, somos sus principales socios comerciales”. Eso quiere decir que “lo mejor es tener una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”. Sea quien sea el presidente o la presidenta. Comienza, en definitiva, una nueva etapa.
