Como era altamente probable, el Gobierno mexicano se topó contra un muro cuando intento hacer responsables de la violencia armada que sufre el país a los 11 principales fabricantes de armamento en Estados Unidos. Estos gozan desde hace años de un blindaje que los hace intocables de litigios civiles y penales relacionados con tiroteos masivos, suicidios o asesinatos como los que cometen día a día los cárteles del narcotráfico. La cancillería mexicana sabía de la inmunidad, pero planteó una estrategia legar para cuestionarla en los tribunales. El 30 de septiembre un juez desechó la demanda mexicana, presentada en las cortes de Boston, Massachusetts. Los abogados han apelado la decisión y, para redoblar la apuesta, han presentado una nueva demanda en contra de cinco armerías del estado de Arizona, una de las entidades fronterizas con México.
“Los demandados saben, o deberían saber, que sus temerarias e ilegales prácticas comerciales —incluidas las ventas a prestanombres de rifles de uso militar al mayoreo— abastecen con armas a peligrosos criminales en México”, indica la demanda, que fue presentada este lunes con la esperanza de hallar respuestas. El país tiene una tasa de homicidios de 28 por cada 100.000 habitantes desde hace cuatro años. Casi seis de cada diez se cometen con un arma de fuego. En 2019 era más probable que un mexicano muriera a manos de una pistola fabricada en EE UU que un estadounidense.
Menos del 10% de los comercios que hay en Estados Unidos venden el 90% de las armas ilegales. El Departamento de Justicia identificó que estas armerías utilizan el corredor que conecta a Tucson, en Arizona, con Nogales, México. Ese es el camino de decenas de miles de armas. Y es el que el litigio pretende atacar, demandando a cinco armerías de aquel estado: Diamondback Shooting Sports, Inc., SNG Tactical, The Hub Target Sports, ubicadas en Tucson; Ammo A-Z, en la ciudad de Phoenix y Sprague’s Sports, en Yuma. Estas tres ciudades están a menos de 100 kilómetros de la frontera con México.
“Las demandadas han convertido a Arizona en el epicentro del tráfico de armas ilegal”, indica el documento. El año pasado, la agencia de Alcohol, Tabaco y Armas, aseveró que de 26.860 armas recuperadas en escenas del crimen en México entre 2014 y 2018, el 16% (unas 4.400) pudieron ser conectadas a tiendas de Arizona. “Es por mucho el mayor número per cápita de los tres principales estados, el doble de Texas y cuatro veces más que California”, asegura la demanda. Esta es solo una muestra del problema, pues la mayor parte de las armas no se recuperan.
Un par de aquellas armas se logró recuperar en agosto de 2018 en un supuesto operativo de militares para capturar a Nemesio Oseguera, El Mencho, el líder del sangriento Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien sigue a salto de mata. Tras un tiroteo que dejó dos muertos y tres soldados heridos, las autoridades se hicieron con dos rifles AK-47. Estos fueron comprados por José Montoya, quien adquirió un pequeño arsenal de 10 armas en pocos días de enero. Montoya compró los rifles que acabaron en manos del CJNG a Ammo A-Z y SNG Tactical.
La demanda también cita una incautación hecha por las autoridades estadounidenses en septiembre de 2019, de 40 armas y 25.000 municiones, en manos de dos detenidos, Francisco Dario Mora y Pedro Adan Sevilla, ciudadanos estadounidenses. Quince pistolas fueron vendidas por Ammo A-Z, mientras que Diamondback Shooting Sports había traspasado a los compradores tres armas, un rifle de asalto AK-47 y 60 cargadores para estas armas de uso militar. SNG Tactical también proporcionó a los detenidos de armamentos.
Alejandro Celorio, quien coordina la estrategia legal para la Cancillería, explica que atacar a la distribución era un paso natural en el proceso judicial comenzado en agosto de 2021. “Desde el origen de la demanda decidimos ir primero al origen y ahora estamos yendo a la desembocadura de este río. La de Boston habla de la negligencia de las empresas y el mensaje central de la demanda en Arizona es que las empresas que demandamos saben que sus compradores son prestanombres o que realizan ventas, compras múltiples o repetidas y que esas armas caen en manos de criminales”, indica el asesor jurídico en una conversación por Zoom.
Celorio explica que un par de cambios legislativos aprobados en Arizona recientemente podrían ayudar al caso promovido por los mexicanos. Los republicanos y demócratas apoyaron una ley de seguridad que tipifica como delito grave el tráfico ilícito de armas en una entidad de siete millones de personas que tiene 1.500 armerías. La norma considera una violación a los estatutos contra la delincuencia organizada que se utilice a un prestanombre para hacer la compra de un arma.
“Esta ley bipartidista nos da un argumento adicional para resaltar que las empresas a las que demandamos están violando una ley federal y, por tanto, se activa una de las excepciones del Protection of Lawful Commerce in Arms Act [la ley que blinda de juicios a los fabricantes de armas], por lo que nuestro litigio tendría que continuar”, afirma Celorio, quien prevé una férrea defensa de las demandadas. Esta, supone el abogado, copiará en la estrategia a la que usaron los gigantes de las armas en el juicio interpuesto en Boston y se resume en el argumento de que el Gobierno de México no tiene facultades para demandar en territorio estadounidense.
Esta lucha judicial también pretende arrojar algo de luz a los opacos procesos con los que opera el lobby de las armas en Estados Unidos. El número de armas ilegales se ha multiplicado rápidamente desde 2014, cuando fueron rastreadas 170.300 a casi 270.000 cinco años después. Esto es solo una muestra de un problema mayor, pues es difícil seguir la pista a este tipo de armas.
Un informe efectuado el año pasado por la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos explica que gracias a una enmienda aprobada por el Congreso en 2004, el Gobierno de EE UU tiene prohibido retener los datos de un comprador por más de 24 horas tras la búsqueda de antecedentes. “La destrucción de estos datos significa que las policías son privadas de una oportunidad para reconocer los patrones de aparentes compras legales de armas que podrían ocultar prestanombres o tráfico de armamento”, indica el Center for American Progress. Las autoridades también son impedidas por ley de elaborar un registro de armas en manos de privados. California es el único estado que tiene una base de datos con las transacciones de armas.
“Nosotros podemos afirmar, pero es preferible que el juez le pida a las empresas que den su información de trazabilidad. Esta cuestión es el componente más complejo de este asunto, porque no es información pública. Cada rastreo que se realiza lo mantienen reservado las agencias de seguridad y no se comparte”, asegura Celorio sobre otro de los objetivos que busca la larga lucha que ha emprendido recientemente.
