La batalla legal de México contra el tráfico de armas sigue su curso. La demanda a 11 fabricantes y distribuidores de Estados Unidos por su responsabilidad en el trasiego de armamento al vecino del sur había sido respondida por las empresas a finales del año pasado. La poderosa industria estadounidense cuestionó en noviembre tanto la competencia del tribunal donde fue presentada la demanda, Massachusetts, así como su responsabilidad en la ola de violencia que azota al país. La respuesta de México ha llegado a este martes por medio de un escrito presentado ante el juzgado donde especifica que durante la última década ha confiscado más de 250.000 pistolas y rifles militares proveniente del Estado de Massachussets.
La campaña contra el tráfico de armas es una vieja demanda de México en la agenda bilateral. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo ha elevado a una de sus prioridades, insistiendo en cada reunión diplomática y colocando el asunto incluso a la tribuna del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El canciller Marcelo Ebrard sintetizó este martes en sus redes sociales la postura de México: “250.000 armas provenientes de Massachussets fueron confiscadas en México, todas vinculadas a homicidios y delitos contra nuestra sociedad. Por eso la demanda y por eso ganaremos. No más armas”.
Las compañías demandadas, entre las que se encuentra nombres clásicos como Barrett, Colt, Glock o Ruger, alegaron también en su primera respuesta que gozan de inmunidad según la legislación estadounidense vigente. México especifica por su parte que “no gozan de inmunidad por los daños causados en territorio mexicano” ya que “las demandadas actuaron negligentemente al surtir y distribuir sus productos a vendedores que participan en el tráfico inicio de armas”. Para México, la relación causal entre la actividad de las empresas estadounidenses y la violencia en su país queda probada “al mostrar el número de armas de las empresas procedentes de Massachusetts que fueron encontradas en México”.
Las alegaciones de las compañías se enfocaron sobre todo en la falta de competencia de México para demandarles en su propio país: “El Gobierno mexicano no es un ciudadano de Massachusetts”. La respuesta mexicana se ha centrado en incidir en que “las empresas comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman habitualmente a los cárteles de la droga en México”. El escrito concreta además que se escudan en que pueden vender a cualquier distribuidor que tenga una licencia federal en los EE UU, “independientemente de las bandas rojas que indican que burla la ley y anda a mover las armas de los acusados a México”.
El Gobierno busca una indemnización por daños que será definida por el tribunal, pero que ―según estimaciones de la Cancillería― podría alcanzar el 2% del PIB de México. La exigencia se basa no solo en la violencia letal por el flujo de armas ilegales, sino también por afectaciones económicas, como la sangría de recursos públicos para sostener la guerra contra los grupos criminales, así como pérdidas a industrias como el turismo. Según las cifras oficiales del Ejecutivo, la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores estuvo detrás de al menos 17.000 asesinatos en 2019 y que del 70% al 90% de las armas decomisadas en su territorio vienen de Estados Unidos.
