La matanza ocurrida el fin de semana en el bar Cantaritos, en Querétaro, ha conmocionado al país, derrumbando el mito de los estados santuario, esos lugares en los que se creía que la violencia no podía penetrar. México, todavía atrapado en la idea de que el crimen es algo ajeno y exclusivo de entidades como Guanajuato y Michoacán, ha tenido que despertar de golpe. Con diez muertos y varios heridos tras un ataque de sicarios que dispararon sin piedad, la ilusión de que Querétaro era un estado inmune se ha desmoronado.
Querétaro, hasta este evento, no figuraba en las listas de prioridades en materia de seguridad del Gobierno federal. De hecho, era considerado un modelo de estabilidad en medio de un país con regiones en constante conflicto. Pero lo que ocurrió el sábado por la noche revela una realidad distinta: la violencia no respeta fronteras ni falsas etiquetas de seguridad. La narrativa de las zonas inmunizadas ha quedado en entredicho.
Y esta no es una historia aislada. Chiapas es un ejemplo reciente que ilustra cómo la violencia se extiende y muta. Morena, el partido que gobierna con fuerza a nivel federal y en varios estados, ha insistido en que en los territorios donde tienen el control, los índices de violencia están a la baja. Pero Chiapas, que ha estado bajo el mando de Morena desde 2018, presenta un caso que desmiente este discurso. Desde 2021, el estado ha vivido una escalada de violencia que no se había visto en décadas, con enfrentamientos directos entre grupos criminales organizados que luchan por el poder.
“Nunca hubo estados santuario; eso fue una fabricación de las autoridades para dar una sensación de control y seguridad”, señala David Saucedo, experto en seguridad y dinámicas del crimen en el centro de México. Explica que mientras un territorio solo tiene un cártel dominante, existe cierta paz, pero en cuanto llega un grupo rival, el conflicto es inevitable. En Chiapas, el Cártel de Sinaloa operaba en alianza con organizaciones locales, pero la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha desatado una violencia feroz. Lo mismo está ocurriendo en Querétaro, donde la “pax narca” ha sido rota por la irrupción del CJNG, que ahora disputa territorio.
El crimen organizado ha transformado el tejido económico y social de muchas regiones, dejando de lado su antiguo enfoque exclusivo en el narcotráfico para diversificarse en otras actividades lucrativas. Carlos Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), destaca que “ya no es solo cuestión de drogas. Los cárteles ahora pelean por el control de negocios como el huachicol, contratos de obra pública, extorsión, explotación de recursos naturales, e incluso concesiones de transporte público”. Esto hace que cualquier espacio, por más remoto que parezca, se convierta en un punto de disputa.
La situación en Querétaro es un claro recordatorio de que ningún estado está exento de la violencia, incluso los que se perciben como seguros, como Yucatán. “El hecho de que no hubieran sucedido eventos violentos en Querétaro no significa que los grupos del crimen organizado no estuvieran ahí, esperando su momento”, advierte Carlos Flores. Esta semana, las autoridades detuvieron a un sospechoso relacionado con el ataque. Además, las investigaciones apuntan a que el objetivo era Fernando González Núñez, alias “La Flaca”, un supuesto operador del CJNG en Querétaro.
A pesar de la afirmación del Gobierno de que se trató de un ajuste de cuentas, expertos como David Saucedo sugieren múltiples hipótesis. “Podría ser un tema de derecho de piso, ya que los sicarios dispararon sin discriminar a las víctimas, o quizás un conflicto por la venta de drogas no autorizada”, explica. Otra posibilidad es que el CJNG esté “calentando la plaza”, una estrategia común para sembrar miedo y desestabilizar a las fuerzas de seguridad locales.
Carlos Flores menciona un último detalle relevante: hace unos días, la Secretaría de la Defensa Nacional incautó media tonelada de cocaína en Sonora, en un camión que venía de Querétaro. “Ese aseguramiento no es casual; está vinculado al contexto de violencia que estamos viendo”, concluye. Todo esto muestra que la violencia en México es más compleja y está más interconectada de lo que se reconoce oficialmente, y plantea interrogantes serias sobre la capacidad del país para enfrentar un crimen organizado que se reinventa y se expande sin tregua.
La tragedia de Querétaro es una prueba de que el país sigue siendo altamente vulnerable, y que cualquier estado, por más seguro que parezca, puede convertirse en un campo de batalla de la noche a la mañana. La cuestión ahora es si las autoridades tendrán la capacidad de reaccionar con la rapidez y la contundencia necesarias para contener este desbordamiento de violencia, o si seguirán atrapadas en discursos simplistas que ya no convencen a nadie.
