“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, – artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El domingo 3 de julio de 2022, un mensaje lapidario apareció en una página entera de la edición impresa del Washington Post: “México debe actuar para proteger a sus periodistas”. Desde el inicio del gobierno de AMLO, en diciembre de 2018, 55 periodistas han sido asesinados en territorio mexicano, con trece muertes reportadas desde enero de 2022, por lo menos 9 con vínculo a la labor, según reporta la organización Artículo 19. El último de los crímenes, en el que Ernesto Méndez, director de Tu Voz, perdió la vida en San Luis de la Paz, Guanajuato, ocurrió tan solo dos días atrás.
La ola de violencia que asedia la libertad de prensa logró posicionar a México como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo después de Ucrania, de acuerdo a Human Rights Watch, y de Myanmar, según Reporteros sin Fronteras, dos países con conflictos bélicos en curso. Según la Secretaría de la Gobernación, el 43.1% de los crímenes estaría vinculado con servidores públicos municipales, mientras que el 33.5% sería un resultado del crimen organizado.
Los reportes de amenazas por parte de las víctimas, con el caso más notorio siendo el pedido de ayuda de la reportera Lourdes Maldonado al presidente durante una conferencia de prensa en 2019 en la que anunció que “temía por su vida”, convierten a cada uno de los artículos sobre el asesinato de periodistas mexicanos en la crónica de una muerte de anunciada. En cuanto aquellos casos graves pero no fatales, Artículo 19 documentó un ataque a la prensa cada 12 horas en 2021.
Un paralelismo se ha trazado, a la luz de los asesinatos de este año, entre la influencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado y representado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la incidencia de los crímenes: de los 13 asesinatos del 2022, 11 ocurrieron en entidades gobernadas por el partido de AMLO. Junto con Veracruz (Morena), considerada la región más peligrosa para ejercer el periodismo en México, los estados de Sonora (Morena), Oaxaca (PRI), Guerrero (Morena), Tamaulipas (PAN), Michoacán (Morena), Baja California (Morena), Guanajuato (PAN) y Zacatecas (Morena) han registrado homicidios de comunicadores en los últimos 7 meses.
Una línea telefónica y una dirección de correo electrónico se encuentran disponibles en el sitio web del gobierno mexicano para permitir el acceso al “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, instaurado en 2012 con la finalidad de garantizar la seguridad e integridad de las personas que ejercen este oficio. Pese a todo, entre el 10 de enero y el 2 de agosto de 2022, José Luis Gamboa Arenas, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado López, Roberto Toledo, Heber López Vásquez, Jorge Luis Camero, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares López, Luis Enrique Ramírez, Sheila Johana García, Yessenia Mollinedo Falconi, Antonio de la Cruz y Ernesto Méndez, murieron en mano de sicarios por ejercer la libertad de prensa.
Fue de las manifestaciones que siguieron a estos crímenes que nació el título de este artículo. “No se mata la verdad matando periodistas”, decían los carteles que llevaron la familia y colegas de los difuntos a las protestas. Un riesgo altísimo para estos últimos, que por el simple hecho de estar presentes en estas marchas podrían enfrentar consecuencias fatales, como los videos de Lourdes López en la protesta por la muerte de Margarito Martínez atestiguan.
En base a datos de la Secretaría de la Gobernación, la impunidad supera el 90% en los casos de ataques a periodistas y activistas. Esto quiere decir que, al día de hoy, prácticamente todos los asesinatos siguen sin ser resueltos. La vigencia del Mecanismo de Protección no supone garantía alguna, pues a 10 años de su implementación los resultados son imperceptibles. Ante el abandono del sistema, los periodistas salen a las calles a pedir por su seguridad, su libertad y sus vidas, partícipes involuntarios de una guerra por la verdad y la justicia.
