El presidente salvadoreño Nayib Bukele ganó este año las elecciones para quedarse al mando, por lo menos, otros cuatro años. En la primera parte de su presidencia, se enfocó en la llamada “guerra contra las pandillas”, con lo que logró reducir significativamente el crimen y la violencia, con métodos ampliamente criticados por violar los derechos humanos. Pero en el mundo de los grandes capitales, la confianza y la seguridad se traduce a un mejor ambiente de negocios y esto es lo que Bukele busca crear ahora. Si la seguridad fue el primer obstáculo a ganar, la economía será la segunda.
No será fácil lograrlo y esto es, en parte, porque el propio Bukele ha tomado algunos riesgos que no han sido bien recibidos por inversionistas y hasta gobiernos en el extranjero. En septiembre de 2021, pasó la Ley Bitcoin con la idea de que los ciudadanos pudieran usar el activo digital como moneda en curso para pagar todo, desde inmuebles hasta una comida callejera. Esto no funcionó, según datos del banco central, que indican que dentro del país el Bitcoin se usa marginalmente.
Bukele también invirtió partes de las reservas financieras del país en Bitcoin, una apuesta riesgosa para los tenedores de los bonos que cotizan en el mercado internacional. Cuando Bitcoin cayó de precio, se rumoraba que El Salvador incumpliría en el pago de su deuda. Hoy, con el precio del activo por los cielos, se estima que las reservas internacionales del país centroamericano han incrementado su valor en 62% desde que se hicieron las compras. Esto es, por ahora, un éxito, pero la legislación pro-criptomonedas no se ha traducido a más inversión extranjera.
El Salvador lleva 30 años de rezago en la atracción de inversión extranjera directa (IED) en comparación con sus pares en mercados emergentes. “Esto se atribuye en parte a la extorsión y la delincuencia generalizada relacionada con las pandillas”; dice un reporte anual sobre el país del Departamento de Estado de Estados Unidos, “las mejoras en materia de seguridad aún no se han traducido en una nueva IED significativa y en este momento no está claro cómo el gobierno terminará el Estado de Excepción y restablecerá los derechos constitucionales”.
No obstante, advierte el Gobierno estadounidense, el Estado de Excepción goza de un amplio apoyo público “y está contribuyendo a mejorar la confianza de los consumidores y el optimismo sobre las condiciones económicas”. Es decir, si había un momento para que Bukele pueda capitalizar en su logro, ese momento es ahora. Su Administración ha planeado varios grandes proyectos de infraestructura y el Gobierno estadounidense las ha identificado como potenciales oportunidades para sus empresas. Los proyectos incluyen mejorar la conectividad vial y la logística, ampliar la capacidad aeroportuaria y mejorar el acceso al agua y la energía, así como al saneamiento. Dada la limitada capacidad fiscal para la inversión pública, el Gobierno busca utilizar Asociaciones Público-Privadas (APP) para proyectos de infraestructura.
Bukele decidió endeudarse agresivamente en 2020, a menos de un año de haber tomado el poder, para transferir apoyos directos a la población durante la pandemia de la covd-19. Esto derivó en un nivel de deuda cercano al 70% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos de la calificadora de riesgo crediticio S&P Global. La firma mejoró la calificación de los bonos soberanos salvadoreños a finales del año pasado después de que el Gobierno lograra refinanciar su deuda doméstica en negociaciones con bancos nacionales, aunque aún la mantiene en nivel considerado “especulativo” y lejos del grado de inversión.
“A pesar del alivio fiscal derivado de estas medidas, las finanzas públicas del país siguen siendo frágiles”, escribieron analistas de S&P Patricio Vimberg y Omar De la Torre en su reporte. “La calificación de El Salvador incorpora las debilidades institucionales, como lo indican las dificultades de larga data para prever las respuestas de las políticas en un contexto de deficientes pesos y contrapesos, un modesto PIB per cápita de 5.200 dólares, y expectativas de crecimiento del PIB moderadas debido a una inversión y productividad persistentemente bajas.”
El gobierno ha estado en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien pudiera ser una fuente de financiamiento más flexible y menos costoso. Para el Fondo, el bajo uso de Bitcoin como moneda legal pudiera representar una mayor probabilidad de prestarle dinero al país centroamericano, ya que mitiga los riesgos de su exposición a las fluctuaciones de su precio. S&P considera posible que se llegue a un acuerdo entre el Gobierno y el FMI este año.
La apuesta económica de Bukele está en la combinación de estos dos factores, la seguridad y las criptomonedas, asegura Cory Klippsten, director ejecutivo de Swan, una empresa de servicios financieros de bitcoin con sede en Los Ángeles. La promoción de Bitcoin parece ser parte del impulso de marketing y ciertamente parece estar mejorando las cosas en muchas áreas, en particular en la seguridad para atraer inversión extranjera”, dice el empresario.
“Hay mucha gente yendo allí, comprando bienes raíces, desarrollando casas y condominios frente a la playa y pensando en abrir negocios en San Salvador”, agrega Klippsten, “hay un resurgimiento del interés en los clubes de campo alrededor de San Salvador. cosas así y muchas de esas personas están dentro y alrededor del espacio bitcoin, son aficionados y creyentes”.
Euell, el abogado, coincide: “Es difícil lograr que una economía crezca e inspire confianza, que funcione y tenga buenas tasas de crecimiento. Creo que hay mucho trabajo por delante, pero la gente está entusiasmada”.
