La guerra en Ucrania y la crisis mundial del coste de vida golpean con dureza a América Latina y el Caribe. El crecimiento regional, que después de la pandemia exhibió una recuperación impresionante hasta alcanzar una tasa promedio del 6,8% en 2021, se reducirá a apenas el 1,8% este año, con efectos paralizantes para las personas más vulnerables. En comparación con 2023, la tasa de pobreza de América Latina en 2024 aumentará 0,9 puntos porcentuales hasta el 33%, y la pobreza extrema subirá 0,7 puntos porcentuales hasta el 14,5%.
Pero muchos países de la región tienen una oportunidad para redefinir sus políticas económicas; y aunque todos son muy distintos, se enfrentan a un conjunto de desafíos estructurales comunes, que incluyen la dependencia respecto de los recursos naturales, baja productividad, debilidad del sector público y un margen fiscal estrecho.
La solución de estos desafíos demanda una gobernanza progresista y el énfasis en objetivos económicos claros: crear empleo, aumentar la productividad, reducir la pobreza, eliminar la brecha digital y acelerar la transición a la energía limpia. Para sostener esta agenda, los gobiernos necesitarán una narrativa nueva que ponga en primer plano el crecimiento impulsado por la innovación. No se trata de que los países de Latinoamérica necesiten innovaciones disruptivas (como las que vemos en Silicon Valley), sino innovación con propósitos específicos, para la solución de problemas concretos, como la creciente brecha digital y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por eso, en un nuevo informe para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), titulado Cambio transformador en América Latina y el Caribe: un enfoque de política orientada por objetivos, intento ofrecer un plan realista para la creación de riqueza en toda la región. El informe no traza una senda a seguir para todos los gobiernos, sino que propone un marco y un vocabulario nuevos, e identifica las clases de políticas, herramientas e instituciones que se necesitan para impulsar un crecimiento sostenido por la innovación.
Para crear una economía inclusiva, sostenible y con prosperidad compartida, propongo que los gobiernos de la región adopten estrategias industriales orientadas por metas, con menos énfasis en el uso de políticas ya conocidas y probadas (por ejemplo, aquellas que buscan fortalecer la sustitución de importaciones o conseguir competitividad vía precios) y más énfasis en reconsiderar el papel del Estado.
Hay que ver al Estado no como un obstáculo al crecimiento, sino como un actor fiable y capacitado del mercado, con una posición única para ser ambicioso y audaz en la búsqueda de soluciones a los mayores desafíos de sus países. Pero para que el Estado tenga éxito en ese papel, los gobiernos deben fijar objetivos claros y demostrar voluntad de usar todos los instrumentos a su alcance, desde la compra pública hasta la concesión de préstamos. Es la única forma eficaz de catalizar procesos de experimentación de fondo en múltiples sectores de la economía.
Los gobiernos pueden comenzar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y luego idear metas o propósitos que impulsen una movilización colectiva y transversal para conseguir cada uno de ellos. Como explica el informe, esto exigirá una estrategia clara para fortalecer las capacidades del sector público, mediante el aprovechamiento de nuevas herramientas y políticas orientadas a resultados y la creación de nuevas instituciones destinadas específicamente a esas metas.
Un enfoque de objetivos o propósitos exige reconocer el hecho de que las transiciones de largo recorrido (por ejemplo, de una economía basada en los combustibles fósiles a una economía sostenible) pueden llevar mucho tiempo. Las valiosas habilidades y capacidades acumuladas por la industria del gas y el petróleo se pueden reorientar de forma que los subsidios que reciben se conviertan en incentivos para que cambien hacia un modelo de economía verde.
El informe examina ocho casos de diferentes países de Latinoamérica en los que políticas e instituciones orientadas por metas podrían satisfacer la necesidad de cambios. Por ejemplo, la dependencia de los recursos naturales, como constata el conocido como “triángulo del litio”. Esta región, situada entre Argentina, Bolivia y Chile, alberga, junto con Perú, unas dos terceras partes de las reservas mundiales de este mineral. A pesar del papel crucial de este elemento tanto para la digitalización como para la transición energética global, Chile, Bolivia y Argentina no han conseguido dirigir de forma correcta el desarrollo regional, porque han permitido que la extracción de este recurso impulse un crecimiento carente de objetivos.
Si convertimos un recurso natural como el litio en un elemento central de una meta específica (por ejemplo, la descarbonización de la economía), los gobiernos pueden reconfigurar el sistema de incentivos. Así, en vez de alentar una explotación insensata de los recursos naturales, pueden hacer que las rentas obtenidas de esa actividad se reinviertan en tareas más innovadoras y beneficiosas. Mediante un enfoque multisectorial estratégico como ese, Argentina, Bolivia y Chile pueden transformar la “maldición” de los recursos naturales en una oportunidad de progreso social y ambiental.
Asimismo, los países del Caribe tienen la oportunidad de crear un sector turístico más verde a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el transporte hasta la construcción. A través del ambicioso objetivo de preservar los océanos y el lecho marino, sus gobiernos pueden fomentar la innovación y la inversión en una variedad de sectores, siguiendo el ejemplo de Barbados y de su inspiradora primera ministra, Mia Mottley.
En última instancia, el informe sobre Latinoamérica tiene que ver con la creación de un nuevo contrato social entre el Estado, las empresas, los sindicatos y la ciudadanía. Un Estado con más audacia y capacidad puede ser un socio mejor para las empresas, al sentar las bases para nuevas alianzas público-privadas que maximicen el beneficio público en vez de simplemente los beneficios privados. Un elemento crucial de este enfoque de objetivos es que el nuevo Estado empoderado esté sometido a la rendición de cuentas por medio de una mayor participación ciudadana.
Hoy más que nunca, se necesita claridad estratégica para enfrentarse al mismo tiempo a la crisis del encarecimiento de precios, a corto plazo, y a los desafíos estructurales de la región a más largo plazo. Felizmente, en los gobiernos progresistas de la región hay un creciente sentido de urgencia y propósito. Un enfoque de metas y objetivos puede servirles para empezar a redirigir el crecimiento hacia un futuro más inclusivo y sostenible, y espero que el informe resulte una guía útil para ello.
Mariana Mazzucato es fundadora y directora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público en el University College de Londres y preside el Consejo sobre la Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud.
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