El informe, el tercero que los investigadores de la Misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela (FFMV) publican desde que comenzó su mandato en 2019, encontró que “Maduro y otras personas de su círculo íntimo, así como otras autoridades de alto nivel estuvieron involucrados en la selección de objetivos” que serían detenidos y torturados.
La misión -que nunca ha tenido permiso oficial de parte de Venezuela- basó sus conclusiones en casi 250 entrevistas confidenciales, así como en el análisis de documentos legales.
Dijo que había documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “La tortura se llevó a cabo en su sede de Boleita, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.”
La misión dijo que también había investigado al menos 51 casos de tortura y malos tratos a detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desde 2014.
Estos casos incluían a “políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos”, y se añade que la mayoría de los abusos habían tenido lugar en el centro de detención de El Helicoide, en Caracas.
Informes anteriores publicados por el FFMV constataron que, desde 2014, los crímenes de lesa humanidad en la nación sudamericana, rica en petróleo pero asolada por la crisis, han sido generalizados, con autoridades acusadas de asesinato, violación, detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, entre otras atrocidades. El último informe, publicado el martes pasado, va más allá y detalla los abusos cometidos por miembros de la agencia de inteligencia militar del país (conocida como DGCIM) y de la agencia de inteligencia civil (conocida como SEBIN), como parte de un plan orquestado por Maduro y su círculo más cercano.
El informe también detalló los abusos en el Arco Minero del Orinoco, una zona rica en minerales y sin ley donde los trabajadores son sometidos a la justicia sumaria y a la violencia sexual a manos de grupos armados y de las fuerzas del Estado.
Los expertos lamentaron que las autoridades no solo no hayan impedido ni investigado estos abusos, sino que parecen haber actuado en connivencia con actores no estatales en algunas partes de la región.
Patricia Tappatá Valdez, miembro de la misión, describió la situación en Bolívar como “profundamente preocupante”. “Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en la violenta batalla entre el Estado y los grupos criminales armados por el control del oro”.
Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, está inmersa en una gran confusión política y económica. A pesar de la dolarización de facto de la economía, la inseguridad, la inflación y la escasez generalizada asolan el país, mientras que Maduro ha reprimido la disidencia.
Maduro también se enfrenta a una investigación en curso de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Los grupos de derechos esperan que el mandato de la FFMV se amplíe en una votación de los miembros del consejo de derechos humanos de la ONU el 7 de octubre.
“La misión de investigación ha sido esencial para impulsar la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, dijo Tamara Taraciuk, subdirectora de la división de las Américas de Human Rights Watch.
