La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, por detectar operaciones con recurso de procedencia ilícita. Se le investigó después de detectar que el magistrado en los últimos años tuvo gastos millonarios por arriba de sus ingresos como servidor público. Se le comprobó un gasto de 36 millones de pesos, monto mayor de sus ingresos declarados fiscalmente.
La denuncia recibida por la Fiscalía General de la República el 21 de febrero pasado, documenta en las cuentas de Vargas depósitos en efectivo de empresas privadas y personas no identificadas y las compara con sus ingresos de función pública, lo cual se concluye que el funcionario gastó 217.9% más de sus ingresos declarados.
Posteriormente, el día 28 de noviembre del año en curso, José Luis Vargas publica un Tweet diciendo: “Ante la publicación del diario Reforma sobre mi patrimonio, reitero el origen lícito y comprobable del mismo, y que consta en mis declaraciones, así como mi entera disposición para aclarar cualquier situación que la autoridad competente requiera.”
Días después, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, consideró como tema urgente que el presidente del Tribunal Electoral Federal aclare sus acusaciones sobre su patrimonio ante las autoridades competentes.
En su discurso el ministro Zaldívar expuso: “Yo espero que el Magistrado Vargas pueda aclarar toda esta situación, pero me parece que sí es urgente y necesario que se haga. Ya hay tema en la Fiscalía y me parece que se tiene que aclarar esta situación”.
De igual manera, expresó que él respetaba el principio de presunción de inocencia, que todos son inocentes ante la ley hasta que se les declare culpables. Sin embargo, por la confianza que se tiene al Tribunal Electoral, es necesario que el magistrado presidente acuda ante las autoridades para aclarar su situación.
