Una crisis de salud pública puede, como demostró el Covid-19, desnudar las fragilidades económicas, políticas y sociales de cualquier país. Argentina atraviesa desde mediados de marzo el peor brote de dengue de su historia, con más de 269.000 casos registrados, lo que multiplica en once veces los registrados en el verano de 2023.
La administración del ultraliberal Javier Milei, a cargo del Ejecutivo argentino desde el pasado diciembre, ha descartado aumentar el presupuesto para campañas de concientización o incluso para incluir la vacuna contra esta infección tropical en el calendario obligatorio, con la vista puesta en el ajuste de las cuentas públicas y una reducción significativa del gasto público, dos de sus principales promesas de campaña. Las primeras cifras anunciadas por la Casa Rosada tras la implementación de esta estrategia parecen sonreírle a la nueva administración, ganándole el visto bueno de los mercados.
A la espera de los datos de marzo, que se conocerán este lunes, Argentina pudo dejar atrás en enero y febrero doce años de déficit fiscal primario al registrar más ingresos que gastos en sus cuentas públicas. Esto deja al país en camino de cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un objetivo por demás ambicioso de un superávit fiscal del 2,0% del PIB para 2024. Sin embargo, los subsidios, especialmente en transporte y energía, representan un 1,8% del producto interior bruto total. Los datos oficiales señalan que en el primer trimestre del año, el gasto total de la administración nacional cayó un 29,7% en comparación al año anterior.
“Los esfuerzos de la administración Milei, que apuestan por un rápido ajuste fiscal en 2024 resultando en un presupuesto equilibrado, van en la dirección correcta”, comenta Sergio Armella, analista de Goldman Sachs, en una nota a inversores.
Sin embargo, desde el banco estadounidense advierten: “La implementación sigue siendo crítica y desafiante”. Por su parte, otro de los gigantes financieros estadounidenses, Citibank, resalta que “Argentina sigue siendo una historia en busca de la estabilización macro” pero con “signos positivos”. A la vez, los analistas de esta entidad afirman que la banca local se ha mostrado resiliente pese a la compleja regulación local, algo que, al menos en el contexto del país, despeja los fantasmas de una nueva crisis como la sufrida en 2001, cuando el sistema financiero local colapsó.
Otro de los puntos fuertes que el Gobierno intenta vender a los inversores es la caída constante en la inflación. Argentina registró un aumento de precios del 11% en marzo de este año en comparación con febrero, con lo que se posiciona como el país con mayor inflación a nivel mundial, dejando atrás a otros enfermos crónicos como Líbano y Venezuela.
En lo que va de año, la variación de precios supera ya el 51,6%. Sin embargo, lo que en otro país sería razón para el caos, en Buenos Aires puede ser positivo: los registros marcan un fuerte descenso desde el máximo registrado en diciembre, cuando el IPC alcanzó el 25,5% en variación mensual. La expectativa del mercado, según las encuestas del Banco Central argentino, es que el aumento en 2024 se limite al 189,4% interanual, más de veinte puntos por debajo del registro de 2023. “Estamos atravesando la fase más aguda del proceso inflacionario, que desacelerará por la combinación del ancla fiscal y monetaria”, apunta un informe reciente de BBVA Research sobre la economía local.
Cualquier suceso, como puede ser la crisis del dengue, puede demostrar otro flanco frágil de la economía argentina. El brote de la enfermedad ejemplifica el aislamiento internacional que sufre el país sudamericano: las trabas a la importación de repelentes, o de los insumos para elaborarlos, ha hecho que los insecticidas desaparezcan de todos los supermercados y farmacias de las principales ciudades.
Esto ha obligado a la Administración a levantar todos los obstáculos para la llegada de productos desde otros países, a la vez que los exceptúa del IVA y otras retenciones. La economía local fue una de las más cerradas de América Latina en 2023, con una participación del 0,25% en el comercio global, la tasa más baja de la historia, según el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. “El país sigue en un entorno de estanflación crítica: es decir, sin crecimiento y con una inflación por las nubes”, resume Luca Sibani, director de inversiones discrecionales y de retorno absoluto en Epsilon.
Deuda
Más allá de los indicadores macro, el ministerio de Economía liderado por Luis Caputo, exhombre fuerte de JP Morgan y Deutsche Bank en la región, se esfuerza a nivel local por mostrar el éxito de su plan con los inversores internacionales. En particular, el rally de los bonos de deuda soberana en dólares estadounidenses acumula un alza de hasta el 50% en lo que va del año.
La deuda pública emitida en moneda extranjera con vencimiento en 2030, como el Global 30, ya cotiza por encima de los 60 dólares y triplica su mínimo de 2022, cuando el bono se hundió hasta los 19 dólares. Esto coloca a la deuda argentina como una de las de mejor rendimiento entre los mercados emergentes.
“No obstante, los bonos argentinos siguen cotizando todavía con dificultades porque el riesgo de ejecución sigue siendo muy alto”, recuerda Sibani. Esto queda patente en la prima de riesgo local que, aunque se mantiene en su nivel más bajo de los últimos cinco años, pero aún duplica los bajos niveles que alcanzó durante la administración del conservador Mauricio Macri entre 2015 y 2019.
“Todos los titulares impulsan los precios de los bonos”, afirma Laura Reardon, gestora de carteras de renta fija en la gestora Columbia Threadneedle, quien llama a mirar más en profundidad a la hora de evaluar los bonos. Entre los factores destaca “el ruido político, que tiene un peso enorme”. La tensión no es menor: el Gobierno no cuenta con mayoría en ninguna de las dos Cámaras ni gobierna en ninguna de las 24 provincias que componen el país. La debilidad parlamentaria quedó patente con el rechazo en febrero de su megaley de desguace del Estado, una iniciativa que buscaba dar un guiño al mercado con el cambio del sistema de pensiones y la privatización de las empresas públicas.
Las verdadera prueba respecto a la deuda argentina está en las negociaciones con el FMI. El organismo multilateral aprobó un desembolso adicional de 4.700 millones de dólares a finales de enero pasado, que permitía cubrir casi todos los pagos hasta abril. El Gobierno defendió que no se trataba de un nuevo auxilio, sino que era parte del plan que la anterior administración peronista había acordado en 2022. Sin embargo, la expectativa está puesta en una ampliación del préstamo de 15.000 millones adicionales, que le permitiría al Gobierno comenzar a desarmar parte de los controles a la compra de moneda extranjera y avanzar una de las grandes promesas de Milei: la dolarización o, al menos, la libre competencia de monedas en la economía diaria.
De momento, las últimas perspectivas de la entidad publicadas hace pocos días dan un respiro al Gobierno. Si bien la caída del PIB podría llegar al 2,8% en 2024, los cálculos del organismo dirigido por Kristalina Georgieva resalta que la deuda pública bruta se reducirá en 45 puntos, bajando del 154% del PIB hasta un 86% en 2024. La expectativa es tan positiva desde Washington que incluso señalan que el indicador se hundiría hasta el 47% en 2029, muy lejos del 104% previsto para España en ese año.
“Los niveles de deuda no son preocupantes, ni siquiera en relación con el PIB”, apunta Santiago Batista, director ejecutivo del centro de ideas ICiudad. “El problema de Argentina es siempre de aquí a los próximos tres años. Las oportunidades 100 años para adelante se asemejan a la economía suiza, pero el problema es siempre la coyuntura”, agrega. Las cifras coinciden: el año que viene la administración tiene vencimientos de deuda en dólares por un total de 7.000 millones, la mayor parte de ellos en enero.
“Nuestra hipótesis de brs es que se requerirá algún tipo de reestructuración”, apunta Reardon, quien resalta la importancia de retrasar los pagos ya previstos del próximo año. En este sentido, una nota de inversión de Citi confía en que una “reestructuración suave” llegaría el año que viene pero que “un nuevo escenario de ‘default’ es poco probable, dado que el equipo económico busca seguir la ideología del presidente y mostrarse como amigable para los inversores”. El banco estadounidense sugiere entonces que una posición larga en la deuda que vence en la próxima década es “atractiva”.
La ilusión del mercado igual tiene también sus objetores. Oxford Economics da una probabilidad del 75% a que Argentina entre nuevamente en impago entre 2025 y 2027, lo cual implicará una renegociación dura con los inversores. “Esperamos que el ajuste a través de diferentes políticas de Argentina fracase el próximo año”, señala sin lugar a dudas la última nota publicada por la consultora.
Sin embargo, todas las grandes firmas del sector destacan que falta mucho para que la administración de Milei pueda emitir nueva deuda en los mercados internacionales, convulsionados por los dos grandes conflictos bélicos que alteran los planes de las grandes potencias. Además, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para noviembre de este año, agregan otro factor de duda para el sector de la renta fija.
Una carrera de imprevistos
La hoja de ruta oficial, que igual no ha sido oficializada en un plan integral y público, no significa que no puedan aparecer imprevistos. Los juicios que mantiene el país sudamericano en el extranjero pueden generar un nuevo dolor de cabeza para la administración. Es el caso, por ejemplo, de la causa abierta contra el Estado por la expropiación de YPF en 2012, en la que la justicia estadounidense condenó al Gobierno a pagar unos 16.000 millones de dólares.
La actual administración apuesta a demorar el proceso, aunque esto tiene un costo diario de 2,5 millones de dólares en concepto de intereses, según destacó hace pocas semanas la prensa local. Los intereses acumulan ya cerca de 500 millones de dólares. De momento, los abogados del bufete Burford, que adquirió los derechos de litigio de la familia Eskenazi, tienen puestos sus ojos en activos embargables del Estado argentino en el extranjero, desde los aviones de Aerolíneas Argentinas hasta satélites de la empresa pública de telecomunicaciones.
Pese a los buenos datos que la Casa Rosada intenta resaltar a los inversores extranjeros, la actividad económica permanece congelada. La producción industrial cae, según los últimos datos de febrero, un 9,9% interanual y el 50,6% de las firmas esperan que la demanda continúe contrayéndose. La mayor variación se registra en el sector de la construcción, que cae un 24,6% frente al año previo, fuertemente afectado por el recorte de gasto en la obra pública y el desarrollo de infraestructura.
El gran interrogante en el que coinciden todas las partes es cómo combinará el Gobierno su plan económico con el calendario electoral, con las próximas elecciones legislativas previstas en 18 meses. “La pregunta es siempre la misma: ¿cuán tolerante será la gente ante un nuevo ajuste estructural?”, concluye Batista. Por lo pronto, la llegada del invierno obligará a los mosquitos a retirarse, eliminando al menos esta irritación.
