El pasado 21 de octubre se aprobó la extinción de 109 fideicomisos públicos, por parte del Senado. Dentro de los fideicomisos estaban los destinados a desastres naturales, la ciencia, la tecnología, la cinematografía, la salud, entre otros.
Los senadores justificaron su decisión al establecer que existía mucha corrupción y desvío de recursos federales dentro de ellos. Los fideicomisos públicos no contaban con un control de regulación ni de transparencia.
Transcurrido un mes, el gobernador de Jalisco presenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de controversia constitucional con suspensión contra la desaparición de los fideicomisos y fondos públicos. Esta acción constitucional se presenta porque hay una controversia entre dos distintos órdenes jurídicos, el ejecutivo del estado de Jalisco y el ejecutivo presidencial.
Asimismo, es menester señalar la suspensión que se interpuso con la acción de controversia constitucional. La suspensión es una medida cautelar para salvaguardar el bien final del juicio, en este caso se pretende proteger a los 109 fideicomisos que van a desaparecer.
Posteriormente, se admite la demanda del gobernador Enrique Alfaro, pero el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz le niega la suspensión solicitada. Así lo señaló el ministro: “Se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda que hace valer en representación del Poder Ejecutivo. Sin embargo, se niega la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco” .
De igual manera, el ministro notificó al Congreso de la Unión y al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que, en un plazo de 30 días hábiles, presenten su respuesta y envíen una copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto que se impugna.
El jurista explicó la negación de la suspensión solicitada porque se trata de normas generales emitidas por el Congreso, mismas que no se pueden frenar ni suspender por la Corte durante el trámite de un juicio para revisar su legalidad.
En resumen, le niegan la suspensión, pero el juicio principal sigue en pie. La resolución final por parte del ministro, será lo que determine si hay una violación o no al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. En caso de que se estime una violación, los 109 fideicomisos públicos deben subsistir.
