Las tácticas agresivas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra las empresas de energía extranjeras están deteniendo proyectos y revirtiendo un proceso que hasta hace poco había convertido a México en uno de los mercados petroleros y renovables más atractivos del mundo.
Unos 200 parques eólicos, plantas de gas natural, paneles solares y otros proyectos se han detenido, según lo demuestran documentos del gobierno. Esto después de que López Obrador ordenara la suspensión de los permisos necesarios, exacerbando lo que ya era un largo proceso burocrático.
El gigante de la energía renovable Iberdrola SA ha pospuesto nuevas inversiones en México, mientras que AES Corp. pospuso un acuerdo para un parque eólico de 400 millones de dólares debido a dificultades con permisos.
En el sector petrolero y del gas, una industria que globalmente ya se ve afectada la caída de los precios y una transición acelerada hacia el abandono de los combustibles fósiles; las subastas petroleras han sido suspendidas desde que AMLO asumió el poder a finales de 2018. Mientras tanto, uno de los mayores descubrimientos petroleros privados de México se encuentra en el limbo en medio de prolongadas conversaciones sobre la propiedad entre el perforador y Pemex.
Al centro de la política de México se encuentra el nacionalismo energético de AMLO, que tiene como objetivo dar prioridad a las empresas estatales en dificultades en el país a expensas de los operadores privados. El presidente ha dicho repetidamente que está considerando cambiar la constitución para revertir la reforma energética de 2014, con la cual terminó el monopolio del estado mexicano en el sector energético.
El “claro objetivo de AMLO es cambiar las reglas del juego para que el Estado vuelva a tener la ventaja y pueda dictar los términos en los que el dinero privado entra en el sistema”, dijo Duncan Wood, director del Instituto de México del Wilson Center. “Todo apunta al hecho de que quiere cerrar el sistema de nuevo.”
“Duro Golpe”
Las cancelaciones y el estancamiento de las inversiones están presionando a mexicanos que contaban con tales proyectos para se empleados y el crecimiento económico que estos traerían. Cuando Pemex se negó a suministrar gas para la central eléctrica de 1.200 millones de dólares que Iberdrola tenía previsto construir en Tuxpan, la ciudad portuaria sufrió un “gran golpe”, dijo el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha.
“Esta fue una importante inversión que iba a generar más de 2.000 empleos, que iba a dar nueva vida a nuestra región, a nuestra ciudad”, dijo Aguilar Mancha, miembro del partido conservador de oposición PAN.
A los dos años de gobierno, la estrategia anti empresarial de AMLO para la industria energética contrasta con su enfoque conservador de gran parte de la política económica del gobierno, desde el ajuste del presupuesto hasta el apoyo a un nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.
Tras la promesa de revivir a Pemex y a la CFE, López Obrador está jugando cada vez más duro con las empresas privadas, en particular con los grupos extranjeros. Los cambios en la regulación y los retrasos en los permisos son algunas de las medidas desplegadas para sofocar la competencia. El presidente también ha atacado públicamente a Iberdrola y Repsol SA tachándolas de monopolios.
Atrasos acumulados
El atraso de los proyectos estancados ha aumentado dramáticamente desde que López Obrador asumió el cargo. Seis meses antes de su inauguración, había menos de 30 proyectos paralizados más allá de la ventana legal. A mediados de octubre, esa cifra era de alrededor de 200, la mitad de los cuales se solicitaron en 2019, meses antes de que surgiera el Covid-19. Desde octubre, los reguladores han dado luz verde a algunos proyectos, pero no han revelado la escala de las aprobaciones.
Como resultado, el clima de inversión en materia de energía en México se está deteriorando rápidamente. Durante el primer año de AMLO en el cargo, la inversión extranjera directa en todo tipo de proyectos energéticos se desplomó en más de un 60% a 2.250 millones de dólares, según las cifras de la Secretaría de Economía. En los primeros tres trimestres de 2020, se redujo a 1.300 millones de dólares.
La Comisión Reguladora de Energía dijo que se han permitido retrasos “derivados de la suspensión de los plazos y términos legales” impuestos en respuesta a la pandemia.
Aún así, algunas empresas extranjeras que no están en competencia directa con las empresas estatales están encontrando más fácil hacer negocios, según Doug Shanda, director ejecutivo de México Pacific Ltd., que está construyendo una terminal de exportación de gas en el estado norteño de Sonora.
El permiso para el gasoducto de México Pacific fue aprobado rápidamente por el regulador en mayo, incluso con un personal reducido debido a la pandemia, dijo Shanda en una entrevista. El organismo regulador “sólo se reunía cada dos meses”, dijo.
El caso de Zama
El gigante francés Electricite de France SA (EDF) ha estado esperando cerca de un año para obtener el permiso de impacto social que necesita para construir un parque eólico de 300 megavatios. Pero la oficina de la Secretaría de Energía que emite tales permisos ha sido cerrada por la pandemia y no planea reabrir hasta el próximo año. Por otra parte, Cubico Sustainable Investments, propiedad de dos de los mayores fondos de pensiones de Canadá, canceló un par de proyectos de energías renovables después de que se produjeran problemas de regulación.
EDF dijo que “sigue escrupulosamente los procedimientos mexicanos e internacionales de consulta con las comunidades, asociaciones y autoridades locales”. El permiso de impacto social se ha retrasado porque el brote de Covid-19 obstaculizó los esfuerzos para obtener la opinión pública, dijo la empresa.
En el sector petrolero, el desarrollo del descubrimiento de Zama se ha ralentizado después de que el Ministerio de Energía ordenara a Talos Energy LLC, con sede en Houston, y a sus socios que fusionaran el hallazgo con el campo Uchukil, que se superpone y es propiedad de Pemex.
El futuro de la industria
Con miles de millones de dólares en juego, el grupo liderado por Talos y Pemex han estado enfrentados durante meses sobre qué entidad puede reclamar la mayor parte de las reservas. Si no se llega a un acuerdo antes de la fecha límite de principios de enero, el Ministerio de Energía puede decidir por ellos. El enfrentamiento está siendo vigilado de cerca en toda la industria debido a sus implicaciones para otros exploradores extranjeros.
“Hasta este punto hemos tomado todo el riesgo, gastado todo el capital y encontrado todo el petróleo, y estamos listos para trabajar con Pemex para avanzar en el desarrollo de este proyecto para que haya una línea de visión en la primera producción”, dijo el CEO de Talos, Tim Duncan.
“El tema es mucho más grande que el propio Zama”, dijo David Enríquez, socio de la firma de abogados Goodrich Riquelme y Asociados. “Lo que está en riesgo es el futuro de la industria y si el gobierno mexicano toma el enfoque nacionalista o pragmático y hace lo mejor para el país”.
