La procuradora general de la Nación, Patricia Benavides, presentó este martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, acusándolo de liderar una organización criminal tras encontrar indicios de tráfico de influencias y actos de colusión.
“Presento denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su calidad de Presidente de la República, como presunto autor de delitos contra la paz pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de mandatario”, escribió la fiscal general Patricia Benavides en un documento publicado en Twitter.
La denuncia también apunta a dos ex ministros de Castillo: el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y Geiner Alvarado, quien estuvo a cargo de Vivienda. Son sospechosos de tráfico de influencias y se les considera parte de la supuesta organización criminal que dirige el presidente.
La denuncia es la primera de este tipo contra un presidente en ejercicio, fue presentada en el Congreso, que ahora debe considerar el futuro del mandatario de izquierda. Castillo ya lidia con seis investigaciones por temas que van desde el peculado hasta el plagio. Desde las elecciones de 2021, que fragmentaron aún más un país ya dividido, Perú no había vivido un ambiente político tan caldeado.
Este tipo de denuncia constitucional se dirige contra funcionarios de alto rango que, de otro modo, gozan de inmunidad judicial. La medida deja la pelota en el tejado del poder legislativo, controlado por los partidos opuestos a Castillo. “A partir de este momento, es responsabilidad exclusiva del Congreso de la República decidir sobre la tramitación de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, dijo la oficina de Benavides.
Se necesitarían al menos 66 votos de 130 para suspender a Castillo, menos de los requeridos para la destitución, y su alianza parlamentaria de izquierda solo tiene un tercio de los escaños.
El Ministerio Público ordenó el martes la detención de cinco ex asesores de Castillo y el registro de las oficinas y domicilios de seis diputados también implicados en la investigación. Los registros se extendieron al domicilio de la hermana del presidente, Gloria Castillo, que se encontraba en compañía de su madre, en San Juan de Lurigancho, un distrito al este de Lima. Esto fue calificado como un “acto abusivo” por el propio presidente horas después.
“Aquí estoy y si mi sangre tiene que correr en las calles en beneficio del pueblo, que así sea. Si tengo que dar mi vida, lo haré”.
En cualquier caso, las acusaciones son gravísimas y apuntan a un Ejecutivo que se debate entre la inestabilidad, las dimisiones y los despidos desde que Castillo, maestro de escuela de profesión, asumió el cargo a finales de julio de 2021. El fiscal general habló de “intimidación permanente” y “acoso” contra los fiscales y la Policía Nacional, lo que “pone en serio peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer.”
