Desde el punto de vista constitucional, la respuesta es un contundente no.
A mitades de Julio El presidente de México dio a conocer que el Ejército y la Marina asumirían el control y la vigilancia de los puertos, aduanas marítimas y terrestres para combatir la corrupción, el contrabando y el narcotráfico.
“Vamos a limpiar los puertos y las aduanas en el país”, dijo el mandatario. La Secretaria de Marina colaboraría “ayudando a enfrentar el problema de inseguridad y de trafico de drogas en el país” agregó que esta “tiene que ser fundamentalmente garante de la soberanía y en particular en el cuidado de los puertos de México. Ese es el nuevo rol que se le esta asignando a la secretaria de Marina, lo cual, repito, incluye la vigilancia, la protección de aduanas marinas y puertos de nuestro país”.
En respuesta a esa declaración corrió el rumor de que Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transporte, no estaba de acuerdo con la decisión y, a raíz, presentaría su renuncia. El 23 de julio, se confirmó la salida del titular de dicha secretaría.
En su carta de renuncia, el ahora exsecretario, manifestó su inconformidad con la decisión del presidente López Obrador de “trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los Puertos, de la Marina Mercante, de la formación de marinos mercantes, que han estado a cargo de la SCT desde 1970”. Asimismo, Jiménez Espriú se lamentó por no haber tenido éxito en transmitirle al presidente su preocupación por la gravedad de la medida.
La Semar y la Guardia Nacional ya tienen facultades de vigilancia sobre aduanas y puertos. Estas tareas son diferentes a tener el control y la administración de estos.
Con vistas al alarmante proceso de militarización iniciado por otros gobiernos y continuado por el actual hay varios problemas de gran amplitud jurídico que deben ser resueltos antes de asignar a la secretaria de marina las actividades que anuncio el presidente López Obrador:
- Conforme al articulo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe ser emitido por la autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado en las normas del proprio orden jurídico. Lo cual implica que, en primer lugar, el actuar de las autoridades debe estar señalado en una norma previa. Por ello, la correspondiente acción de autorizar, negar o actuar, debe preverse así en una ley reglamento u otra disposición pertinente. La fundamentación y la motivación implican que el actuar concreto debe sustentarse en otra norma y tener relación con la situación que va a enfrentarse. El presidente López Obrador no cuenta con la competencia necesaria para asignar nuevos quehaceres a la secretaria de Marina respecto de los puertos y las aduanas marítimas.
- Con motivo de la reforma constitucional llevada a cabo en marzo del 2019 para reconfigurar la Guardia Nacional, al presidente se le confirió la competencia para involucrar a las Fuerza Armada Nacional en asuntos de seguridad publica. El 11 de mayo el presidente ejerció esa competencia y determino que el ejercito y la armada deberían apoyar durante 5 anos a la Guardia Nacional en algunas de sus funciones. “Algunas” debe ser subrayado. Es decir que el ejercito y la armada pueden apoyar al cuerpo policial en lo que le corresponda realizar, sin incorporar nuevas ocupaciones para militares y marinos. Las Fuerzas Armadas tienen entonces una posición subordinada y complementaria con respecto a la Guardia Nacional.
- El artículo 129 dispone que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Resulta más que evidente que la asignación de vigilancia de puertos y aduanas portuarias es una actividad que no guarda relación con esa disciplina.
- Si el presidente quisiera movilizar a los marinos, tendría que suspender derechos en términos del artículo 29 Constitucional o declarar, con fundamento en el artículo 89, que la seguridad interior del país está comprometida. Ambas cuestiones son, desde luego, tremendas. La primera, porque implicaría que los habitantes del territorio nacional tengamos suspendido el ejercicio y goce de nuestros derechos y garantías; la segunda, porque la movilización implicaría un paso adicional en el proceso de militarización, con los consecuentes efectos en materia de derecho humanitario.
Dada la especificidad de las Fuerzas Armadas en el texto constitucional, el presidente de la República carece de las competencias necesarias para actuar sobre el Ejército y la Marina. Tampoco puede hacerlo el Congreso de la Unión por mucho que se reforme la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es decir, no es factible, ni por decreto presidencial ni por ley del Congreso, asignarle ocupaciones a las Fuerzas Armadas que no encajen en el marco constitucional.
Lo único que sería factible, más allá de peligros y nuevos pasos en la ya señalada militarización, sería asignarle a esta las tareas de protección de puertos y aduanas marítimas, para después asignarle tales labores a la Armada, siempre de manera complementaria y subordinada.
En el mundo entero existe un régimen particular y propio de las Fuerzas Armadas. Nuestro país no es la excepción. Desafortunadamente, desde hace años, se ha venido erosionando ese marco para asignarle a los correspondientes cuerpos un creciente número de quehaceres. La idea, hasta hoy no materializada, de asignar la vigilancia de los puertos a nuestra Armada, va en la misma dirección. En la misma mala ruta.
¿Por qué razón si el Gobierno ya lo es y si tiene a su cargo todo el sistema aduanal mexicano, no hace una reforma de su propio aparato para cumplir con las funciones que él mismo pretende desempeñar? ¿Para qué forzar más aún los ya de por sí complejos equilibrios institucionales vigentes en el país?
Además de las afectaciones al orden constitucional que podría traer consigo la militarización de las aduanas y puertos del país, deben preocuparnos las advertencias del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce). El cual arguyó que la decisión del gobierno podría obstaculizar el flujo de operaciones de comercio exterior, ya que “una mala intervención del Ejército y la Marina en la administración de las aduanas y puertos incrementará sensiblemente la desconfianza hacia nuestro país como destino de inversiones, provocando inevitablemente, la pérdida de competitividad de las empresas mexicanas, el cierre de negocios, y la consecuente pérdida de empleos”.
