“Lo que está haciendo su gobierno es bioterrorismo” dice un hombre joven, con acento de Europa oriental, al acercarse a los vecinos que bloquean por quinto día interrumpido el paso por la avenida más extensa del continente americano, Insurgentes Sur, en su cruce con la calle Ohio-Xola, entre las colonias Nápoles y Del Valle Norte, respectivamente.
Aquí, en el corazón de la Ciudad de México, vecinos de cerca de diez colonias de la alcaldía (municipio) Benito Juárez narraron las enfermedades gastrointestinales y dermatológicas que padecen y su exigencia al gobierno de la urbe -desde hace tres décadas, de izquierda- que active los protocolos de emergencia conducentes y les informe el contenido del agua, con un fuerte olor a solvente, que llevan recibiendo en sus hogares desde finales de marzo.
Pasaron dos semanas desde que el Jefe de Gobierno de la capital, Martí Batres, describió sus temores como una “alucinación colectiva”; hasta que, ante la movilización social, reconoció el 8 de abril que el agua está contaminada, desmintió los posibles “componentes cancerígenos” que alerta un análisis privado difundido en redes sociales, declaró -para tranquilidad de nadie- que el líquido no es explosivo (a diferencia de la tragedia de Guadalajara en 1992), pero no debe usarse “ni para lavar” y movilizó a las fuerzas armadas para asegurar un pozo cercano y operar plantas potabilizadoras en la zona afectada.
Constitucionalmente, el Estado mexicano tiene la obligación de proveer a todos los mexicanos de agua potable y apta para el consumo humano. Lo saben los vecinos que transcribieron el sexto párrafo del artículo cuarto de la Constitución en una cartulina que pegaron a mobiliario urbano, a la vista de todo el que pasa:
“Artículo 4.- (…) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”
Este párrafo fue agregado a la carta magna hace apenas 12 años, en el contexto del Foro Mundial del Agua celebrado aquí, en la Ciudad de México, en 2012, y dispone, en primer lugar, el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, en concordancia con el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) del que México es parte; y en segundo y tercer lugar, la obligación de su garantía por el gobierno y el derecho de la sociedad civil de participar en ello.
Esta crisis no pudo llegar en peor lugar y momento: la situación de esta demarcación con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más alto México -ideal social, por sus condiciones, no de pobreza ni de riqueza, sino de una homogénea clase media con niveles educativos, de ingresos o de acceso a servicios muy similares entre su cerca de medio millón de habitantes-, hoy juega en su contra:
La inicial solidaridad de los habitantes de otras zonas de la inmensa y desigual Ciudad de México, que acuden a trabajar a través de o directamente a la alcaldía Benito Juárez y ahora ven bloqueado su acceso, rápidamente se ha visto teñida de desprecio hacia quienes habitan la zona “aspiracionista” por excelencia, o con “más conservadores que ‘las Lomas’ (área de grandes mansiones y mucho mayores ingresos, al poniente de la capital)”, como fue descrita en 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Otro factor en contra de los vecinos de Benito Juárez es que la ciudad no está acostumbrada a que ellos protesten. En el imaginario colectivo de una megalópolis con estrés hídrico, ellos no padecen comúnmente escasez de agua, lo cual es falso, por ser el mayor bastión electoral del partido de derecha mexicano y otrora gobernante federal, el PAN, lo cual es cierto. Para colmo, esto ocurre coincidentemente en pleno periodo de campañas electorales en todos los niveles.
Es entonces que se explica lo proporcionalmente raro como grave que es que la clase media capitalina salga a paralizar radicalmente la urbe, no por mera falta de agua, sino por su exposición a contaminantes potencialmente peligrosos y el temor a un posible daño a crónico en su salud.
“No quiero tener cáncer en diez años” – Lucina, vecina afectada.
Una vez forzado a reconocer que el agua efectivamente está contaminada, la siguiente exigencia de la ciudadanía organizada al gobierno ha sido que informe específicamente que sustancia lo está causando, de modo que los afectados puedan tratarla sin riesgo a activar componentes potencialmente cancerígenos al mezclarla con detergentes como el cloro, como se ha advertido por expertos.
La actuación del gobierno local ante un problema que se expande como una mancha de tinta a más colonias de la demarcación, según el mapeo digital de reportes que llevan los vecinos manifestantes, marca un precedente peligroso para todos los habitantes de México.
El gobierno mexicano está fallando de manera excepcionalmente grave en cumplir su obligación de garantizar el derecho al agua salubre, tanto constitucional como de tratados internacionales de derechos humanos, para un número inusitado de habitantes.
Para que se considere cumplido el derecho humano al agua, no basta con sólo darla a los gobernados, como dicta el artículo 11 de la Observación General nº 15 del PIDESC, sino que debe cumplir con los elementos de “calidad y seguridad”, bajo las Guías para la calidad del agua potable del Comité de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son:
“El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.”
Mientras tanto, una multitud acude con garrafones a recibir agua suministrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el parque de San Lorenzo, en la colonia Tlacoquemécatl Del Valle. Otros, dada la desconfianza que les ha representado la autoridad, han preferido pagar los altos costos de servicios privados de desinfección, aunque el gobierno de la capital haya anunciado su disposición de servicios de limpia y pipas de agua para las cisternas de los innumerables edificios de departamentos de la zona.
El lunes 15 de abril, fecha de elaboración de este texto, se cumplió el sexto día consecutivo de la hazaña titánica de un grupo de vecinos en medir fuerzas con el gobierno y paralizar a la ciudad más grande del hemisferio occidental, quienes, cansados y enfermos, finalmente anunciaron que levantarían su bloqueo, pero ejercerán los recursos que la ley les concede para defenderse del gobierno.
“Queremos agua limpia”, siguen clamando los heroicos vecinos organizados de la alcaldía Benito Juárez.
Francisco Peláez es abogado litigante y consultor con experiencia en materias civil, penal y de derechos humanos. Ha colaborado con organizaciones como Amnistía Internacional México y con cuenta con estudios por the University of London.
