La presidente electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo suya la promesa de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de reformar al poder judicial para que los jueces, ministros y magistrados federales sean elegidos por voto popular en elecciones generales directas.
Dicha idea de AMLO surgió durante sus conferencias matutinas diarias, luego de confrontarse múltiples veces con el poder judicial mexicano -y especialmente con la Suprema Corte de Justicia (SCJN)- que ha declarado inconstitucionales algunas leyes y decretos propuestos por él (como la prohibición de conocer información sobre grandes obras gubernamentales) o haber concedido suspensiones provisionales a particulares amparados1 contra acciones de su gobierno que los afectaban (como la eliminación de la pensión por viudez de la periodista y directora de la ONG crítica del gobierno, Mexicanos Contra la Corrupción)
Sheinbaum, científica de formación, ha pretendido dotar de seriedad a la propuesta mediante una encuesta. En respuesta, expertos, jueces y asociaciones de abogados han expresado sus preocupación, en un país sumamente politizado como es México.
Pero ¿qué opinan de esta idea los abogados de otros países, ajenos a la politización de México?
“Yo creo que donde participe el pueblo, es bienvenido; pero en ciertos temas, como derechos fundamentales (derechos humanos ya reconocidos por la ley), habría que pensarlo”, opina Patricia Velasco Acebes, abogada especialista en temas de extranjería por la Universidad Rey Juan Carlos, que además da servicio jurídico gratuito para personas sin recursos en el Colegio de Abogados de Madrid.
En su país, España, es muy mal visto que se mezcle la política con la impartición de justicia, luego de varios casos mediáticos de prevaricación (dictado de sentencias parciales) y corrupción en los últimos años, que incluso han involucrado a la casa real, como el Caso Nóos o Urdangarin.
Mientras tanto, en México, ahora mismo nos cuestionamos si los juzgadores tendrán que afiliarse a partidos políticos, hacer campañas con presupuesto público, y -de ser el caso- que podrán prometer en ellas ¿sobre sentencias de juicios que aún no reciben ni han estudiado?
Velasco además plantea el problema que existiría para conciliar el trabajo de escritorio de los jueces, inagotable en España y en el mundo, con los periodos de campaña que tendrían para postularse:
“¿Realmente una persona de la calle tiene conocimiento suficiente para elegir a un juez? Si el pueblo es quien debe elegirlo ¿con base en qué? Tú a los políticos los ves haciendo campaña, pero ¿a un juez en su despacho? Son cosas que hay que preguntarse”.
En 2010, el entonces presidente, Evo Morales, convirtió a Bolivia en el único país del mundo que elige a sus jueces de la Suprema Corte y de segunda instancia de manera directa y que -de aprobarse la reforma judicial- está en el futuro para México.
La Ley 025 fue promulgada bajo la promesa de eliminar la venta de sus cargos públicos y la corrupción en la elección de los de los Tribunales Departamentales de Justicia (el equivalente a jueces de segunda instancia) y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (equivalente a la SCJN, en México); sin embargo, ha resultado en secretismo, baja participación de la población – no obstante que la votación es obligatoria- y casos de simulación electoral.
“Llaman a nuevas elecciones dictando los nombres de las personas que se van a postular y que en tal fecha van a ser. De eso se encarga el Consejo de la Magistratura, que fue creado para eso. Llega el día de las elecciones, se abren las urnas y va a votar la gente que sabe.
“Porque igual le preguntas a miles de bolivianos y no saben quiénes son (los candidatos), ni saben en qué fecha son las elecciones. Esto regularmente se hace cada dos años, los vocales tienen derecho a una reelección”, señala Cristian Urquiza Leigue, abogado y exfuncionario en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la Sierra y de la Fiscalía Departamental del Ministerio Público de la misma región.
A pocos kilómetros, en el norte de Chile, se encuentra la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; que todavía sigue el modelo de carrera judicial por méritos que alguna vez tuvo Bolivia y aún tiene México.
Ahí, Christopher Brandt Pezoa, Asesor Jurídico de la Directora General y el Consejo Directivo, considera que la elección popular de jueces conlleva la eliminación del principio legal de imparcialidad de la justicia, tal como han advertido los juristas mexicanos.
“Implicaría que los postulantes a dichos cargos deban entrometerse en la esfera política, lo que posiblemente podría impactar en sus decisiones”, señala Christopher Brandt.
Dicha situación resultaría en un perjuicio directo para los ciudadanos ajenos a la política, ya que, sin contrapesos del poder judicial, el resultado de un juicio en el que estén involucrados dependerá de la filiación política del juez, como expresa Brandt:
“Implicancia en el compromiso con ciertos sectores de los partidos políticos, generando un impacto en los frenos y contrapesos que debe tener la judicatura en relación con el poder político. Asimismo, la relativización de sus decisiones judiciales generaría incertidumbre en la población, toda vez que pone en riesgo su imparcialidad”.
Velasco coincide en que los jueces -en una virtual partidización- “no van a ser imparciales, aunque de cara pública tienen que ser imparciales. No puedo tener un juez con un cargo afiliado a un partido político, porque no puede trabajar”.
En México, un país azotado por el narcotráfico, existe además el temor fundado de que el crimen organizado se entrometa en las elecciones de jueces, un problema con el que también lidian en democracias más estables, como la Unión Europea:
“Por lo menos en grandes casos, sí llega a haber corrupción. Donde hay grandes empresas, o grandes sumas económicas, totalmente. Hay intereses que presionan (a los jueces). Si aquí (en España) pasa, en México me parecería una locura”, opina Velasco.
Por su parte en Bolivia, la poca participación, opacidad y -paradógicamente- la corrupción (mediante de compra de votos o simulaciones electorales) del proceso para designar jueces, ya ha provocado conflictos sociales:
“Esto se lleva a cabo en Bolivia, sí, pero es un gran problema. Sé que lo hacen en nombre de la democracia, pero es absurdo” (…) “Justamente a inicios de año hubo un problema muy grande y sonado por unos que se autoproclamaron ‘magistrados’, y esto fue porque no fue transparente la elección de dichos magistrados. El pueblo levantó la voz e hicieron bloqueos de carreteras y hubo un caos en el país, hasta que hubo nuevas elecciones”
Y es que el Estado plurinacional ha llegado a un dilema democrático que nadie pudo prever y parece no tener salida fácil, pues ahí los candidatos del poder judicial no pueden hacer campaña (bajo el principio de estar prohibidas las promesas sobre como resolverán sus sentencias judiciales futuras) y, en consecuencia, la población tiene poca o nula información y rara vez participa.
“No puedo decir ‘voy a tomar estas determinaciones’ porque la justicia no tiene por qué ser propaganda. Está prohibido por eso, porque no se puede jugar con la justicia, pero ¿Por qué la gente tendría que votar por alguien que no conoce? ¿cuál es el motivo por el cual voy a votar por una autoridad? Entonces la gente vota sin tener conocimiento o no vota”.
La Constitución Mexicana actualmente ya contempla el derecho ciudadano a ser consultado sobre las iniciativas propuestas por el Presidente, sin embargo, para que sea vinculante tiene que participar cuando menos el 40% del padrón electoral. La encuesta de Sheinbaum tomó entre mil 202 y mil 458 personas de los más de 127 millones mexicanos, es decir, el 0.0032% de la población, que fue consultada para decidir cómo recibirá justicia el 100%.
Aunque la muestra, la metodología y los fines de la consulta puedan ser cuestionables, algo sí resulta patente de la reacción de la opinión pública ante ella: el hartazgo e insatisfacción de la población mexicana con el sistema de justicia, particularmente en materia penal, y las profundas deficiencias en este.
Para Christopher Brandt, la manera de garantizar una mayor democracia en el poder judicial es mediante una comisión general que se encargue exclusivamente de las postulaciones a dichos cargos, sin la intromisión de la esfera política.
“La gente no conoce y no tiene por qué conocer quiénes son los vocales (jueces de segunda instancia) y magistrados, porque no son abogados. Pero sí debe conocer sus derechos”, concluye Urquiza.
Mientras que Patricia Velasco considera que la manera de mejorar el sistema judicial -de cualquier país- sería antes de llegar al juzgado, con “una mejor policía, mejores letrados de Estado, que pudieran realmente luchar contra los delitos de corrupción sin que se sintieran amenazados”; opinión que ha sido compartida paralelamente en México por la ministro presidente de la SCJN, Norma Piña Hernández.
Aunque difícilmente Francesco Carrara pudo prever la complejidad del experimento que ahora lleva a cabo México, sometiendo a los juzgadores a lo que parece que será un concurso de popularidad -a costa de una de las más grandes necesidades de su población-, quizás sabremos si el jurista italiano tenía razón cuando afirmó que “cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana“.
Francisco Peláez es abogado litigante y consultor con experiencia en materias civil, penal y de derechos humanos. Ha colaborado con organizaciones como Amnistía Internacional México y con cuenta con estudios por the University of London.
1 En México, el Juicio de Amparo es un recurso extraordinario que tienen los gobernados para protegerse de actos de las autoridades y que es resuelto por los jueces, magistrados y ministros federales.
