El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha quedado en el abandono durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Si el Senado no llena las vacantes de su Comité de Participación Ciudadana (CPC) antes de que termine febrero, este caerá en la inoperancia, y el sistema que pretendía coordinar a varias instituciones en la lucha anticorrupción quedará aún más relegado.
Jacqueline Peschard, expresidenta de dicho comité, explicó en entrevista con la revista Gatopardo: “La idea del Sistema es que no se puede perseguir la corrupción desde una entidad, por más autónoma que sea”. Por ese motivo, la propuesta original del expresidente Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional Anticorrupción, aprobada por el Senado en diciembre de 2013, recibió en su momento fuertes críticas. Desde entonces, una coalición de organizaciones señaló el error de depositar toda la responsabilidad de prevenir, investigar y castigar la corrupción en una sola instancia. En cambio, la propuesta alternativa, ahora conocida como el Sistema Nacional Anticorrupción, aprobada en mayo de 2015, estableció la coordinación entre varias instituciones.
Ese objetivo explica el diseño del SNA. Su órgano rector está integrado por seis entidades, además del CPC, que se encargan de detectar, investigar y sancionar las faltas administrativas (Secretaría de la Función Pública) y los delitos de corrupción (Fiscalía Especial Anticorrupción), de vigilar y auditar el ejercicio del presupuesto público (Auditoría Superior de la Federación), de sancionar las faltas administrativas graves (Tribunal Federal de Justicia Administrativa), de transparentar la información pública (INAI) y de supervisar la administración del Poder Judicial (Consejo de la Judicatura Federal).
El SNA se ha enfrentado a resistencias desde el día uno. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, miembros del CPC afirmaron que las autoridades no los dejaban efectuar investigaciones sobre los casos de corrupción más graves y emblemáticos de ese periodo.
¿Cuál ha sido el problema con el gobierno actual? Peschard explica que “a López Obrador no le gusta nada que no esté bajo su línea de mando directo. Tiene una vocación muy clara por la concentración del poder. Eso es evidente en toda su crítica y en la concepción negativa que tiene de los organismos autónomos”.
Parte del fracaso del SNA, según Peschard, tiene que ver con que López Obrador ha utilizado a la Secretaría de la Función Pública como el único medio de combate a la corrupción. Ante ello, afirma que “el resto de los integrantes del SNA no han puesto resistencia; no lo han hecho los órganos autónomos, como el INAI, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el Consejo de la Judicatura; hay una subrogación a los dictados de la Secretaría de la Función Pública que, sin presidir el Comité Coordinador, ha fungido como tal”.
Otra parte del fracaso del SNA se debe al incumplimiento del Senado, que ha frenado la renovación del Comité de Participación Ciudadana. A partir de este mes, con el fin del periodo de Rosa María Cruz Lesbros como su presidenta, solo queda Jorge Alatorre en un equipo de cinco. Si no se cubren las vacantes, caerá en la inoperancia por falta de quórum. A pesar de esto, Peschard indica que el sistema puede funcionar porque “mientras esté el presidente del CPC”, que ahora sería Alatorre, “se cubre la presidencia”, es decir, esta es la figura relevante. Sin embargo, advierte que tener un solo integrante “merma las capacidades del SNA de ser el vínculo articulador entre la sociedad civil y el Estado, que es la base de todo”.
En 2020, de acuerdo con algunos índices, mejoró la percepción de la corrupción en México. El país ganó dos puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción respecto a 2019, pasando de 29 a 31. En términos relativos, México escaló seis lugares, al pasar de la posición 130 en 2019 a la 124 en 2020, ubicándose junto a naciones como Bolivia, Kenia y Pakistán. Pese a ello, México sigue reprobado y es el peor calificado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; hoy se encuentra en el lugar 37 de 37.
Otro tipo de datos también desmienten la mejoría. En el ámbito nacional, por ejemplo, la tasa de prevalencia de corrupción incrementó de 14,635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15,732 en 2019, es decir, creció en 7.5%. Lo mismo ocurrió con la tasa de incidencia, que pasó de 25,541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30,456 en 2019, un aumento de 19.2%.
“Mientras la figura presidencial siga concitando apoyos importantes en la población, el discurso anticorrupción podrá tener rendimientos positivos, pero solo en la percepción muy inmediata de las personas”, escribió Peschard en “El dudoso combate a la corrupción”, un texto publicado en el libro Balance temprano. Desde la izquierda democrática (Grano de Sal, 2020). Citando a Susan Rose-Ackerman, experta en corrupción política y desarrollo, Peschard insiste en que el Estado debe implementar “reformas institucionales capaces de desmontar los incentivos que existen en los procesos y las rutinas administrativos, que son los que fomentan sobornos, malversación de fondos, peculado, etcétera. La regla que se propone es reducir esos incentivos y aumentar los costos de la corrupción: ese era justamente el objetivo del modelo de coordinación institucional del SNA, que el gobierno actual ha virtualmente neutralizado”.
Y es cierto que la Ley General del SNA definió que este tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. El objetivo del SNA era luchar contra un fenómeno sistémico a partir de la coordinación entre muchas entidades, en vez de confiarle esa tarea completa a una sola.
Al respecto, en el mismo libro, Peschard insiste en que el combate a la corrupción no debe reducirse a la persecución de los altos funcionarios de las administraciones pasadas, ni convertirlos “en un montaje mediático escandaloso, como el caso Lozoya, que deja grandes dudas sobre la aplicación del debido proceso”. La lucha anticorrupción “no es solamente transparentar información, sino que se tiene que identificar y perseguir la responsabilidad, y se tiene que sancionar y reparar el daño a las entidades que hayan sido afectadas por el desvío de recursos o por abusos de autoridad”.
Para terminar, la expresidenta del CPC cree que la última esperanza está en los sistemas locales: “Ahí es donde existe la posibilidad de recuperación, reordenamiento y relanzamiento del SNA porque, a nivel nacional, esa posibilidad no se ve en el corto ni en el mediano plazo”.
“La política actual”, concluye, “es dejar que muera por inanición el sistema”.
