El mes pasado, se anunció que el Tren Maya será operado y controlado por el ejército mexicano, mientras que los ingresos de sus operaciones irán directamente a sus arcas, eludiendo a la Secretaría de Hacienda, según reveló Rogelio Jiménez Pons en entrevista con El Financiero.
Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) a cargo del proyecto, detalló que la totalidad del tren en la Península de Yucatán sería propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); inicialmente, sólo tres de siete tramos del proyecto de infraestructura estarían bajo control militar. Además, todas las ganancias del transporte de pasajeros y carga financiarán las pensiones militares, hasta ahora administradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).
Jiménez Pons explicó la justificación del gobierno: “Es una recompensa perfecta para las fuerzas armadas. Si tenemos una visión nacionalista de largo plazo de la propiedad, de que esto es un negocio, pero para el Estado, vamos a tratar de que sea un negocio para beneficiar a la mayor cantidad de mexicanos posible. ¿Quién mejor que el Ejército para hacerse cargo de esta empresa? Nos garantiza muchas cosas, en particular, que no se privatice”.
El anuncio fue recibido con críticas generalizadas. Son reacciones de todo el espectro político.
Algunas críticas reflejan el escepticismo de la responsabilidad militar y la oposición a una mayor militarización del país, mientras que otras simplemente reproducen la indignación moralista y oportunista tan hábilmente aprovechada y manipulada por la oposición política. Sin embargo, más allá de la monótona narrativa en blanco y negro de los megaproyectos de AMLO adoptada por los críticos de derecha e izquierda, hay una realidad política e institucional crítica que no puede ser ignorada.
- Incentivos institucionales para evitar la privatización. La decisión premia a las Fuerzas Armadas con la financiación de las pensiones militares, prescindiendo gratuitamente a la Secretaria de Hacienda. Al dar a los militares una participación financiera significativa en las operaciones del tren, el gobierno se asegura de que haya un incentivo abrumador para que los militares controlen el proyecto una vez terminado. Por supuesto, existe una gran posibilidad de corrupción en la gestión de los fondos de pensiones.
- Infraestructura crítica y estratégica. El gobierno confirmó que considera los megaproyectos del sureste como un asunto de “seguridad nacional”, como mencionó explícitamente el director de Fonatur en la entrevista. La entrega de la propiedad completa y el control operativo a los militares elimina la posibilidad de control privado sobre esta infraestructura y asegura que la perspectiva securitaria prevalezca sobre otras lógicas.
- Lenta deriva hacia el nacionalismo de izquierda. AMLO comenzó su administración con una postura tibia hacia las empresas privadas y extranjeras en industrias estratégicas y megaproyectos. Con el tiempo, AMLO ha ido consolidando sus políticas como más nacionalistas de lo que dejó entrever al principio. Por ejemplo, AMLO primero dio la bienvenida a la participación de Blackrock en el quinto tramo del Tren Maya, sólo para dejarla fuera del proyecto, asignando este sector a los militares. El litio, el petróleo, la electricidad y la minería son otros sectores en los que el gobierno ha endurecido su posición nacionalista de izquierda desde 2018.
- Creciente presencia militar en el sureste. Alrededor de 30 mil efectivos de la Guardia Nacional están actualmente desplegados en la región sureste del país, según estimaciones académicas de la Dra. Ana Esther Ceceña. Como parte de su estrategia en la frontera sur, el gobierno mexicano estableció una “Zona de Contención” a través del Istmo de Tehuantepec para disuadir a los migrantes. En 2020, AMLO entregó a la Marina y al Ejército el control de las operaciones de los puertos marítimos y de los puntos de entrada a las aduanas, poniendo ambos extremos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) bajo administración militar. El CIIT es el “núcleo” de los megaproyectos de desarrollo del sureste; como equivalente a un “segundo Canal de Panamá”, se espera que se convierta en un lugar de intensa competencia geopolítica.
- Control del corredor interoceánico. Los megaproyectos del sureste están todos vinculados y no pueden analizarse de forma aislada. El Tren Maya, el CIIT y la refinería de Dos Bocas forman parte de una estrategia de integración económica y desarrollo regional que fortalece el proyecto de integración norteamericana dominado por Estados Unidos, un proyecto regional de largo plazo que necesita una ruta Atlántico-Pacífico más rápida, como lo han demostrado recientemente las demandas de energía y transporte. La única razón por la que Estados Unidos no ha vetado el corredor interoceánico mexicano como torpedeó el Canal de Nicaragua es porque cae bien dentro de su esfera de influencia y rango de control. El control militar mexicano del Tren Maya corre el riesgo de generar fricciones, ya que a Estados Unidos le interesa que esta infraestructura vital esté bajo control privado, sobre el que puede ejercer más fácilmente su influencia.
- Geopolítica y entorno institucional. Es importante señalar que la decisión del gobierno mexicano no es una estrategia de militarización generalizada, ni es una señal de que AMLO es un dictador en potencia, como sugeriría el clamor de la opinión pública. Más bien, esta elección política debe verse en su contexto, engendrado por la situación geopolítica antes mencionada, así como por el entorno institucional. Por ejemplo, los megaproyectos emblemáticos de AMLO ocupan un lugar prioritario en el gobierno debido a sus beneficios percibidos (exagerados o no). También es la creencia del presidente de que el ejército mexicano es la institución estatal más aislada contra los intereses privados o la captura institucional -de nuevo, si esto es cierto es irrelevante, ya que es la percepción la que condiciona el menú de políticas de AMLO. Tomar en cuenta el entorno institucional y político en la actual coyuntura política contextualiza esta decisión y atempera las acusaciones alarmistas de regresión antidemocrática y militarización fuera de control.
- La rendición de cuentas y las Fuerzas Armadas. Las fuerzas armadas no son en absoluto una institución transparente y tienen una complicada historia de violencia contra la población civil sancionada por el Estado. El enfoque de contrainsurgencia del gobierno ante el conflicto armado de baja intensidad en el país se reflejará sin duda en la forma de operar de las Fuerzas Armadas en la estratégica región del sureste. Por ejemplo, el papel del Ejército y la Marina en el desplazamiento de la población en torno a proyectos extractivistas y de infraestructura es un fenómeno documentado, al igual que el control migratorio/poblacional de la Guardia Nacional. En cuanto al crimen organizado, esta enorme infraestructura de transporte y turismo corre el riesgo de disparar el tráfico de personas en una zona especialmente problemática para el contrabando transfronterizo y el turismo sexual. Las redes de transporte modernizadas también se prestarán probablemente a otras formas de tráfico, como el de drogas y mercancías. En última instancia, el impacto exacto sobre la violencia o la militarización no está muy claro, ya que el tren empezará a funcionar hasta 2024, pero debe estudiarse desde un enfoque complejo que tenga en cuenta todas estas condiciones, y evite caer en la manida trampa de la protesta moral sin sustancia.
