Es tiempo de susurros en la política mexicana. Los ganadores de la elección del 2 de junio preparan estos días la transición, con puñados de nombres en manos y bolsillos, y la idea de cerrar los gabinetes cuanto antes. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presentó esta semana a la primera parte de su equipo. Dejó para una segunda entrega a sus colaboradores en seguridad, materia pendiente del Gobierno estos años. En Ciudad de México, su sucesora, Clara Brugada, perfila ya cuadros y estrategias, con la idea que ella y sus colegas de Morena han repetido estos meses: continuidad con cambio.
En pocos territorios del país puede Morena sacar pecho de sus éxitos en materia de seguridad como en la capital. Aunque académicos y activistas han cuestionado la estadística oficial y las disminuciones en los registros de delitos de alto impacto —asesinatos, secuestros, extorsiones, robos violentos, etcétera— la realidad es que la mancuerna de policía y fiscalía ha funcionado y la optimización de las capacidades investigativas y de inteligencia de los agentes, sobre todo en la policía, ha permitido contener uno de los grandes problemas que había hace seis años en la capital, la delincuencia organizada.
Pasada ya la resaca electoral, México Pragmático ha consultado a personas del entorno de Brugada, para entender las intenciones de la nueva jefa de Gobierno en materia de seguridad e impartición de justicia. La mayoría prefieren que su nombre no aparezca en estas líneas. Casi todos coinciden en que la nueva jefa de Gobierno pretende que la policía de la capital potencie su “proximidad”. Igualmente, todos señalan la importancia de mantener la colaboración de policía y Fiscalía, que goza supuestamente de autonomía desde hace años. Brugada ha señalado además que doblará la presencia de cámaras de seguridad en las calles, hasta 150.000, y centrará mucho esfuerzo en combatir la extorsión.
No parece que vaya a haber sorpresas con los nombres. Hace una semana, en una entrevista radiofónica, la nueva jefa de Gobierno dejó bastante claro que Pablo Vázquez continuaría al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), puesto que ocupa desde hace algo menos de un año, tras la salida de Omar García Harfuch. Dos personas de su entorno, que han participado en reuniones de seguridad estos meses, señalan que hubo momentos en que parecía que un colaborador de Brugada, Salvador Guerrero, presidente de la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, agarraba vuelo, pero con su entrevista en radio, la nueva jefa parecía zanjar la cuestión.
Otro tema es la Fiscalía local, en manos de Ulises Lara tras la salida de Ernestina Godoy, que se convertirá en la consejera jurídica de la presidencia con Claudia Sheinbaum. Encargado de despacho desde enero, Lara opta a convertirse en fiscal de manera oficial en la administración de Brugada. Con mayoría calificada en el Congreso de Ciudad de México, Morena podrá nombrar al fiscal que quiera la jefa de Gobierno y su equipo, sin tener que negociar con el resto de grupos políticos.
La proximidad
Si hay un tema importante para Brugada es la proximidad. Potenciar las capacidades de la policía en materia de justicia cotidiana, caso por ejemplo de conflictos de tránsito y vecinales. Que los policías sean capaces de resolver situaciones del día a día sin el engorro de los juzgados cívicos, eliminando trámites y burocracias. Una persona que conoce por dentro el trabajo de la SSyPC estos años detalla que se trataría de “hacer con esta parte de la policía lo mismo que se hizo con los equipos encargados de los delitos de alto impacto esta administración”.
Cuando García Harfuch llegó a la secretaría en los primeros meses del Gobierno de Sheinbaum en la capital, uno de sus objetivos fue mejorar sustancialmente las capacidades investigativas y de inteligencia de la SSyPC. Fueron unos años complicados. En 2017, por ejemplo, la policía y la Armada habían desarticulado un grupo criminal que había arraigado en el suroriente, el cartel de Tláhuac, con una importante capacidad de fuego. La ciudad lidiaba con grupos delictivos, organizados y violentos, capaces incluso de atentar contra García Harfuch, que sobrevivió a una emboscada y varios balazos.
“Ahora”, dice la fuente de arriba, “se investigan y se procesan más delitos. Y, en esa lógica, un plan de potenciar la proximidad de la policía debería basarse en formar y buscar policías capaces de un trabajo así, que sean una especie de gestores del barrio, con herramientas para resolver cuestiones de justicia cívica”. Otra fuente, que ha participado en varias reuniones desde noviembre, señala una preocupación parecida: “Hablaron mucho de la necesidad de crear una policía más cercana, un rebranding de la policía de proximidad”.
Otro de los aspectos que parecen importantes para la nueva administración es la cooperación interinstitucional, hacia arriba y hacia abajo. Si Brugada accede a mantener a Vázquez y Lara, la colaboración con el Gobierno federal resultaría natural. A diferencia de la actual administración, los grupos de Morena en uno y otro Gobierno, federal y local, serían el mismo. En la federación, todas las quinielas incluyen a Harfuch en un papel coordinador, sea o no secretario de Estado. En la ciudad, el exsecretario de seguridad trataría con su antiguo equipo.
Otro asunto es la colaboración hacia abajo. Morena ha logrado recuperar algunas alcaldías en las elecciones de junio, pero deberá lidiar con la oposición en demarcaciones importantes, como Cuauhtémoc o Benito Juárez. Salvador Guerrero, el cuadro que ha sonado para dirigir la SSyPC, señala a México Pragmático que toda mejoría en la ciudad pasa por ahí. “Tiene que haber una coordinación más dinámica con las alcaldías. En la medida en que los gabinetes de alcaldías no funcionaban, no había resultados. Si se ponen a funcionar y hay supervisión diaria, seguramente tendrás mejores resultados”, señala.
Controles, extorsión y homicidios
No ha trascendido demasiado, pero la experiencia de Brugada con la policía, en sus años como alcaldesa de Iztapalapa, no ha sido la mejor. No había demasiado entendimiento entre las partes, ella y su equipo, por un lado, y los mandos de la secretaría, por otro. Una de las fuentes consultadas asume que seguramente fueron malentendidos, cosas fácilmente subsanables. En todo caso, en el entorno de Brugada quedó la sensación de que se necesitan cambios y mayores controles internos.
La cuestión es cómo hacerlo. La SSyPC tiene una unidad de Asuntos Internos. El problema, claro, es que depende de la misma secretaría. Una idea sería instituir un equipo de supervisión externo, con capacidad para investigar e incluso castigar casos de corrupción policial. El mismo Consejo Ciudadano que dirige Guerrero creó una comisión para monitorear este tipo de temas, pero no tiene recursos ni capacidades —tampoco permiso— para ir más allá. Una posibilidad sería aprovechar la estructura de esta comisión y crecerla.
Varias de las fuentes consultadas recelan, sin embargo, de Salvador Guerrero, a quien califican de ambicioso. En entrevista con este diario, el propio Guerrero evita concretar sus objetivos: “Estoy agradecido por la consideración de Sheinbaum, Batres y Brugada. Estamos bendecidos por articular voces de empresarios y de la sociedad civil con el Gobierno. Soy parte del consejo asesor de seguridad de Clara. Y quiero mantener su consideración y la de Sheinbaum, es un punto de inflexión importante. Nosotros hemos levantado la mano con trabajo”.
Más allá de la proximidad, de las cámaras de seguridad y los controles internos, el trabajo de la nueva administración pasa por mantener y mejorar las capacidades actuales. En abril, cuando presentó su plan de seguridad, dijo que crearía una plataforma virtual para poder analizar los nuevos datos de criminalidad cada 24 horas. En la plataforma subiría cada madrugada las detenciones y demás incidentes del día anterior, lo que serviría para “evaluar el corto plazo”, saber “qué delitos están arriba de su promedio” diario o mensual y entender “la evolución de los delitos por colonia”.
En esta lógica micro, la extorsión aparece como una prioridad. La incidencia de este delito aumentó en los últimos años en la capital. Eso, asumiendo que su cifra negra es también importante. Guerrero dice que hay que “fortalecer el patrullaje digital, por temas de extorsión y fraude. Porque hay una enorme cantidad de delitos nuevos, que deben ser combatidos de manera más eficiente”.
Está, por último, el problema de la violencia homicida. Aunque el Gobierno de Ciudad de México ha manejado reducciones significativas de los asesinatos desde 2018 a la fecha, lo cierto es que en el último año ha repuntado. Una de las fuentes comenta que el plan ahí debería pasar por “encontrar soluciones sistemáticas para los fragmentos de violencia homicida que se han atendido menos estos años”. Y da tres ejemplos: “La que tiene que ver con peleas por predios en la capital, la que atañe a personas en situación de calle y, por encima de todas, la violencia doméstica”.
Esta última ha aparecido como prioritaria en lo poco que ha dejado ver Brugada estos meses. La nueva jefa de Gobierno, que tomará protesta de su cargo el 5 de octubre, tiene por delante varios retos, pocos tan importantes como el de la seguridad. Si las cifras de Ciudad de México son tan buenas como han manejado sus antecesores, solo mantenerlas será un trabajo arduo.
