En México difícilmente las denuncias de delitos terminan en actos de justicia. O lo que es lo mismo, campea la impunidad. Es muy frecuente que la Fiscalía General de la República (FGR) abra carpetas de investigación a partir de las denuncias que recibe, pero los expedientes no suelen pasar exitosamente la prueba judicial. La organización México Evalúa ha documentado un persistente cuello de botella en el sistema de justicia penal. El estudio indica que, de los 2,2 millones de carpetas de investigación abiertas en 2022, solo en 96.500 casos (el 4,3% del total) la Fiscalía logró que un juez dictara la vinculación a proceso de los acusados. La cifra es prácticamente igual a la del año anterior, señala el estudio.
Este indicador es importante porque muestra la eficacia de los fiscales en la labor de convencer al juez de que los indicios y evidencias que recabaron para sustentar una acusación son legales y consistentes. Si el juzgador da crédito y considera que hay elementos para presumir que el delito se cometió y que la persona acusada puede ser responsable, autoriza que el proceso continúe en la etapa judicial. Esa es la vinculación. Que el asunto llegue a una sentencia —condenatoria o no— es cosa posterior, pero, de entrada, la vinculación a proceso es un examen en el que se pone a prueba la robustez y limpieza de las investigaciones a cargo de la FGR. Por ello, que menos del 5% de los expedientes de la Fiscalía pasen esta etapa es muestra de un fallo grave en la procuración de justicia, de acuerdo con México Evalúa.
El informe de la ONG también muestra que hay un enorme rezago de la FGR en la integración de las carpetas o francamente una renuncia a su facultad de indagar. El periodo del análisis abarca la gestión de Alejandro Gertz al frente de la institución de procuración de justicia. Al cierre de 2022, del total de expedientes abiertos, 1,1 millones seguían en etapa de investigación (el 52,3%). En otros 967.000 casos (el 43%), la Fiscalía tomó la decisión de no seguir investigando, ya sea porque envió las carpetas al archivo temporal, o decidió no ejercer la acción penal, o se abstuvo, o se declaró incompetente, o decidió acumular a otros expedientes, entre otras figuras previstas en la ley y que respaldan la inacción de la FGR, “sin tener claridad sobre si se justificaban esas determinaciones”, indica el estudio.
México Evalúa advierte de que hay una tentación de atribuir los fallos en el sistema de justicia penal a los jueces. Ejemplos recientes hay muchos en el ambiente político mexicano. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha convertido al Poder Judicial en el sospechoso habitual y ha descargado en los juzgadores la responsabilidad de la impunidad que impera en el país. Para el mandatario, los fallos se deben a la corrupción judicial y a las “convivencias inconfesables” de los jueces y no a las violaciones al debido proceso cometidas por la Fiscalía o los cuerpos de seguridad.
“En múltiples ocasiones en el contexto reciente se ha querido trasladar a los poderes judiciales la responsabilidad entera sobre el fracaso de los esfuerzos para disminuir la impunidad y la prevalencia de la corrupción. No obstante, es preciso subrayar que estos solo pueden actuar sobre la base de los casos que las fiscalías [la federal y las estatales] logran judicializar. Si las fiscalías fracasan en el cumplimiento de su mandato, todo el sistema lo hace”, afirma el estudio.
La ONG advierte de que “existen retos al interior de los poderes judiciales. Uno de ellos, muy evidente en los tiempos recientes, tiene que ver con su independencia. El Poder Judicial de la Federación ha sido blanco de múltiples ataques por parte de diversos actores políticos”. La confrontación es constante. El presidente incluso ha decidido mostrar en su conferencia diaria, la popular mañanera, los nombres de los jueces que, desde su punto de vista, dictan resoluciones contrarias al interés de la nación. El malestar del oficialismo con los juzgadores que instruyen la liberación de un detenido por violaciones al debido proceso llegó a tanto que la bancada de Morena en el Congreso impulsó hace unos meses una reforma para anular esa facultad de control judicial. La reforma, finalmente, no avanzó, pero las confrontaciones desde Palacio Nacional no cesaron.
La percepción de que hay corrupción entre los jueces ha aumentado entre la población. El análisis de México Evalúa demuestra que, en 2021, el 67,3% de la ciudadanía consideró que los jueces son corruptos, dos puntos más que el año anterior. Si bien no se puede establecer una relación directa entre esa percepción negativa y los cuestionamientos constantes de López Obrador al Poder Judicial, tampoco se puede pasar por alto la influencia del presidente en la opinión pública, considera Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de la ONG. “Ha faltado hacer mucha pedagogía de las reglas de una justicia penal más garantista. Se prevén derechos tanto para víctimas como para personas imputadas, y estos derechos no están en pugna, no es un juego de suma cero donde al garantizar los derechos de unos se contrarrestan los derechos de otros. Esa es una narrativa que muchas veces se busca impulsar en las políticas de punitivismo penal”, explica la investigadora en entrevista.
Para Rosales, el desconocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones de justicia, sumado a la falta de respuesta pronta y efectiva a las necesidades de la ciudadanía, conforma el caldo de cultivo que alimenta el discurso oficialista donde los jueces son culpables de la impunidad. “Esta narrativa en realidad desinforma a la población, porque cuando un juez no vincula a proceso, o decreta como ilegal una detención, o emite una sentencia absolutoria, en muchos casos se debe a deficiencias en la procuración de justicia [a cargo de la Fiscalía] o en la labor de los primeros respondientes [las corporaciones de seguridad: policías, guardias nacionales, militares]”, señala.
La investigadora afirma que los elementos de seguridad y los fiscales deben recibir una mejor capacitación en el debido proceso para reducir el cuello de botella en la etapa judicial. “No quiero decir que no hay casos donde no se corrompan los jueces, pero lo cierto es que este sistema de justicia penal sí tiene mayores controles, y, en la práctica, la gran mayoría de los casos que se caen en tribunales es porque no vienen bien armados de inicio y porque hubo de origen violaciones a derechos”, señala.
Rosales agrega que el análisis de la impunidad debe abarcar a otras instituciones del sistema de justicia penal, y no solo centrarse en la labor judicial. Por ejemplo, la investigadora llama la atención sobre el hecho de que, en 2022, alrededor de 560.000 carpetas de investigación (el 25% de los expedientes abiertos) fueron enviadas por la Fiscalía al archivo temporal. “Eso es esperar a que los delitos terminen por prescribir. Esa es una apuesta a la impunidad, algo que podríamos catalogar como una impunidad activa, una que es por decisión de las instituciones”, detalla.
