A principios de este año, decenas de miles de mexicanos salieron a las calles para protestar contra las reformas legislativas que harían trizas al respetado Instituto Nacional Electoral (INE), antes de las elecciones estatales de este año y las presidenciales de 2024. En respuesta, el Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo: “Hoy, en México, observamos un gran debate sobre las reformas electorales, sobre la independencia de las instituciones electorales y judiciales, que ilustran la vibrante democracia que se vive en México”. Sin embargo, los hechos recientes, sugieren que a no ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome medidas, la democracia que vive México podría no ser tan vibrante después de todo.
La nueva legislación, conocida en México como el “plan B,”cuenta con el apoyo del presidente López Obrador y su partido, Morena. El “plan B” fue adoptado después de que no se reuniera la mayoría de dos tercios necesaria en el Congreso para adoptar el “plan A”, una reforma constitucional que buscaba también socavar la independencia y capacidades del INE. Aprobado por mayoría simple, el “plan B” elimina más del 80% del personal profesional del INE, limita gravemente la capacidad del instituto para supervisar las elecciones y permite al Poder Ejecutivo interferir en las partidas presupuestales, la estructura y las decisiones internas del INE, así como en el registro electoral. Dado el papel clave que jugó el INE en la transición de México de siete décadas de régimen de partido único a un país con elecciones creíbles, estos cambios golpean el corazón de la democracia mexicana.
El 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró inconstitucional un decreto legislativo (que limitaba la capacidad del INE para monitorear la propaganda gubernamental) por considerar que violaba “el procedimiento legislativo, en particular el principio de deliberación informada y democrática”. El presidente respondió insultando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anunciando una propuesta de reforma constitucional para que los jueces sean electos por votación popular.
Estos ataques a la Corte se suman a otros intentos de menoscabar la independencia judicial, que, junto con los constantes ataques del presidente a oponentes políticos, medios de comunicación independientes y grupos de la sociedad civil, son serias alertas tempranas del declive democrático del país.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el resto del “plan B” aún se encuentra pendiente. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a través del Stanford Law School’s Rule of Law Impact Lab, presentó un amicus curiae en la impugnación del INE sobre la constitucionalidad del resto de la reforma. Conforme al derecho internacional y mexicano, México tiene la obligación de proteger el derecho al voto y a participar en elecciones libres y justas. Es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de seguir protegiendo la democracia en México.
Sin embargo, incluso si la Corte hace lo correcto y declara inconstitucional el resto del “plan B”, la batalla por la democracia mexicana aún no ha terminado. Además de su propuesta de reformar la Constitución para exigir que los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos, el presidente anunció un “plan C”, a través del cual pretende asegurarse que Morena y sus aliados obtengan una super mayoría en ambas cámaras para lograr ahora sí, reformar la Constitución. López Obrador no parece tener planes de detenerse, y el abecedario tiene 27 letras.
Los ataques del presidente al INE y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no constituyen ataques aislados a las instituciones democráticas. López Obrador, también ha llamado a eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya independencia ha sido históricamente reconocida. Ha transferido sistemáticamente el control de las funciones civiles —como la gestión de puertos, aeropuertos y aduanas— a los militares, que están implicados en políticas migratorias y estrategias de seguridad pública abusivas. Incluso, intentó transferir la Guardia Nacional al control militar. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación impidió la transferencia por considerarla inconstitucional.
A pesar de sus continuos esfuerzos por socavar la democracia en el país, el presidente López Obrador sigue contando con altos índices de aprobación, debido en parte a que mucha gente en México se encuentra dispuesta a sacrificar sus libertades individuales ante su promesa de acabar con la violencia y la desigualdad. Ambas cuestiones siguen siendo motivo de gran preocupación en el país.
En este contexto, es de vital importancia apoyar —antes de que sea demasiado tarde— los esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar el retroceso democrático en México.
Aun cuando la influencia de Estados Unidos en América Latina ha disminuido, todavía puede desempeñar un papel fundamental en determinados países y, sin duda, México es uno de ellos. Sin embargo, la política exterior del Gobierno estadounidense hacia México se encuentra estrechamente vinculada a consideraciones internas y a su práctica de delegar la implementación de su política migratoria a la región. Ello llevó a que la preocupación por la democracia mexicana quede relegada a un segundo plano.
Es cierto que Estados Unidos cuenta con su propio problema de declive democrático, especialmente tras el atentado del 6 de enero en el Capitolio. Sin embargo, callar o transmitir mensajes equívocos sobre el estado de la democracia en México no ayuda a la legitimidad internacional de Estados Unidos ni a su objetivo de mejorar las condiciones en México o a abordar las causas estructurales de la migración.
Podría pensarse que el Gobierno de Biden se encuentra esperando a ver qué sucede con las próximas elecciones presidenciales, con la esperanza de que los daños en este sexenio sean limitados y que un nuevo presidente mexicano ayude a solucionar el enredo actual. Esta es una apuesta muy peligrosa. Estados Unidos necesita apoyar abierta e inequívocamente a las instituciones electorales y judiciales independientes de México que actúan como control del Poder Ejecutivo, incluyendo a través de su embajada en Ciudad de México. Y debería hacerlo pronto, antes de que la democracia mexicana haya perdido toda su vitalidad.
