En marzo de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano que fiscaliza el gasto del Gobierno mexicano, publicaba un informe demoledor para la Administración de Andrés Manuel López Obrador. El estudio señalaba que cancelar el Aeropuerto de Texcoco —una de las promesas de campaña de López Obrador, que denunciaba una profunda corrupción en el proyecto impulsado por Enrique Peña Nieto— supondría un gasto de 331.000 millones de pesos, 16.550 millones de dólares a la fecha, unos 200.000 millones más de lo previsto. El informe cimbró la política mexicana.
El presidente criticó la estimación y horas más tarde la propia ASF, conducida por David Colmenares, se desdecía de sus cálculos, reconociendo “deficiencias metodológicas”. En el centro de la hoguera fue colocado Agustín Caso, auditor especial de Desempeño, que encabezó el informe y siempre defendió su elaboración. Tres años después, el pasado martes, Colmenares despidió a Caso.
Traer a cuento la auditoría sobre la cancelación del Aeropuerto de Texcoco no es anecdótico. De hecho, fue uno de los motivos que condujeron al despido de Caso, según lo cuenta el propio exauditor a México Pragmático . “Sí tiene relación, porque, a partir de que auditamos el costo de cancelación del Aeropuerto de Texcoco, toda la Auditoría Especial de Desempeño cayó en desgracia, pues entonces se empezó a cuestionar todo lo que hacíamos, y ha tenido consecuencias por tres años desde que sucedió eso”, expone.
“Aquella vez hubo una discrepancia fuerte porque nosotros, cuando auditamos la cancelación del aeropuerto, consideramos cuál era el costo social para el país, no sólo en la anualidad de lo que se había ejercido en 2019 [el primer año del Gobierno de López Obrador], sino tomando en cuenta todos los recursos que se estaban movilizando para hacer una obra de esa naturaleza. Eso estableció la suerte, el destino de las auditorías de desempeño, y por eso al auditor superior [Colmenares] siempre le parecieron un problema, y eso me lo dijo cuando me pidió la renuncia”, detalla.
A su despido, Caso envió a sus colaboradores una carta en la que denunció la “partidización” de la ASF bajo la gestión de Colmenares y la pérdida de la autonomía e imparcialidad de la función de fiscalización. También, desde su experiencia, acusó que las evaluaciones que resultan “incómodas” para algún funcionario “desaparecen”, y que en el Programa Anual de Auditorías se dejaron de incluir evaluaciones de relevancia nacional, en “una suerte de autocensura”.
Caso agregó que los alcances, enfoques y resultados de las auditorías han sido sometidos a una revisión previa que no es técnica, sino política, que ha implicado incluso modificar palabras y hallazgos “que no sean políticamente funcionales en el corto plazo”. En el lugar de Caso, Colmenares designó a Arely Gómez, que fue titular de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y de la Secretaría de la Función Pública en el Gobierno de Peña Nieto.
Pérdida de vocación
El despido de Caso ha ocurrido en un momento estratégico de la política en México. A Colmenares, como titular de la ASF, le corresponderá auditar el último año de la gestión de López Obrador y el primero del próximo Gobierno (el auditor superior concluye su periodo en 2026 y está gestionando con los diputados su reelección en puesto, para la que se requiere del voto de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, afirma Caso).
“Mi salida se da porque yo representaba un obstáculo en la perspectiva de la actual ASF. Expresamente me dijeron, cuando se me pidió la renuncia, que querían reorganizar, en el último tramo de la gestión [de Colmenares], algunas funciones, entre ellas la de la Auditoría de Desempeño, y además se me comentó que se estaba preparando la posible reelección o sucesión en la ASF”, comenta.
Las auditorías de desempeño son las más relevantes, porque analizan a fondo el cumplimiento de objetivos en el ejercicio de los recursos públicos. Por lo mismo, son las auditorías más espinosas políticamente, pues confrontan el discurso gubernamental con los datos. “Una auditoría de desempeño desnuda a la actividad institucional en los términos más cercanos de la ciudadanía. Las preguntas que siempre se hacen son: ¿Se está cumpliendo con el programa de salud o de educación? ¿Es eficaz el programa, la intervención pública para lograr producir los bienes y servicios para lo que está diseñado y para el cual se ha aprobado [el presupuesto en] la Cámara de Diputados? Son preguntas que tienen más relevancia en la política pública”, expone Caso.
El exauditor, que anunció que peleará su remoción de la ASF —pues no fue formalmente despedido, sino obligado a renunciar—, detalla las denuncias que hizo en su carta. “¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que de manera visible se empiezan a consolidar entramados políticos que, aunados a las formas de gobernanza y de dirección de la ASF, terminan por romper los cánones de lo que debe ser el trabajo de un ente fiscalizador superior. Al mismo tiempo, está claro que algunas decisiones para modular la fiscalización tienen la motivación de no incomodar a algunos entes auditados”, explica.
Caso afirma que Colmenares no ha cuidado la autonomía de la ASF respecto de los intereses de los partidos. “El hecho actual es que la Auditoría está perdiendo confiabilidad, porque con la misma ligereza con que en un momento se distorsionan los criterios fiscalizadores para ganar el aplauso de un segmento político, después se busca el beneplácito de los contrarios, y aquí hay una tosquedad obvia. Ese es el contexto de lo que está pasando, más allá de la circunstancia de mi salida”, añade.
Caso sostiene que un ejemplo de las injerencias externas y el recurso de criterios políticos más que técnicos se observa en el hecho de que, en el Programa Anual de Auditorías para revisar la Cuenta Pública de 2023, se excluyeron las auditorías de desempeño de la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o el Tren Maya, tres de las obras insignes de López Obrador. “Era el momento oportuno de hacer una auditoría de desempeño, dado que ya están concluyéndose esos proyectos e inclusive empezando a funcionar. ¿Por qué, cuando nosotros presentamos la propuesta de auditar estos grandes proyectos, o bien, de manera integral, Pemex o la CFE, finalmente no se autorizó así?”, cuestiona. “Es decir, el programa anual de auditorías expresa el ámbito de acción de la ASF, pero también expresa lo que es relevante o indispensable auditar. ¿Qué es lo que ha pasado, que internamente los auditores hemos perdido autonomía de gestión e independencia?”, agrega.
El exfuncionario detalla que el auditor Colmenares instruyó que se cuidara el lenguaje expresado en las auditorías y que las recomendaciones a los entes auditados fuesen menos severas, “para no tentar el enojo de algunos actores administrativos”. Más allá del asunto de las formas, Caso enfatiza la gravedad de que la función fiscalizadora de la ASF, que debe ser sistemática, se haya roto con base en cálculos políticos.
