La inscripción de la libertad de abortar en la Constitución francesa es un avance para los derechos de las mujeres en Francia y una señal al resto del mundo. El masivo voto a favor de diputados y senadores, reunidos ayer en sesión conjunta en Versalles, culmina décadas de combate feminista y un año y medio de debates parlamentarios, varias iniciativas de diputadas de izquierdas y de centro y el impulso final del presidente Emmanuel Macron, muchas veces cuestionado por su deriva conservadora. Francia se convierte en el primer país que aprueba llevar a su Ley Fundamental la interrupción voluntaria del embarazo.
Ocurre, además, en un momento en el que ese derecho está en peligro en varios lugares del planeta. Lo que llevó a los franceses a plantear esta iniciativa fue precisamente la derogación en 2022, por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de la sentencia Roe contra Wade y el fin de la protección legal a escala federal para las mujeres que quisieran abortar. Desde ayer en Francia goza de un amparo mayor que como una simple ley. En la práctica queda blindado.
El voto en el Congreso, que congrega a la Asamblea Nacional y al Senado, podría parecer simbólico en un país donde el aborto es legal desde 1974 y en el que cuenta con un apoyo popular abrumador. Que a favor del proyecto votase la mayoría de la derecha y de la extrema derecha, incluida la candidata presidencial Marine Le Pen, refleja un consenso que va más allá de las divisiones partidistas. Los números son elocuentes: 780 votos a favor, 72 en contra y 50 abstenciones.
La sesión de este lunes ha propiciado un insólito momento de unidad republicana. En tiempos de polarización, se demuestra que la colaboración entre partidos antagónicos es posible y que, aunque muchas veces los movimientos más reaccionarios lo utilizan para socavar electoralmente la ampliación de derechos sociales, el feminismo puede ser una causa transversal. Francia, que tantas veces ha llegado tarde a las conquistas cívicas —desde la abolición de la pena de muerte (aprobada en 1981) al matrimonio homosexual (en 2013)— puede ahora sentirse orgullosa y a la altura de su historia como patria de los derechos humanos.
Pero la entrada en la Constitución francesa de la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo va más allá de lo simbólico porque es un derecho frágil. Aunque sus detractores son minoría en Francia, el giro conservador en países como EE UU o Argentina invita a tomar todas las precauciones ante la hipótesis de que futuras mayorías parlamentarias puedan revertir los progresos consolidados. La protección que ofrece la Ley Fundamental es una de estas precauciones. En Francia queda por hacer plenamente efectivo para todas las mujeres el acceso al aborto, limitado en la práctica por el cierre de centros de salud en áreas rurales y poco pobladas.
Lo decidido ayer en Versalles abre, sin embargo, la puerta a la siguiente etapa: introducirlo en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como propuso Macron hace dos años durante la presidencia francesa del Consejo de la UE. Las elecciones europeas de junio, donde la extrema derecha espera conseguir avances sustanciales, serán una oportunidad para el debate. Mientras tanto, Francia mandó ayer una poderosa señal. Especialmente para las mujeres de todo el mundo, que de continuo ven amenazada su libertad.
