Venezuela está llevando a cabo su campaña militar más organizada en años contra lo que asegura es un grupo criminal que opera dentro de su frontera cerca a Colombia. En este esfuerzo también causó la huida de alrededor de 5000 de sus propios civiles hacia el país vecino.
El asalto —que comenzó con varios días de ataques aéreos que los expertos en seguridad describieron como el mayor empleo de capacidad militar venezolana en décadas— representa un cambio significativo con respecto al enfoque ampliamente indiferente que ha empleado durante mucho tiempo hacia las organizaciones ilícitas que florecen a lo largo de su frontera.
Durante años, los funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro han tolerado, y a veces incluso cooperado, con estos grupos armados, muchos de ellos con raíces en Colombia, mientras movían drogas y otros contrabandos entre los países.
Ahora ha arremetido contra uno de ellos, aunque las razones por las que lo ha hecho no están del todo claras.
Maduro ha afirmado en los últimos días que el ataque refleja la política de su gobierno de “cero tolerancia a los grupos armados irregulares de Colombia”.
Analistas nacionales e internacionales se han mostrado escépticos ante la explicación oficial.
“Nunca habíamos visto algo así a esta escala”, dijo sobre los enfrentamientos Kyle Johnson, fundador de Conflict Responses, una organización sin ánimo de lucro con sede en Bogotá centrada en cuestiones de seguridad durante una entrevista para medios Estadounidenses.
La campaña militar comenzó el 21 de marzo en Apure, uno de los estados más pobres del país, y ha provocado la muerte de al menos nueve personas que el gobierno venezolano considera guerrilleros y dos de su propio personal, dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Varios grupos rebeldes colombianos han operado en territorio venezolano en los últimos años, incluidos miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se han negado a dejar las armas tras el acuerdo de paz de 2016.
El asalto venezolano, centrado en los alrededores de La Victoria, un pueblo de unos 10.000 habitantes, ha estado dirigido a una facción de disidentes de las FARC conocida como el Décimo Frente, según los residentes locales, lo que lleva a los expertos en seguridad a sugerir que podrían haber roto las reglas tácitas establecidas por el gobierno de Maduro o sus aliados.
A los ataques aéreos que comenzaron la campaña le han seguido combates terrestres entre el ejército venezolano y el Décimo Frente que “han ido en un proceso de escalada cada día”, dijo Juan Francisco García, del grupo venezolano de derechos humanos Fundaredes, que tiene una amplia red de comunicación en la región.
Describió a una “población civil que se encuentra en medio de la situación bélica de estos grupos”.
En entrevistas, los testigos de La Victoria y sus alrededores describieron que se despertaron el domingo 21 de marzo con el estruendo de los camiones del gobierno que pasaban por el pueblo, seguido del rugido de los aviones que volaban a baja altura.
Estaba “oscuro todavía cuando empecé a escuchar ruidos de los camiones”, dijo Miguel Antonio Villegas, de 66 años, el vocero principal del consejo comunal de La Victoria, que vio el convoy militar a través de su ventana. Poco después, dijo, “empezaron los bombardeos”.
Cuando los habitantes del pueblo se despertaron, dijo Villegas, se reunieron afuera y vieron las explosiones justo al este.
En los días siguientes, dijo Villegas, los bombardeos continuaron en la zona cercana a La Victoria, y los soldados empezaron a entrar en el pueblo, interrogando a los civiles y metiéndose en sus casas, acusándolos de colaborar con la guerrilla.
Al parecer, los disidentes de las FARC respondieron. Dos días después del inicio de la campaña militar venezolana, una bomba explotó en la oficina de impuestos y el pueblo se quedó sin energía eléctrica en un ataque que Fundaredes atribuyó al grupo de las FARC.
Para el día siguiente, los bombardeos de los aviones del gobierno estaban tan cerca de La Victoria que “hasta el piso se movió”, dijo Villegas. Aterrorizado, llenó una mochila con sus pertenencias y huyó con dos familiares a la orilla del estrecho río que separa La Victoria del pueblo colombiano de Arauquita.
La orilla estaba llena de vecinos que también huían, dijo Villegas, quien usó una pequeña embarcación para cruzar a Colombia, donde siguen él y su familia.
Desde entonces, los militares han intensificado su presencia en La Victoria, según un testigo civil que pidió no ser nombrado, por temor a las represalias de las fuerzas de seguridad venezolanas.
El hombre, propietario de una pequeña tienda, relató que los soldados acorralan a los habitantes del pueblo, les exigen que muestren su identificación, los inmovilizan contra las paredes y les apuntan con sus armas. En un caso, dijo, obligaron a un residente a arrodillarse y luego lo golpearon y lo detuvieron.
Otro hombre que habló con un investigador de Human Rights Watch dijo que cuatro integrantes de su familia —su madre, padre, hermano y tío— fueron asesinados por las fuerzas de seguridad venezolanas, que acusaron a la familia de ser guerrilleros, dijo el grupo. Al menos 11 civiles, dijo el investigador, habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
El gobierno venezolano ha asignado a dos fiscales a investigar las acusaciones de abusos contra los derechos humanos, dijo el fiscal general del país, Tarek Saab. Pero el gobierno también ha tratado de limitar la cobertura informativa de la campaña militar, según Fundaredes.
El miércoles, en La Victoria, las autoridades venezolanas detuvieron a dos periodistas de la edición para Venezuela del canal colombiano NTN24 y a dos activistas de derechos humanos de Fundaredes que habían intentado documentar la crisis. Permanecieron retenidos durante un día antes de ser liberados, según familiares y amigos.
Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, calificó los abusos documentados por su organización como “un caso de estudio de todas las barbaridades que el régimen ha venido haciendo y que sigue haciendo con toda impunidad”.
Y agregó: “Esto debería ser una llamada de atención para la Corte Penal Internacional, que tiene el deber y el poder de investigar penalmente a los responsables últimos de los crímenes internacionales más atroces”.
