Apartada del discurso del gobierno federal, que la minimiza o hasta llega a ironizar sobre ella, la violencia criminal no solo se niega a desaparecer de la realidad mexicana, sino que ha rebasado todos los niveles conocidos desde la época de la Revolución. Hasta enero de este 2023, las carpetas de investigación por homicidios dolosos, en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, suman 117,571, un alza del 60% con respecto al periodo de Enrique Peña Nieto y del 88% si se las compara con el de Felipe Calderón. Esto, de acuerdo con las cifras oficiales, que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
No parece haber fondo en la tragedia. Otro ejemplo elocuente: en 2021, México reunió a 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo, según el número de homicidios registrados por cada cien mil habitantes. Para 2022, fueron ya 9 de las 10 con los peores índices. Lo cual nos habla de la intensidad de la violencia que sufre el país y, a la vez, de la enorme dispersión geográfica de la misma, que abarca esencialmente la totalidad del territorio nacional, desde Tijuana y Ensenada, en el noroeste, hasta Cancún, en la península de Yucatán, así como ciudades en el Bajío, el Pacífico Sur, el Altiplano, el norte, etcétera. No se trata, pues, de un tema focalizado y acotado, sino de una crisis estructural y fuera de las manos de autoridad alguna.
Estas cifras, que provienen del informe anual Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, que emite el Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, dan poco margen para las buenas nuevas. Si acaso, que entre el medio centenar de urbes convulsas se contaron 18 mexicanas en 2021 y una menos (17) en 2022. Y que el año pasado salió del ránking Guadalajara, la segunda ciudad en importancia del país, que en el 2021 estuvo en el puesto 47. A cambio de eso, el hecho indiscutible es que no hay otra nación que se nos compare si tomamos en cuenta el número de localidades afectadas por la virulencia homicida: Brasil cuenta con 10 en la lista; los EEUU tienen 7; Colombia 6; Sudáfrica 4 (y es, por cierto, el único país no americano que calificó en el estudio); Honduras 2. Puerto Rico, Haití, Ecuador y Jamaica cuentan con una cada cual.
El área metropolitana de Colima encabeza el listado del estudio 2022, con una tasa de homicidios de 181.94 por cada cien mil habitantes. En 2021, la capital del Estado del mismo nombre se encontraba en el lugar 14, con una tasa muy inferior, de 59.11. Vaya el dato demoledor: la violencia en Colima se triplicó en tan solo un año.
El primer puesto del 2021 correspondió a Zamora, Michoacán, que ocupa el segundo lugar en 2022, con una tasa que cayó ligeramente, de 196.63 a 181.94. Ciudad Obregón, en Sonora, pasó del segundo al tercer puesto, con un índice en 2022 de 138.23 contra 155.77 de 2021. Entre las que subieron de puesto e índice, amén de la ya mencionada Colima, están Uruapan, en Michoacán, que pasó del octavo al séptimo puesto y cuya violencia creció de 73.40 a 78.26. También Acapulco, en Guerrero, aumentó de 56.84 a 65.55 y se pasó del lugar 16 al décimo.
Pero las batallas del gobierno federal se encuentran en otro lado: en el terreno de las políticas electorales. La mira está puesta en los comicios federales de 2024 y los esfuerzos se enfocan en procurar el control de la autoridad electoral y en alistar la mesa para el juego de los precandidatos oficialistas (las llamadas “corcholatas”). Eso es lo que ocurre en Palacio y en los despachos del poder. Aunque las calles estén cubiertas de sangre y digan otra cosa.
