El miércoles 7 de diciembre, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, presentó un mensaje a la ciudadanía en el que afirmaba la disolución del Congreso y la instauración de un estado de excepción en todo el país. Las razones de éste, según el exmandatario, es la continua lucha del Congreso por “destruir el Estado de derecho y la democracia”, así como “establecer una dictadura congresal”.
En el mensaje destinado a la nación, Pedro Castillo informó de cinco medidas que se instalarían en el país con efecto inmediato y con una duración indefinida. Las cinco medidas eran las siguientes:
- Convocar a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor a 9 meses. Se gobernará por medio de “decretos ley” a partir de hoy, hasta que se instaure el nuevo congreso de la república
- Toque de queda a nivel nacional a partir de hoy Miércoles 12 de Diciembre. Desde las 22h00 hasta las 04h00 del día siguiente
- Reorganización del Sistema de Justicia: El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional
- Todas las personas que poseen armamento ilegal, deberán entregarlo a la Policía Nacional dentro de las 72 horas siguientes. Quien se abstenga de hacerlo, comete un delito que se sancionará con la privatización de la libertad
- La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas combatirán, con todos sus esfuerzos, la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico. Se les dotará de los recursos necesarios
Sin embargo, 2 horas después, las Fuerzas Armadas se proclamaron en contra del Estado de Excepción del presidente y el Congreso usó la coyuntura para destituir a Castillo de su posición por “permanente incapacidad moral” con 101 votos a favor, de 130. En su lugar, la vicepresidenta Dina Boluarte tomó el cargo de presidenta de la república de Perú, convirtiéndose así en la primera mujer presidenta en la historia del país sudamericano, quien asumirá el cargo hasta julio del 2026.
Una vez que Pedro Castillo fue destituido del cargo, el ex presidente buscó refugio en la embajada de México, pero la misma ciudadanía bloqueó las avenidas para llegar a esta, y Castillo fue arrestado, y llevado al penal de Barbadillo, la misma prisión donde Alberto Fujimori, expresidente de Perú, ha cumplido sentencia desde el 2007. Pedro Castillo será sometido a reconocimientos médicos legales para corroborar el estado de su salud física y mental. Dicho estudio estará a cargo del Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
El intento de autogolpe de estado de Pedro Castillo tuvo poca premeditación y nula planeación. Tal parece que el mandatario no midió las posibles consecuencias de su acción, y poco investigó sobre las instancias que secundarían su moción. No mucho tiempo pasó desde que Castillo proclamó su anuncio a la nación, para que su abogado renunciara. Después, uno por uno de sus ministros fueron renunciando. No intento controlar los medios de comunicación, transporte, ni a las Fuerzas Armadas, tres instancias indispensables para el correcto proceso de un coup d’état.
Perú tiene una larga historia de antagonismo entre sus poderes ejecutivo y legislativo. En el país andino, son comunes los intentos de destitución entre el Presidente y el Congreso. Solo en los últimos 5 años, el país sudamericano ha tenido más de cinco presidentes. En 2019, el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió al Congreso. En 2020 el nuevo Congreso destituyó a Vizcarra. Manuel Merino, el siguiente presidente, duró menos de una semana, y el nuevo mandatario Francisco Sagastí, entregó el poder a Pedro Castillo.
En una democracia consolidada como lo dice ser Perú, estos percances entre poderes no deberían existir. La premisa por la cual el presidente generalmente es destituido por el Congreso es la misma que se usó contra Castillo: la incapacidad moral, una razón vagamente peligrosa dado que la definición de estar “incapacitado moralmente” deja espacio a la interpretación, por lo que el poder legislativo tiene poder de maniobra.
En un gobierno presidencial como lo es Perú, y la mayoría de países en Latinoamérica, no existen incentivos para que el poder ejecutivo y el poder legislativo cooperen, dado que el éxito del uno o del otro no están relacionados. Esto no ocurre en un sistema parlamentario, por ejemplo, dado que en éste, es el mismo parlamento el encargado de escoger al presidente o al primer ministro en cuestión, entonces el legislativo carga una responsabilidad sobre las acciones del ejecutivo, y sus éxitos se relacionan.
Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú, tiene una difícil tarea por delante. En su primer discurso como presidenta, Boluarte prometió encaminar a la nación, que actualmente se encuentra dentro de una crisis política que se intensificó en los últimos meses. Sin embargo, la nueva presidenta no cuenta con muchas amistades en el gobierno actual. En enero del presente año, Boluarte fue expulsada de Perú Libre, el partido político al que pertenecía, por hacer públicas las diferencias con otros dirigentes.
Tal parece que el país andino no logra resolver las diferencias entre dos de sus tres poderes de gobierno. Está por verse a continuación si la nueva presidenta logra calmar la situación actual para el correcto funcionamiento del gobierno hasta julio del 2026.
