La oposición mexicana se ha limitado a evaluar al presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de eventos simbólicos —como su acercamiento con Cuba o el desfile militar— pero su gobierno está mostrando la dimensión real de sus debilidades en la propuesta presupuestaria para 2022.
El mayor problema no es que esté diseñando un gobierno comunista (al revisar las acciones económicas de López Obrador está claro que no es así) sino algo en verdad grave: ha renunciado a crear un Estado que sea justo con las generaciones más jóvenes.
Tal y como el presupuesto para 2022 del gobierno de López Obrador está estructurado, su principal víctima es la juventud. Su propuesta abandona a la generación que será el futuro del país por su insistencia en un paquete económico austero sin suficiente dinero para gastar más que en pensiones para adultos mayores.
El presupuesto de López Obrador no solo es injusto con las generaciones más jóvenes, es también una bomba de tiempo para empoderar ideológicamente a la derecha.
Como un presidente autonombrado de izquierda, López Obrador debería ayudar a que los jóvenes comprendieran la importancia del Estado al mostrarles que el pago de impuestos se traduce en más y mejores servicios públicos para ellos. Por el contrario, al paso actual, los “miléniales mexicanos” —la generación que nació entre 1981 y 1996— pagarán más impuestos que cualquiera de las generaciones anteriores y disfrutarán de menos servicios públicos que sus padres.
Esto se debe a que el gobierno ha decidido enfocarse en gastar en los adultos mayores —a través del pago de pensiones en montos cada vez más altos— y no en aumentar sus recursos para proveer los servicios que ayudarían a los jóvenes a mejorar su nivel de vida o a crear ahorros más sustanciales.
Para 2022, el pago de pensiones significará el 20,2 por ciento del presupuesto total del gobierno mexicano, a pesar de que los adultos mayores solo son alrededor del 8 por ciento de la población, según el censo de población de 2020. Más aún, debido al incremento en las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del programa de adultos mayores, para 2024 se estima que el gasto total en pensiones será de poco más de 6 puntos del PIB, es decir, prácticamente la mitad del dinero recaudado por el gobierno mexicano.
Los mayores de 65 años se quedarán con casi cinco veces más del dinero que les tocaría si el presupuesto se distribuyera de manera justa entre todos los rangos de edad. Esto es una colosal injusticia intergeneracional que ha pasado en gran parte desapercibida por los análisis sobre el presupuesto para el próximo año: el gobierno mexicano está velando por los adultos mayores mientras que desatiende los intereses de quienes inician su vida laboral.
Esto no significa que se tenga que reducir el pago en pensiones. Las pensiones son un derecho. Más bien, esto muestra que el gobierno mexicano no puede continuar pretendiendo que puede subsistir con un gasto público tan bajo. Tener un Estado que otorga pensiones al nivel de los compromisos que ha adquirido López Obrador, requiere de un Estado que recaude más impuestos de los más ricos de forma que haya dinero para las pensiones y también para otorgar servicios públicos a los jóvenes.
De no cobrarse esos impuestos, la juventud mexicana estará pagando impuestos para saldar pensiones a las que, en su mayoría, no tendrá acceso cuando llegue a la vejez. La gran mayoría del gasto en pensiones se explica por compensaciones que beneficiarán a quienes fueron trabajadores formales y estables durante las últimas seis décadas, un tipo de trabajo que, hoy en día, raramente está disponible para las generaciones más jóvenes. La gran mayoría de los jóvenes mexicanos no tienen trabajos formales, sino que se emplean ya sea por temporadas cortas o por múltiples empleados al mismo tiempo.
La injusticia intergeneracional que está cometiendo López Obrador contra los jóvenes es también evidente en su política energética, en buena parte enfocada en los combustibles fósiles y refinación, y que ignora la crisis climática al subsidiar algunos de los agentes más contaminantes del planeta. Uno de los mayores aumentos en su propuesta presupuestaria para 2022 es para la petrolera estatal, Pemex.
Tampoco está invirtiendo como debería en programas medioambientales para mitigar los efectos del cambio climático. Los aumentos en presupuesto medioambiental que se están proponiendo están destinados a resolver problemas de desabasto de agua y contener desastres, pero no a aumentar la biodiversidad o reducir los contaminantes.
Serán los jóvenes quienes en unas cuantas décadas enfrenten una catastrófica crisis climática. Las actividades de refinación y el rechazo a la energía limpia —quizás por considerarla afín a intereses empresariales privados— es un atentado de López Obrador contra cualquier persona que tenga esperanza de continuar con vida en 2050.
Para que México sea justo con sus jóvenes es urgente una redefinición de la forma en la que se pagan los impuestos, para que haya dinero para todo lo necesario y no solo para los adultos mayores. López Obrador está a la mitad de su sexenio y si en verdad quiere mirar al futuro en lugar de seguir obstinado con el pasado, una reforma fiscal es ineludible.
El cobro no debe enfocarse en los trabajadores mediante impuestos a la nómina y cuotas de seguridad social, como ha sido hasta ahora, sino en las personas que más recursos tienen, quienes, en su mayoría, son personas de mayor edad.
López Obrador considera que su legado será dejar una generación de adultos mayores arropados con una pensión pública. Sin duda lo será y ello será positivo. Sin embargo, sin una reforma fiscal, su legado vendrá aparejado de la eliminación, casi por completo, de los servicios públicos para las personas más jóvenes.
Esto podría pavimentar el camino no hacia el comunismo, como de manera miope considera una parte de la oposición, sino hacia la derecha ideológica. Es decir, a la creación de toda una generación de jóvenes mexicanos que no reconozcan los beneficios en el pago de impuestos porque no vean su contribución reflejada en mejores servicios públicos.
El legado de López Obrador debe ser más visionario de lo que lo está siendo hasta ahora. Tiene tres años para hacerlo.
