El caso Lozoya, símbolo contra la corrupción en México, agota sus oportunidades de acabar en buen puerto desde un punto de vista jurídico y también político. Ayer en la cárcel, hoy en casa, el proceso contra el que fuera director general de Pemex, la petrolera mexicana, sigue embarrancado y no ha dejado de dar tumbos tras la extradición de Emilio Lozoya Austin desde España el 15 de julio de 2020, cuando consiguió permanecer en su domicilio a cambio de confesiones que amenazaban con implicar a lo más alto del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012/2018), incluido el propio presidente y su mano derecha, Luis Videgaray. Todo eso es todavía humo.
México es el país que más dificultades está encontrando para encarcelar a altos funcionarios señalados en la gran trama internacional del caso Odebrecht, la compañía constructora que sobornó a gobernantes de 12 naciones durante años para obtener concesiones de obra pública.
La llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador se recibió como una esperanza contra la corrupción que inunda el país entero. El traspaso de poderes con Enrique Peña Nieto, cuyo mandato se pudrió entre escándalos de cohechos, sobornos, fraudes y lavado de dinero, fue sereno. López Obrador agarró el bastón de mando y Peña Nieto se largó a España con un visado dorado y allí sigue. La extradición de Emilio Lozoya a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) se convirtió pronto en emblema y reto de que las promesas de cambio iban en serio.
El otrora flamante secretario general de Pemex llevaba en España una vida de lujo y a su llegada a México se le permitió abordar el proceso contra él desde su domicilio. Pero las confesiones no llegaban, las mansiones seguían en su sitio y las investigaciones no lograban pruebas de calidad. A Lozoya le ha dado tiempo de comer pato en uno de los mejores establecimientos chinos y hasta de divorciarse sin que el juicio contra él arroje una sentencia.
De aquel restaurante prácticamente salió para la cárcel debido al enfado del presidente por la mala fama que reportaba a su gobierno tener al enjuiciado dándose la buena vida sin obtener los resultados judiciales previstos. Le quitaron el brazalete electrónico y quedó bajo rejas.
Este martes, le han vuelto a poner el brazalete y le han mandado a casa. El asunto sigue y el sexenio contra la corrupción se acaba.
La Fiscalía ha alertado del riesgo de fuga, dado que el acusado “no ha ganado ningún juicio al que haya sido sometido y solo ha obtenido de jueces y de magistrados privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados”. Pero la FGR tampoco ha tenido el éxito esperado. Un testigo clave en la compra de la ruinosa planta de Agronitrogenados, una de las causas en las que está imputado, incluso murió en todo este eterno proceso. Edgar Torres aparentemente sufrió un infarto.
De modo que el asunto insignia contra el vicio de las malas mañas políticas y empresariales no es ahora más que “la evidencia de un fracaso absoluto en términos de mejora de la procuración de justicia”, dice Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Dos obstáculos impiden, a su parecer, la resolución de un caso como este: la actuación de las fiscalías en México, “un eslabón en la cadena de la administración de justicia que sigue siendo muy deficiente y politizado” y cuyas investigaciones rara vez terminan en sentencias condenatorias ante el juez, en ningún ámbito. Segundo: “Creer que con presiones políticas, declaraciones públicas y cercanía con los encargados de la justicia basta para tener éxito”. Se ha demostrado que no es suficiente, afirma Martín Reyes.
El presidente López Obrador lanzó una nueva dentellada este miércoles contra el Poder Judicial, que considera que está “podrido”. “Dejan libres a todos; a presuntos delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado. Jueces, magistrados, ministros, están en contra de nosotros porque están dominados por la oligarquía corrupta. Nunca han hecho justicia”.
Todo para concluir que si el anterior presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, estuviera aún en su puesto, no habría pasado esto. Pero lo dejó para irse al equipo de campaña de la morenista Claudia Sheinbaum. “Así concibe el presidente la justicia, hablado él con Zaldívar y Zaldívar con los jueces, lo ha dejado claro en su conferencia. Cree que solo con su voluntad conseguirá encarcelar, pero hay que arreglar las fiscalías, si no, seguirá la impunidad”, critica Martín Reyes.
En el caso contra Lozoya, opina este jurista que en las supuestas pruebas que prometía al acusado no se halló fondo alguno. “¿Por qué dieron por bueno algo que después no fue nada?”. “La ineficiencia de la Fiscalía es histórica, eso sí que no tiene que ver con López Obrador exclusivamente, viene de lejos, no disponen de capacidad técnica para que los casos terminen en condena”, asegura.
“El problema es que no tenemos información fidedigna de lo que ocurrió, a qué acuerdos llegaron los abogados y el Gobierno tras la extradición, pero lo que opino es que los jueces no tienen la culpa, los casos mal instruidos, si no se establecen las pruebas, los requisitos, no se puede hacer mucho más”, dice Fernando Serrano Migallón, profesor de Derecho en la UNAM, donde también fue abogado general. “Creo que hay una falta de interés de la Fiscalía por avanzar. El hecho es que no avanza, si es por torpeza o por indicaciones políticas, no lo sé, pero la instrucción está mal hecha”, añade. ¿Se resolverá algún día? “Si le conviene al Gobierno, sí”, zanja el académico.
“Yo no doy instrucciones a la Fiscalía”, dijo el presidente el 4 noviembre de 2021, cuando el pato a la pekinesa todavía se le indigestaba en la cárcel al acusado. Pero en México la gente en la calle sigue una regla simple aprendida a fuego durante años: los poderosos van a la cárcel si el Gobierno quiere, y salen de ella con el mismo visado. Sin confianza alguna en la división de poderes, muchos observan este caso estupefactos, viendo cómo Lozoya, que al parecer prometió descubrir todo el pastel, entra y sale de la cárcel a golpe de berrinches. Este miércoles, el presidente ha lamentado con furia que el presidiario vuelva a casa, culpando por ello a los jueces “elitistas” al servicio de los ricos: “Todos los casos los perdemos”. Todos quizá no, pero este se está escurriendo de las manos como la arena del reloj que marca el final del sexenio.
